COMUNICADO DE PRENSA

 

Nº  53/07
 

CIDH hace público Informe sobre la Implementación de la Ley de
Justicia y Paz en Colombia

 

Washington, D.C., 11 de octubre de 2007 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace público hoy su Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales, que contiene las conclusiones de la CIDH sobre su observación en terreno del funcionamiento de algunos circuitos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y sobre las primeras diligencias judiciales de implementación de la Ley de Justicia y Paz.

 

La CIDH apoya los esfuerzos destinados a superar el conflicto armado que afecta a Colombia desde hace más de cuatro décadas y el logro de la paz para los colombianos. La CIDH también ha señalado que la búsqueda de la paz debe estar guiada por los principios de verdad, justicia y reparación. En el marco del seguimiento al proceso de desmovilización que la CIDH inició en el año 2004 conforme al mandato establecido en la Resolución 859 (1397/04) del Consejo Permanente de la OEA, y dentro de sus competencias, la Comisión elaboró este tercer informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. La CIDH valora la receptividad del Estado colombiano a las recomendaciones de la CIDH en los informes anteriores y manifiesta su voluntad de continuar colaborando con el Estado y con la sociedad civil. En el informe que hoy se hace público se formulan observaciones y recomendaciones que se espera coadyuven a perfeccionar los esfuerzos del Estado por administrar justicia, alcanzar la verdad y reparar a las víctimas del conflicto.

 

En base a las observaciones realizadas en terreno sobre la conducción de circuitos judiciales de desmovilización en los Departamentos del Cesar y de Antioquia, la CIDH señaló que el formato de “versiones libres” utilizado para recibir información de parte de las personas que se presentaban al circuito “constituyó un trámite meramente formal”, ya que los fiscales “no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de las AUC que participaron de la desmovilización”. En este sentido, el informe de la CIDH señala que “la toma de versiones libres en el marco de los circuitos jurídicos de las desmovilizaciones constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia de dichos grupos. Dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en el marco de la aplicación de dicha Ley y la verificación efectiva del desmonte de las estructuras armadas”. La Comisión concluyó que “los vacíos e inexactitudes generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos adelantados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones judiciales”.

 

Por otra parte, el informe de la CIDH expresa preocupación en relación a las limitaciones encontradas en la participación de las víctimas en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. El informe también hace referencia a las dificultades que muchas víctimas tienen para acceder a información sobre las versiones libres y trasladarse a las ciudades donde éstas se rinden. Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar a los desmovilizados que intentan beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, directamente o por medio de sus representantes, sobre los hechos de su interés en las distintas fases de la versión libre. En el documento, la CIDH recomienda al Estado implementar “mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto, testigos y defensores de derechos humanos que se acerquen a fin de participar en el proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz”. El informe señala que “la legitimidad del proceso sigue dependiendo de la forma en que estos problemas sean solucionados, y de cómo se garantice la transparencia de todas las etapas judiciales del proceso”.

 

Asimismo, el informe recomienda al Estado colombiano considerar la revisión del sistema de acceso a reparaciones previsto en el marco legal. “El Estado debe asumir un rol principal y no secundario en garantizar el acceso de las víctimas a reparaciones, conforme a los estándares del derecho internacional”, indica. “Para ello la CIDH recomienda la adopción de un programa de reparaciones que funcione de manera optativa frente a la vía judicial penal y complementaria de las demás reparaciones de índole colectiva y de los programas y servicios sociales destinados a la población que ha padecido la violencia en Colombia”, puntualiza.

 

El informe completo está disponible en la página en Internet de la CIDH, www.cidh.org

 

 

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