INFORME DEL 124º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH

ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 07/06

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el informe de las actividades desarrolladas durante su 124º período ordinario de sesiones.  La CIDH está integrada por Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Clare K. Roberts, Freddy Gutiérrez, Paolo Carozza y Víctor Abramovich.  El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.

Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 53 informes sobre casos y peticiones individuales.  Entre el 3 y el 13 de marzo de 2006 se celebraron 61 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos.  La presencia de representantes de los Estados miembros de la OEA, como de quienes lo hicieron a título personal o en carácter de peticionarios constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del hemisferio.  La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación.  Al respecto, cabe destacar la participación de altas autoridades gubernamentales, incluyendo a Ministros y Subsecretarios de Estado, así como Fiscales y Procuradores Generales de varios países, en una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y la sociedad civil. 

I.     INFORMES GENERALES

A.      Informe sobre la administración de justicia en Haití

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de la administración de la justicia en la República de Haití. En el informe, titulado “Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional”, se evalúa la situación actual de la administración de justicia en Haití a la luz de sus obligaciones en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos. En el informe, la Comisión Interamericana concluye que el sistema judicial en Haití es muy deficiente en casi todos los aspectos y fracasa de forma sistemática en proteger los derechos humanos fundamentales del pueblo haitiano.  Asimismo, se subraya que los esfuerzos tendientes a hacer frente a los graves problemas políticos, económicos y sociales actuales que experimenta el país no tendrán éxito a menos que se adopten reformas urgentes tendientes a reforzar la administración de justicia y el estado de derecho en Haití, que requerirán del apoyo constante, continuo y coordinado de los Estados Miembros de la OEA y otros miembros de la comunidad internacional.

     El informe analiza tres áreas clave de la administración de justicia en Haití: el cumplimiento coercitivo de la ley, el sistema judicial y el sistema de centros de detención y cárceles. Entre otras conclusiones, el informe señala que la Policía Nacional de Haití se ve gravemente afectada por los problemas de insuficiencia de personal y recursos, la falta de una jerarquía de mando y control claramente delineada, así como actos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. El sistema judicial no cuenta con suficientes recursos ni programas de capacitación, y las leyes son anticuadas, lo cual ha suscitado demoras crónicas e inaceptables en la tramitación judicial de casos y la impunidad sistémica frente a violaciones graves de los derechos humanos. Las condiciones en las cárceles y centros de detención del país no cumplen con las normas mínimas internacionales, incluyendo la protección especial de menores. A la luz de éstas y otras deficiencias fundamentales, la Comisión Interamericana solicita a la comunidad internacional que acelere la entrega de los fondos comprometidos a Haití en 2004 y que adopte las medidas necesarias tendientes a asegurar que sus iniciativas en el ámbito de la justicia producen cambios duraderos.

La publicación del informe es especialmente oportuna a la luz de la reciente elección de René Préval como nuevo Presidente de Haití, tras un período especialmente violento e inestable en la historia del país. A medida que el Presidente Préval asume su cargo, la Comisión insta a su gobierno que otorgue a la reforma del sistema judicial la máxima prioridad.

B.       Informe sobre defensores de derechos humanos

En cumplimiento con el mandato establecido por la Asamblea General de la OEA mediante la resolución AG/RES.1818 (XXXI-O/01) del 5 de junio de 2001, la Comisión discutió y aprobó un “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas”. La CIDH resalta en su informe que la labor de promoción y protección de los derechos humanos que por iniciativa propia realizan las defensoras y defensores es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los Estados, y por lo tanto, genera en éstos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos. En el informe se constata que, a pesar de la importancia del trabajo que desarrollan las defensoras y defensores y los importantes esfuerzos para su protección adelantados por los Estados miembros de la OEA y algunos organismos internacionales, en muchos lugares del Hemisferio la defensa de los derechos humanos se desarrolla con dificultades o en contextos adversos y, en algunos casos, peligrosos.

La Comisión Interamericana identifica en su informe los principales patrones de actos y omisiones que impiden o dificultan las labores de las defensoras y defensores, entre los cuales se destacan:  las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; las agresiones, amenazas y hostigamientos; la identificación de las defensoras y defensores de derechos humanos como "enemigos" y "blancos legítimos" por grupos paraestatales; las campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales que menoscaban su trabajo; la violación de domicilio y otras ingerencias arbitrarias o abusivas en instalaciones de organizaciones de derechos humanos, en la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas;  las actividades de inteligencia dirigidas contra las defensoras y defensores de derechos humanos; las restricciones al acceso a la información en poder del Estado y acciones de habeas data; los controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos, y la impunidad generalizada en las investigaciones de ataques sufridos por defensoras y defensores de derechos humanos.  En virtud de estos patrones, la Comisión realiza una serie de observaciones a los Estados parte para avanzar en la promoción y protección de las labores de defensa de los derechos humanos y de las personas que realizan dichas tareas.

II.       INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.

Los informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región.  Se refieren, entre otros asuntos, al respeto al derecho a la vida y la integridad personal,  las garantías del debido proceso y protección judicial, los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los derechos económicos, sociales y culturales.

Los informes aprobados incluyen27 de admisibilidad, 3 de inadmisibilidad, 15 sobre el fondo, 8 de solución amistosa y 16 de archivo.   Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará la lista de casos en que la decisión es de carácter público y luego estarán disponibles en su página electrónica.

III.      AUDIENCIAS

          Entre el 3 y el 13 de marzo de 2006, la CIDH celebró 61 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos en distintos Estados y regiones.  El programa de este período de sesiones fue ampliado para incluir un día más, debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de audiencias de interés para la Comisión Interamericana.  Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, solución amistosa y seguimiento.

A.      Situación general en Estados miembros de la OEA

La CIDH celebró audiencias sobre la situación general de derechos humanos en varios países de la región.  Durante las audiencias, se recibió información general  sobre la situación en Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, México, Perú y Venezuela.

