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COMUNICADO DE PRENSA

 

 

N° 16/07

 

CIDH urge a LOS Estados a reflexionar sobre LA IMPORTANCIA DE LA seguridad ciudadana y EL RESPETO A LOS derechos humanos

 

Washington, 15 de marzo de 2007 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados a fomentar el debate público y la reflexión a nivel nacional y regional sobre su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el marco del pleno respeto a las garantías y libertades fundamentales. 

 

La CIDH considera que existe una impostergable necesidad de que los Estados reflexionen sobre el tema y adopten medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de la población y el respeto a los derechos humanos. Por este motivo, la CIDH está abocada a la elaboración de un estudio regional que sirva de orientación a los Estados miembros de la OEA para cumplir con su obligación de proteger a los habitantes del hemisferio, especialmente a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. La investigación será precedida por un amplio proceso de discusión y consulta, el cual será coordinado con la Secretaría General y con organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad ciudadana y derechos humanos.

 

La relación entre seguridad ciudadana y derechos humanos ha sido y sigue siendo un tema de atención prioritaria de la CIDH a través del sistema de casos, medidas cautelares, visitas de trabajo e investigaciones en los países. En su informe anual, aprobado en el 127° período de sesiones, la CIDH observó que en el año 2006 se volvió a registrar un aumento en las acciones que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

 

Durante el 127° período de sesiones, al igual que en períodos de sesiones anteriores, la CIDH sostuvo varias audiencias sobre el tema y recibió información sobre la situación de seguridad ciudadana en diversos países, así como sobre la incompatibilidad de las políticas de “mano dura” y la obligación de proteger los derechos humanos. En las audiencias temáticas sobre este asunto, las organizaciones solicitantes plantearon que en la mayoría de los países de la región se registró una profundización de la crisis de los sistemas de seguridad ciudadana. Alegaron que esto ha motivado un fuerte reclamo social por soluciones concretas, y que las respuestas de los poderes públicos se han caracterizado, en la mayoría de los casos, por la ausencia de políticas de prevención del delito, por la implementación de medidas represivas, por el recrudecimiento de las penas, y el endurecimiento de las condiciones de su cumplimiento, lo cual ha llevado al colapso al sistema penitenciario y carcelario en muchos países de la región. De acuerdo con los solicitantes, estas políticas de mano dura no han logrado el objetivo de reducir la criminalidad, pero han debilitado la institucionalidad democrática y han puesto en riesgo el respeto a los derechos humanos.

 

Asimismo, durante este período de sesiones se celebraron varias audiencias donde se analizó la situación de la seguridad ciudadana en tres países de la región. Se examinaron las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos y se expusieron las consecuencias de medidas tales como la asignación de la labor de la policía preventiva a guardias de seguridad privada, que traslada la responsabilidad del Estado a particulares, y la asignación al Ejército de funciones policiales. Se argumentó que la policía actúa ante situaciones que percibe como delictivas, pero que en ocasiones no lo son, y que se cometen excesos en los operativos, incluyendo detenciones secretas o basadas solamente en la sospecha, abusos y malos tratos a personas detenidas. En otra audiencia se recibió información sobre ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas por su condición de jóvenes, con rasgos indígenas, pobres y pertenecientes a pandillas juveniles. Se argumentó que estas ejecuciones forman parte de un plan deliberado por eliminar a ciertos grupos, en un fenómeno mal llamado de “limpieza social”, y que existe participación o aquiescencia de las autoridades.

 

La CIDH, ante tal situación, continuará otorgándole prioridad al tratamiento del tema de la seguridad ciudadana, que constituye uno de los principales problemas que afectan los derechos humanos en la región. 

 

Por más información sobre la CIDH: www.cidh.org