Respecto de Bolivia, el Estado consignó copias del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 a la vez de manifestar el compromiso de la nueva administración del Estado a cargo del Presidente Juan Evo Morales Aima, con los derechos humanos y su intención de atender las problemáticas planteadas.  La CIDH recibió un diagnóstico tanto de las organizaciones solicitantes como del Estado sobre los problemas que enfrenta Bolivia en materia de derechos humanos.  Entre los problemas identificados se incluyó la pobreza y la discriminación, la ausencia de un sistema articulado de política de Estado en materia de derechos humanos, la necesidad de armonizar la normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos, los retardos procesales en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, la falta de cumplimiento de las sentencias y medidas cautelares dictadas por los órganos del sistema, las dificultades en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, mujeres y personas indigentes, la persistencia de la violencia a razón de genero y la falta de investigación de denuncias relacionadas, la creciente problemática del trafico y trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres; la existencia irregularidades en el proceso de saneamiento de tierras; los efectos en la salud e integridad personal de la contaminación ambiental provocada por empresas mineras y petroleras en los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cuyabá.  Por otra parte, y atendiendo, la preocupación manifestada en anteriores audiencias sobre la problemática de las “comunidades cautivas” del pueblo guaraní en el Chaco boliviano, los solicitantes indicaron pese a la denuncia pública sobre esta apremiante situación, estas poblaciones continúan en condiciones comparables a la esclavitud y que no se habría hasta la fecha, sancionados a los particulares responsables de perpetrar la situación denunciada ni tampoco a los funcionarios que, pese a conocer la situación, no han tomado acción alguna.   Finalmente, el Estado informó la disposición e interés del Gobierno de que la Comisión realizara una visita al país con miras al aporte que pudiera resultar de la misma el desarrollo de Asamblea Constituyente.

Respecto de Colombia, durante el 124° período de sesiones la Comisión recibió información sobre el proceso de desmovilización de los grupos armados ilegales, la reglamentación de su marco normativo, las violaciones al cese del fuego y el funcionamiento de la recientemente creada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.  La CIDH recibió en audiencia al Presidente de dicha Comisión Nacional Dr. Eduardo Pizarro, quien expuso un informe sobre las actividades a ser cumplidas.  Según ha señalado la CIDH, el proceso emprendido a fin de desactivar a los actores del conflicto armado en Colombia requiere de medidas que garanticen la no-repetición de crímenes perpetrados contra la población civil en violación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA.

Respecto de Guatemala, la CIDH recibió información sobre las políticas del Estado en materia de derechos humanos; cumplimiento de medidas cautelares; situación de la justicia; dificultades en la investigación de casos de derechos humanos; y situación del sistema penitenciario.  La CIDH valora las acciones del Estado de Guatemala encaminadas a cumplir con sus recomendaciones, los acuerdos de soluciones amistosas y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana; asimismo, valora los esfuerzos que está realizando para reformar el sistema penitenciario de acuerdo a los desafíos planteados en el Informe de la CIDH de 2001 sobre dicho país, relacionados con la seguridad interna y exterior, la clasificación y separación de reclusos y detenidos, las condiciones de las cárceles, la salud y las posibilidades de rehabilitación.  Asimismo, la Comisión valora los esfuerzos que realiza el Gobierno de Guatemala junto a la sociedad civil destinados a la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CICIACS), e insta al poder legislativo a aprobar a la brevedad tal iniciativa. La Comisión recibió información sobre los archivos de la policía nacional descubiertos en 2005 e insta a protegerlos porque serán de importancia vital para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.  En relación con lo anterior y respecto de la publicidad de los actos administrativos, la Comisión observa con preocupación que continúa utilizándose la figura del secreto de Estado, bajo el amparo del artículo 30 de la Constitución Política para restringir el acceso a los archivos públicos.  La Comisión reitera lo establecido por la Corte en el sentido de que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.[2]  De la información aportada en las audiencias tanto por el Estado como por los peticionarios, la Comisión observa con preocupación el proyecto de reforma de la justicia militar que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso y señala que su aprobación significaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, contrariando asimismo el espíritu de los Acuerdos de Paz.  Además, la Comisión observa con preocupación la persistencia de una situación de impunidad estructural, traducida en la falta de eficacia de la justicia para responder a los crímenes cometidos en Guatemala tanto durante el conflicto armado como en el presente.  En este sentido, se observa que se mantiene la práctica abusiva del recurso de amparo con el fin de retardar la administración de justicia en la decisión de casos sobre violaciones a derechos humanos cometidas en Guatemala. En consecuencia, la Comisión Interamericana exhorta al Estado de Guatemala a regular dicha práctica a fin de no tolerar ni contribuir al retardo injustificado en la resolución de los casos que se encuentran pendientes ante la justicia guatemalteca.

Respecto de Haití, la Comisión recibió información de las políticas  de derechos humanos y en particular sobre la vigencia de los derechos económicos y sociales.  En esta materia, la Comisión Interamericana recibió complacida la conclusión de los comicios del 7 de febrero de 2006, en la que René Préval resultó electo nuevo Presidente de Haití.  La CIDH expresa su optimismo en cuanto a que la segunda ronda de las elecciones parlamentarias tendrá lugar rápidamente y de acuerdo con los parámetros internacionales en la materia. No obstante estos desarrollos políticos positivos, la Comisión recibió información que las condiciones de seguridad en el país siguen inestables, que una mayoría de la población de Haití continua privada de los derechos económicos y sociales fundamentales, tales como el acceso a la comida, el agua, la salud, y la educación; y que el sistema de justicia sigue deficiente y disfuncional en muchos respectos. En este aspecto, durante el período de sesiones que concluye en la fecha, la Comisión Interamericana emitió su informe sobre la administración de justicia en Haití.[3]  En su informe, la Comisión concluye que el sistema de justicia en Haití es gravemente deficiente en casi todas las áreas, y que la reforma de justicia debe ser una prioridad crítica para el nuevo gobierno de Haití, con apoyo de la comunidad internacional. 

Respecto de México, se llevó a cabo una audiencia de carácter general en la que los representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de exponer sus principales preocupaciones respecto a los derechos humanos en dicho país.  En la audiencia estuvieron organizaciones pertenecientes a la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que destacaron que en el presente año se cumple el 10º aniversario de la visita in loco de la CIDH a México y tomaron la oportunidad para repasar las recomendaciones que siguen pendientes de cumplimiento y el trabajo de protección en los casos individuales.  Destacaron los logros del Gobierno del Presidente Fox en su política internacional de derechos humanos, así como la ley de acceso a la información en el plano doméstico, pero señalaron entre los temas pendientes la reforma del sistema de justicia, la sujeción al fuero civil en casos de militares acusados de violaciones de derechos humanos, y la vigencia de los derechos humanos laborales.  Igualmente, la Comisión recibió en audiencia a una delegación del Estado mexicano y a representantes de organizaciones de derechos humanos del estado de Oaxaca y de la Fundación para el Debido Proceso Legal, en la que se verificó un fructífero intercambio de información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en dicho estado.  En particular, se recibió información sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en Oaxaca, y  los esfuerzos del Estado en materia de legislación, política pública e instituciones para remediar los rezagos en materia de violencia y discriminación.   Las organizaciones de derechos humanos expusieron sobre violaciones de los derechos de la mujer indígena en los ámbitos de la conflictividad agraria, la participación política, el derecho a la salud y la falta de justicia frente a la discriminación y violencia sistemática contra las mujeres indígenas.  Por su parte, el Gobierno de Oaxaca informó a la CIDH sobre una serie de logros legislativos, de política pública e institucionales para abordar la situación particular de las mujeres en esta localidad, incluyendo un paquete de modificaciones legislativas que toma en consideración las necesidades específicas de grupos en base de su sexo, edad, localización geográfica y nivel de marginalización y la actualización de la Ley de Violencia Intrafamiliar.  El Relator para México destacó el interés de la CIDH en proseguir intensamente el trabajo con dicho país tanto en el marco de los casos individuales como desde la perspectiva general y temática, a cuyo efecto se mencionó la posibilidad de organizar una visita de trabajo durante 2006.

Respecto de Perú, las audiencias se concentraron en la Presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la justicia penal militar peruana y las denuncias de discriminación por orientación sexual en dicho país.  En la primera audiencia, el Viceministro de  Justicia de Perú Jaime Reyes Miranda, expuso los contenidos del Plan Nacional de Derechos Humanos, que entró en vigencia el  pasado 11 diciembre de 2005, con el objetivo de reforzar los mecanismos nacionales para promover y proteger los derechos humanos y garantizar la conformidad de la legislación y prácticas nacionales con las obligaciones derivadas de las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario que obligan al Estado peruano.  La Comisión Interamericana valoró el amplio proceso de consulta que tuvo lugar en la preparación del Plan que, de acuerdo con las cifras suministradas, incluyó a un total de 2.802 instituciones, de las cuales 610 fueron  representantes de instituciones públicas (22%) y 2192 representantes de la sociedad civil (78%).  Además de la delegación del Estado peruano, hubo representación de la sociedad civil en la audiencia.  Una vez terminada la audiencia, el Gobierno del Perú y la CIDH suscribieron un convenio de asistencia técnica en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 – 2010 de Perú. 

En la audiencia sobre el seguimiento de las recomendaciones de la CVR, las organizaciones peticionarias se refirieron al grado de cumplimiento de dichas recomendaciones, en particular, en materia de justicia, reparaciones y reformas institucionales. La Comisión recibió información sobre la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos, víctimas, testigos y demás intervinientes en las investigaciones y procesos judiciales que se adelantas con ocasión a los hechos establecidos en el informe de la CVR.  Llamó en particular la atención de la CIDH la información según la cual, a medida que los procesos judiciales han ido avanzando, se han intensificado las amenazas y otros actos de hostigamiento contra operadores de justicia, testigos, víctimas y los representantes legales.

En relación con la situación de la justicia penal militar, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, informaron a la CIDH sobre la presunta incompatibilidad de la Ley de Organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial (Ley 28.65) y el Código de Justicia Penal Militar Policial (Decreto 961) con los estándares adoptados por la jurisprudencia constante y reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de  la CIDH sobre el carácter restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción militar en una sociedad democrática. Al respecto, el Estado peruano informó a la CIDH sobre los diferentes pronunciamientos de las Altas Cortes en contra de los citados ordenamientos legales, así como de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y por la Fiscal General de la Nación ante el Tribunal Constitucional. La CIDH estará atenta a la decisión del Tribunal Constitucional peruano, el cual había exhortado al Poder Legislativo a adoptar el marco de la justicia penal militar peruana a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por ese país.

          Asimismo, la Comisión recibió información sobre la situación de discriminación por orientación sexual en Perú, en particular lo referente a varias prácticas discriminatorias y violentas contra gays y lesbianas que se dan tanto en el ámbito laboral, como en la vía pública y los comercios. Al respeto, la Comisión tomó nota de la solicitud de los peticionarios de que recomiende al Estado peruano que adopte medidas positivas para erradicar prácticas socio-culturales y discursos adversos a la libre expresión de identidades, actitudes y prácticas de género y sexuales que no se ajustan a lo heterosexual, conforme a lo previsto en el Plan Nacional de los Derechos Humanos.

Respecto de Venezuela, la CIDH expresa su preocupación por la iniciación de acciones penales a miembros de organizaciones de derechos humanos bajo cargos de conspiración contra la forma republicana de gobierno por haber recibido fondos de cooperación internacional para desarrollar sus labores. Por otra parte, y atendiendo a la preocupación manifestada en las audiencias ante la Comisión por las expresiones descalificatorias por parte de funcionarios del Estado en cuanto al desarrollo de estas actividades, la CIDH hace un llamado a las autoridades del Estado venezolano para que aseguren que ninguna defensora o defensor sea víctima de hostigamiento e intimidación por sus labores.  La Comisión expresa una vez más su reconocimiento por la labor de promoción y protección de los derechos humanos que realizan las defensoras y defensores del hemisferio y reitera que estas personas no pueden ser hostigadas en razón de su trabajo, y mucho menos por la utilización de las herramientas e instancias que brinda el sistema interamericano. 

 
          Adicionalmente, la CIDH fue informada sobre las leyes y acciones judiciales que tenderían a limitar la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela, así como de la situación de los solicitantes de refugio en dicho país. De manera particular, la Comisión expresa su preocupación por la información recibida durante los primeros meses del año 2006 que da cuenta que Ibeyse Pacheco, Marianella Salazar y José Ovidio Rodríguez (“Napoleón Bravo”) vienen siendo objeto de procesos penales iniciados por funcionarios estatales por delitos de calumnias e injurias y de vilipendio (desacato). La Comisión reitera su posición en cuanto a que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada en la medida que el principio fundamental que rige un sistema democrático hace que los funcionarios públicos se encuentren más expuestos al escrutinio y critica de la ciudadanía. 

 
          La Comisión Interamericana recibió en audiencia a representantes del Estado venezolano, en las que se informó sobre las acciones programadas para hacer frente a la grave situación de las personas privadas de libertad  en las cárceles venezolanas y sobre los avances en materia de derechos humanos, especialmente los referentes a los derechos económicos, sociales y culturales.  Parte de los avances mencionados por el Estado incluyeron los logros alcanzados en materia de alfabetización, atención médica y distribución de alimentación en diversas regiones del país.  En este sentido, el Estado informó que se encuentra presto a alcanzar la meta de la universalización de la educación básica y sobre la atención primaria a los sectores históricamente excluidos.  La CIDH reconoce la importancia de estos programas para alcanzar progresivamente la garantía a los derechos económicos y sociales y destaca en sentido positivo la participación del Estado venezolano en las audiencias, en las que manifestó su interés de dialogo y acercamiento tanto a este órgano como con los representantes de las organizaciones no-gubernamentales participantes de las audiencias.

B.       Otras audiencias generales

Asimismo, tuvo lugar una audiencia sobre la obligación estatal de investigar y juzgar violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales. Para las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con los tratados interamericanos, y la interpretación autorizada que de ellos ha hecho la Corte Interamericana, así como en atención a la naturaleza erga omnes de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos, es claro que todos los Estados de la OEA tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias, para garantizar que las graves violaciones de derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales no queden impunes y que la investigación, juzgamiento y sanción de las mismas sean cumplidas bajo los estándares interamericanos.  En su exposición hicieron énfasis sobre la importancia de que se asegure el cumplimiento de los estándares regionales en cuanto al esclarecimiento de los hechos, sanción de los responsables, imposición de penas proporcionales a la gravedad de los mismos y, particularmente, a la reparación adecuada e integral a las víctimas y sus familias. Es de recordar que sobre el juzgamiento de crímenes internacionales, la CIDH adoptó la Resolución No. 01/03, en la que exhortó a los Estados a adoptar las providencias para considerar los crímenes internacionales como delitos que dan lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento.

           La Comisión Interamericana recibió información sobre la situación de las personas afectadas por sentencias mínimas obligatorias en los Estados Unidos.  En la audiencia se presentaron informes de expertos gubernamentales respecto a los poderes judicial y legislativo, así como expertos de organizaciones de sociedad civil, sobre el impacto discriminatorio de las sentencias mínimas obligatorias además de las medidas legales y legislativas actuales contra esta práctica, y ofrecieron algunas recomendaciones sobre las formas en que la Comisión podría tratar este tema.

En cuanto a la situación de la justicia en Nicaragua, se informó sobre el deterioro progresivo de la administración de justicia, que se habría profundizado con nuevas denuncias de corrupción, politización e interferencia partidaria en los órganos jurisdiccionales.  En particular, las organizaciones mencionaron que la administración de justicia nicaragüense se ha visto afectada por grandes cambios legales e institucionales debido al pacto acordado entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).  Por lo tanto, las organizaciones plantearon a la Comisión que efectúe una visita in loco para evaluar la situación de los derechos humanos y elaborar un informe sobre la administración de justicia en Nicaragua antes del 5 de noviembre de 2006, fecha de las próximas elecciones nacionales.

La Comisión Interamericana recibió en audiencia información sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Brasil, presentada por varios relatores del Proyecto Nacional de Relatores en dicha materia.  En particular, los relatores hicieron del conocimiento de la Comisión Interamericana del tema específico que cada uno de ellos desarrolla en el ámbito interno como parte de su respectivo mandato.  

C.                Audiencias temáticas

El programa desarrollado por la Comisión Interamericana incluyó varias audiencias sobre temas específicos correspondientes a su mandato, o para analizar la situación de los derechos de personas que  pertenecen a grupos determinados.

La CIDH recibió información de varias organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y de los derechos de la mujer sobre el problema denominado “feminicidio o femicidio”, en diferentes localidades de las Américas.  Tal problema consiste en el asesinato de mujeres, acompañados frecuentemente por abuso sexual y otras señas de agresión física, en razón de su género.  En particular, la información se refiere a fallas en la respuesta de los Estados de México, Perú, Colombia y Guatemala en prevenir, investigar, juzgar y sancionar efectivamente estos incidentes.   Las participantes destacaron la necesidad de crear y mejorar sistemas y registros de información estadística y cualitativa de incidentes de violencia contra la mujer, la urgencia de crear mecanismos para lograr la uniformidad entre estos sistemas y de implementar medidas para que los sistemas reflejen adecuadamente la situación a nivel nacional y local y para que desagreguen la información por sexo, edad, raza y etnia, entre otros factores.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre la grave y precaria situación de las mujeres desplazadas en Colombia y la necesidad de una política pública que aborde las necesidades específicas de este grupo de mujeres.   Se recibió una exposición sobre el efecto desproporcionado en las mujeres del fenómeno del desplazamiento, tanto en números como en consecuencias, y el elevado número de jefatura de hogar femenina, el cual sobrepasa el de la población en general.  Entre las recomendaciones recibidas se incluyen las de incorporar el enfoque de género y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en el seguimiento y evaluación de la política pública existente relacionada con el desplazamiento, así como la adopción de medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el asesoramiento a las víctimas de violación y otras formas de violencia sexual.

La CIDH realizó una audiencia a solicitud de la República de Argentina, con el fin de tratar la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires.  Participaron representantes del Estado Nacional y de dicha Provincia, así como representantes del Centro para Estudios Legales y Sociales y la Comisión Provincial por la Memoria, y ofrecieron información sobre las condiciones de detención en las cárceles y comisarías de la Provincia, y el proceso en marcha para dar seguimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó una serie de medidas destinadas a remediar graves deficiencias.  La CIDH valora este fallo, que establece un marco jurisdiccional para asegurar que el Estado implemente las reformas requeridas bajo la Constitución y la Convención Americana, y considera que el proceso de informes periódicos y de seguimiento, que incorpora la participación de representantes de la sociedad civil, proporciona una herramienta importante en la búsqueda de soluciones.

Se recibió igualmente información referente a la situación general de los derechos de los pueblos indígenas en Mesoamérica.  Los participantes plantearon el contexto económico y político de la región y su impacto sobre los miembros de los pueblos indígenas, así como los problemas que enfrentan en materia de conservación de sus territorios en salud, educación y acceso a la justicia, y mencionaron en particular la situación por la que atraviesan las mujeres indígenas. Se enfatizó igualmente la falta de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, debido a la falta de consulta para realizar sus propias tierras obras públicas como represas hidroeléctricas, minas o proyectos turísticos.  Destacaron además que los Estados no los consultan en la negociación de tratados y proyectos regionales que afectan su modo de vida.  Finalmente, se refirieron a las iniciativas internacionales para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero lamentaron que pese a ellas continúan siendo víctimas de discriminación y exclusión, lo cual se materializa en su vida diaria a través de políticas públicas de los gobiernos, en las relaciones sociales, en los modelos de producción y en la cooperación para el desarrollo. Como ejemplo, resaltaron el hecho de que incluso en algunos países como en El Salvador no se reconoce la existencia de los pueblos indígenas.  Los peticionarios solicitaron a la CIDH que elaborara un informe regional sobre la situación de los pueblos indígenas.

Igualmente, la Comisión celebró una audiencia temática en la que se trató la situación de las personas privadas de la libertad en El Salvador. En dicha audiencia, la Comisión Interamericana recibió información sobre el efecto del denominado “plan de mano dura” contra la delincuencia, especialmente en lo referente al aumento de penas  sobre la situación carcelaria. Se denunció que esta política aumenta el problema de tratamiento de la pena como mecanismo de represión continua y no como un mecanismo de resocialización.  Igualmente se denunció que las más recientes reformas aplicadas, además de contener medidas abusivas en contra de las personas detenidas, establecen la pena preventiva como la regla general a todo tipo de delito, sin atender al tipo legal que lo contiene.  El Estado señaló en la audiencia que gran parte de las reformas a la ley penal se realizaron en el marco de una mesa penitenciaria en donde se concertaron distintos sectores.  Asimismo, el Estado señaló que el problema de hacinamiento se produce también en otros países de América Latina; particularmente, refirió que las principales causas de dicho problema en El Salvador son las deportaciones masivas con alto número de personas con antecedentes penales, el insuficiente financiamiento para infraestructura penitenciaria, la violencia social, y el alto número de pandillas y de crimen organizado.

          El Estado chileno presentó información en audiencia respecto a la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en dicho país.  Las autoridades chilenas aludieron en la oportunidad a las diversas iniciativas que se están adoptando para reducir y eliminar en los próximos años el problema endémico de hacinamiento que afecta a las personas privadas de libertad.

La situación de los trabajadores migratorios y sus familias fue abordada en tres audiencias.  La Comisión escuchó testimonios relacionados a los derechos humanos en los desastres naturales en el Hemisferio, incluyendo los efectos de acciones estatales posteriores al desastre natural de los huracanes Katrina y Mitch sobre la población de trabajadores migratorios latinos, que comprende aproximadamente de 20 a 30 mil personas.  En la audiencia se informó que frecuentemente en los desastres naturales, los trabajadores migratorios y otros minoritarios en particular están en desventajas y son victimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo la carencia de las necesidades y servicios básicos, amenazas de deportación, y denegación de garantías laborales. Según los presentadores, por ejemplo, luego de los huracanes Katrina y Mitch, la población migratoria se vio desprovista por un periodo de seis meses de asistencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos en lo referente a alimentación, agua, vestimenta, lugar de refugio y asistencia medica. También los presentadores indicaron que los trabajadores migratorios se vieron forzados a trabajar los siete días de la semana de 10 a 14 horas diarias, sujetos en algunos casos a la falta de compensación de horas extras de trabajo, y en condiciones deplorables expuestos a asbestos, desechos tóxicos y humanos y químicos peligrosos desprovistos de la indumentaria de protección necesaria.

Por otra parte, durante las audiencias se tomó conocimiento sobre la situación creada por la ley de migración No. 285-04 de la República Dominicana, aprobada en agosto de 2004 por el Congreso Nacional y la propuesta de reglamentación y su efecto en la población dominico-haitiana.  En el curso de la audiencia, los solicitantes sostuvieron que varios artículos de la ley promueven políticas discriminatorias contra las comunidades haitianas y dominico haitianas que serían contrarias a los estándares internacionales en la materia y que de reglamentarse, tendrían el efecto de institucionalizar las violaciones a que han venido siendo sometidos.  Adicionalmente, se informó sobre el problema de las expulsiones masivas de la población haitiana y dominico-haitiana por llevarse a cabo en forma irregular sin las debidas garantías judiciales y violentando el derecho a la no-discriminación.  Los peticionarios indicaron que estas políticas afectan en forma particular el derecho a la familia, la protección a la niñez y los derechos a la nacionalidad, el nombre, la libertad de circulación y la residencia.  Asimismo, denunciaron que la política de repatriación afectaba particularmente a los niños y niñas, y que tenía el efecto directo de su falta de inscripción en el registro civil dominicano, en virtud de que la repatriación ha sido dirigida a mujeres embarazadas o que recientemente habrían dado a luz.  A su vez, informaron que la población dominico-haitiana no solo sufría la deportación sino que al ser detenidos y detenidas eran sujetos al maltrato, la discriminación y la falta de garantías mínimas de debido proceso.  Finalmente, la Comisión tomó conocimiento de las precarias condiciones laborales que afecta especialmente a los trabajadores migratorios agrícolas en la zona fronteriza y a las mujeres del servicio doméstico, quienes perciben salarios menores al mínimo establecido y que por su condición pueden ser despedidas sin compensación por el servicio prestado.

La CIDH fue informada además sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en Costa Rica.  Los solicitantes informaron que la población migratoria enfrentaba múltiples obstáculos, tales como problemas de acceso a la educación, a la salud y los servicios sociales, además de informar sobre las precarias condiciones.  Por otra parte, durante la audiencia se informó acerca de la afectación particular que sufren los niños y niñas de los trabajadores migratorios dentro del sistema educativo donde en muchos casos se condiciona la matrícula en las escuelas hasta tanto sus padres demuestren que se encuentran legalmente en el país. La Comisión observa las inquietudes presentadas por el Estado de Costa Rica respecto a la corresponsabilidad que existe frente a este problema por parte del estado de origen, los estados de tránsito y el estado receptor.  En la audiencia, el Estado invitó a la Relatoría Especial sobre derechos de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias a visitar el país.

          La situación de la niñez y el trabajo infantil en Latinoamérica fue planteada igualmente en el curso de una audiencia.  Según la información recibida, al menos el 17% de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos con edades entre 5 y 17 años forman parte de la población trabajadora, equivalente a unos 2 millones de menores de edad.  Las organizaciones que comparecieron expresaron su preocupación por múltiples violaciones de derechos humanos asociadas al trabajo infantil, por lo que solicitaron a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH que lleve a cabo un estudio acerca de la normativa nacional e internacional; de la reforma de las instituciones; y de la inversión estatal que tienda a la prevención del trabajo infantil.  Por último, solicitaron que la Relatoría formule recomendaciones para proteger a toda persona menor de edad de cualquier forma de explotación laboral.

D.                Audiencias sobre casos y peticiones

•  Caso 12.328 – Adolescentes en custodia de FEBEM, Brasil;

•  Caso 12.052 – Karen Attala Riffo e hijas, Chile;

•  Caso 12.470 – Ricardo Israel, Chile

•  Caso 12.509 - Ever Montero M. y 12.510 – Juan E. Daza Carrillo, Colombia;

•  P712/03 – Elena Telles Blanco (“Tías del PANI”), Costa Rica;

•  Caso 12.465 – Comunidad indígena Sarayaku, Ecuador;

•  Caso 12.487 – Rafael Ignacio Cuesta Caputi, Ecuador;

•  P1425/04 – Hugo Quintana Coello y otros, Ecuador;

•  P161/05 – Miguel Camba Campos y otros, Ecuador;

•  P1119/03 – Comunidad Garífuna de Punta Piedra, Honduras;

•  P558/05 – Jeremy Smith, Jamaica;

•  P4614/02 – Wilmer González Rojas (Tipitapa), Nicaragua;

•  P092/04 – Jesús Vélez Loor, Panamá;

•  Seguimiento del Informe 29/92 (Ley de Caducidad), Uruguay.

E.                 Audiencias sobre medidas cautelares

•  MC 134/00 – CREDHOS y miembros de Corporación Nación, Colombia

•  MC 346/02 –  Miembros de la CUT, Subdirectiva Atlántico, Colombia

•  MC 629/03 – Miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

•  MC   08/06 – Omar Ahmed Khdar, Estados Unidos

•  MC 184/05 – Andrea Mortlock (Caso 12.534), Estados Unidos

          IV.      REUNIONES DE TRABAJO

En el marco de la semana de audiencias, se llevaron a cabo más de 40 reuniones de trabajo referentes a diversos países.  Las reuniones abordaron varios casos y peticiones, principalmente en fase de solución amistosa o de seguimiento, así como  medidas cautelares.  Las cuestiones abordadas en este marco se refirieron a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 

Cabe destacar en particular la reunión de trabajo sobre la petición P161/02 de Paulina Ramírez Jacinto, México.   En dicho asunto, las partes ratificaron un acuerdo de solución amistosa que comprende un reconocimiento público de responsabilidad de parte del Gobierno de Baja California y un importante  conjunto de medidas de reparación para la presunta víctima y su hijo.   La CIDH observa complacida la disposición y colaboración de las partes que permitieron llegar a un acuerdo para concluir el asunto por la vía no contenciosa.  

También se desarrolló una reunión de trabajo sobre el Caso 12.433 – Sonia Arce Esparza, de Chile.  En dicho asunto, se siguió conversando acerca de las bases para un acuerdo de solución amistosa, en seguimiento de la reunión celebrada con las partes en el pasado periodo de sesiones.   La CIDH reconoce los avances en el diálogo sobre dicho asunto mediante la activa participación del Estado y los peticionarios.

Asimismo, la Comisión Interamericana saluda los importantes avances en el proceso de búsqueda de una solución amistosa en el marco del Caso 10.205 - Germán Enrique Guerra Achuri, Colombia.  Durante la reunión de trabajo, los peticionarios de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Estado colombiano formalizaron un acuerdo de solución amistosa.  La CIDH ve con beneplácito el acuerdo de ambas partes y manifiesta su disposición para dar seguimiento al proceso.

La CIDH también realizó una serie de reuniones de trabajo en peticiones y casos concernientes a Argentina, inclusive sobre el caso del atentado contra la Asociación de Mutuales Israelitas en la Argentina (AMIA), con la participación de los peticionarios Memoria Activa, CELS, CEJIL y del Gobierno Argentino, y recibió información sobre avances en el proceso de solución amistosa, tales como la promulgación del decreto 229/06 mediante el cual se atribuye la facultad de constituirse como parte querellante a la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y su reglamentación, así como sobre una serie desafíos pendientes, en especial en relación con el esclarecimiento de los hechos del atentado y encubrimiento y las correspondientes responsabilidades.

Se desarrolló una reunión de trabajo sobre el seguimiento de la decisión de la Comisión en el Caso 11.381 de Milton García Fajardo y otros de Nicaragua, emitido el 11 de octubre de 2001.  En dicha reunión, la CIDH y las partes evaluaron las dificultades para el cumplimiento integral de las recomendaciones de la Comisión y se avanzó hacia un posible acuerdo.

Respecto a Perú, se llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo.  La primera de ellas fue sobre el Caso 11.084 Salinas Sedó y otros, durante la cual se analizaron los avances llevado a cabo en el cumplimiento del informe 27/94. En dicha reunión, el peticionario y su representante señalaron el incumplimiento del Estado en varios puntos.  Por su parte, el Estado mostró su disposición para convocar a una reunión de trabajo antes de  la segunda vuelta presidencial para analizar las cuestiones técnicas legales y poder llegar a un entendimiento con el peticionario.  La CIDH saluda el avance que se ha logrado y enfatiza que las condiciones permiten continuar el diálogo hasta la próxima visita que se realizará a Lima en los próximos meses.

La Comisión Interamericana  recibió a las partes relacionadas al caso 12.033 Rómulo Torres Ventocilla, en el cual las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, la cual fue valorada por la CIDH.  En relación con el caso 11.062 - Sindicato de Trabajadores de Petróleos del Perú, se avanzó en las negociaciones sobre los diferentes extremos de un eventual acuerdo de solución amistosa.  También se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre la petición P532-98 Trabajadores Despedidos de ENAPU S.A., en que la Comisión Interamericana observó complacida las reinstalaciones llevadas a cabo y el marco para el diálogo entre las partes. Además celebró la disposición del Estado para solicitar a ENAPU la reinstalación de cinco de los trabajadores despedidos. Otra de las reuniones de trabajo versó sobre las peticiones  de magistrados y fiscales no ratificados. El Estado refirió que está dispuesto a reincorporar a los magistrados siempre y  cuando medie una solución amistosa, sobre todo porque existe una Resolución Suprema que permite que se suscriban ese tipo de soluciones. Indicó que ya se han suscrito con 52 magistrados y que continuarán evaluando los casos para seguir suscribiendo los acuerdos. Se acordó que en un plazo de 30 días el Estado comunicará tanto a la CIDH como a los peticionarios si se continuará suscribiendo acuerdos de solución amistosa. La CIDH reconoció la oferta del Estado  y saludó su buena voluntad. En cuanto a los casos del Comunicado de Prensa conjunto de 22 de febrero de 2001, la CIDH propuso que se lleven a cabo reuniones sin su presencia, con el objeto de continuar el diálogo y se preparen condiciones para la visita de la CIDH a Lima en los próximos meses.

En relación con la situación de los derechos humanos de los pensionistas, la Comisión Interamericana recibió información respecto a la problemática de los pensionistas de Perú después de la reforma constitucional con efectos sobre el régimen de la Cédula Viva. La CIDH observó con beneplácito la afirmativa del Estado de ejecutar las peticiones con sentencia favorable del Tribunal Constitucional.

Otra reunión de trabajo se refirió a la solicitud de medidas cautelares  No. 271/05 en relación con la Comunidad de La Oroya, donde los peticionarios y el Estado presentaron vasta información  para analizar la procedencia de dichas medidas. Los peticionarios manifestaron que su pretensión no es que los trabajos de la industria se cancelen pero urgieron que se tomen medidas efectivas para los habitantes de la comunidad en especial para los niños y mujeres embarazadas. La CIDH indicó a las partes que se avocará al estudio de la situación lo antes posible.

El Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton participó asimismo en una reunión de trabajo con defensores de derechos humanos, a la que acudieron varios representantes de la sociedad civil de las Américas.  Los asuntos abordados incluyen varios problemas que impiden o afectan los esfuerzos para defender los derechos humanos en la región, que van desde amenazas y asesinatos, hasta restricciones indebidas y otras formas de hostigamiento.

Durante las sesiones se recibió a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja para conversar sobre cuestiones de interés mutuo de ambas instituciones.  Cabe mencionar asimismo que el CICR presentó una importante donación de su reciente  publicación, en tres tomos, sobre las reglas y prácticas aceptadas internacionalmente como costumbre en el derecho internacional humanitario.  La CIDH agradece el gentil obsequio a cada uno de sus miembros del primer tomo de dicha publicación sobre las Reglas en la materia.

V.      RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS

Esta sección contiene un breve resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH desde las sesiones ordinarias de octubre de 2005 a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas.

A.      Afrodescendientes y contra la discriminación racial

El Relator para dicho tema es el Comisionado Clare K. Roberts, quien participó en representación de la CIDH en la Conferencia para Establecer una Agenda de Políticas para la Igualdad Racial en las Américas organizado por el  Diálogo Interamericano y el Banco Mundial. En dicha sesión, el Comisionado Roberts resaltó la importancia de asegurar plena e igualitariamente el acceso a la justicia para los afrodescendientes que son víctimas de discriminación racial. El Relator, a nombre de la Comisión, llamó a definir una agenda de trabajo para adoptar las medidas jurídicas, políticas y de otra índole necesarias para contar con un marco legal y judicial que permita a los Estados miembros combatir de manera efectiva la discriminación racial y asegurar a los afrodescendientes que son discriminación por razón de su raza y color las reparaciones de las que son titulares.  La Comisión Interamericana ha continuado proveyendo asistencia técnica al Grupo de Trabajo de la OEA encargado de estudiar la adopción de una nueva Convención Interamericana contra la Discriminación Racial y otras formas de Discriminación e Intolerancia.  La CIDH ha resaltado en múltiples oportunidades la importancia de la adopción de este instrumento y de la necesidad de asegurar que se dotará a este órgano principal en materia de derechos humanos las funciones de supervisión de las nuevas obligaciones que asuman los Estados.  Durante el presente período de sesiones, la Comisión recibió información en distintas audiencias sobre la situación general o sobre algún aspecto particular de la vida de los afrodescendientes en Estados Unidos, Honduras, Brasil y Colombia. En cada una de estas audiencias se señalaron algunos de los temas que son de crucial importancia. Entre ellos destacan, el aseguramiento debido del goce efectivo del derecho de propiedad sobre sus territorios tradicionales (Honduras), la administración de justicia igualitaria y no discriminatoria (Estados Unidos), el aseguramiento del disfrute pleno y equitativo de los derechos económicos, sociales y culturales (Brasil), la disminución del impacto desproporcionado y negativo sobre los afrodescendientes de los efectos del conflicto armado interno (Colombia) o de los desastres naturales.   A través del personal profesional de la Secretaría, la Relatoría participó en la sesión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Implementación de la Declaración y Plan de Acción de Durban.  En dicha ocasión, la CIDH resaltó la importancia de la adecuación del derecho internacional a las nuevas manifestaciones y realidades de la discriminación racial.  Finalmente, la Comisión anunció con suma complacencia el establecimiento de una beca para un joven abogado afrodescendiente para realizar una práctica profesional en la CIDH por un año. La CIDH seleccionó como su primer becario en esta área temática a Cleber Lázaro Costa, de nacionalidad brasileña.

B.       Mujeres

El Relator para los derechos de las mujeres es el Comisionado Víctor Abramovich, designado al inicio de este período de sesiones.  Se destacan como avances en el ámbito de los derechos de la mujer la ratificación por parte del Estado de Jamaica de la Convención de Belém do Pará el pasado 15 de diciembre de 2005, reforzando el status de dicha Convención como el instrumento más ratificado del sistema interamericano de derechos humanos, y la elección de Michelle Bachelet para la presidencia de Chile, la primera mujer en ocupar tal cargo en dicho país.  Durante los últimos dos años, el programa de trabajo de la Relatoría se ha centrado en una tarea prioritaria para los derechos de la mujer en el continente: cómo asegurar el acceso efectivo de la mujer a la justicia, en particular cuando ha sido sometida a la violencia y a la discriminación.  Desde el último periodo de sesiones, la Relatoría ha continuado llevando a cabo un proceso de recopilación de información sobre los mayores logros y desafíos que las mujeres confrontan para acceder a la justicia en las Américas.  Este proceso de consulta ha incluido al sector estatal, sociedad civil, organizaciones regionales e internacionales y el sector académico, entre otros.  La Relatoría está elaborando actualmente un informe que expone y analiza los resultados y conclusiones de este proceso, el cual incluirá recomendaciones específicas para los Estados Miembros de la OEA sobre las medidas que pueden ser adoptadas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y  lograr un cumplimiento efectivo con sus obligaciones regionales de los derechos humanos.  En adición a su trabajo en el ámbito del acceso a la justicia, la Relatoría ha continuado ofreciendo apoyo técnico a abogados de la Secretaria Ejecutiva en el procesamiento de peticiones y medidas cautelares. 

C.      Pueblos indígenas

          El Relator de derechos de los pueblos indígenas es el Comisionado Paolo Carozza, designado al inicio del presente período de sesiones.  El Relator se reunió con el Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con dirigentes indígenas que asistieron a diferentes audiencias ante la CIDH.  Los órganos del sistema de protección de los derechos humanos han desarrollado una jurisprudencia progresiva que ha reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y han establecido formas especiales de reparación. Sin embargo, la Comisión Interamericana observa con preocupación las dificultades planteadas en el cumplimiento de sus recomendaciones y de las sentencias y medidas provisionales de la Corte Interamericana, que se refieren a decisiones en casos donde la víctima es un pueblo indígena. Al respecto, la Comisión insta a los Estados a cumplir con especial esfuerzo las decisiones que involucran a pueblos indígenas porque con ello no sólo se reconoce, protege y repara a un grupo de personas, sino que se respeta una forma especial de vida porque, como lo ha expresado la Corte, “la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.”[4]  La Relatoría de derechos de los pueblos indígenas ha continuado colaborando en la tramitación de las peticiones sobre derechos de los pueblos indígenas, ha participado en las visitas realizadas a Guatemala, Colombia y México y ha continuando asesorando al Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Al respecto, la Comisión Interamericana reitera su reconocimiento al esfuerzo realizado por los Estados miembros de la OEA y los representantes de los pueblos indígenas del continente, en el proceso de negociación del proyecto y celebra los logros alcanzados. Asimismo, la CIDH insta a la adopción de la declaración, porque un instrumento de tal envergadura enriquecerá la normativa interamericana de derechos humanos y el propio sistema regional de protección y contribuirá a fortalecer las democracias en nuestros países.

D.      Niños

El Relator de la Niñez es el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro. La Relatoría avanzó desde el anterior periodo de sesiones en el análisis sobre la situación de los derechos de la niñez en Haití, luego de la reciente visita efectuada a dicho país conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  En particular, la Relatoría ha centrado su interés en las graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes haitianos que se producen en el contexto de violencia existente en el país.  Al respecto, se están analizando las denuncias  de distintas fuentes sobre asesinatos, uso de niños por bandas armadas, torturas, secuestros, abusos, agresiones y explotación sexual, abandono, trata, tráfico y castigo físico.  Por otra  parte, durante el presente periodo de sesiones, la Relatoría ha avanzado en la gestión de un proyecto de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para el fortalecimiento de las actividades de esta área temática, que se espera será suscrito en breve.  Asimismo, la Relatoría anunció que su interés en visitar Paraguay recibió la acogida favorable de dicho Estado, al que acudirá en abril de 2006.  Finalmente, cabe mencionar que se presentó al pleno de la CIDH la sugerencia de solicitar a la Corte Interamericana una opinión consultiva en relación con el tema del castigo corporal a niños y niñas.

E.       Trabajadores migratorios y miembros de sus familias

          El Relator de este tema es el Comisionado Freddy Gutiérrez.  En respuesta al mandato de promoción del sistema interamericano con un énfasis en los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, durante el pasado año, la Relatoría sobre los derechos de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias distribuyó durante 2005 un disco compacto con una recopilación de informes temáticos, informes sobre las visitas realizadas y jurisprudencia del sistema interamericano en esta materia.  Igualmente, la Relatoría siguió con atención las discusiones sobre políticas y los cambios en materia de legislación y control migratorio que se llevaron a cabo en la región, en particular el tráfico y la trata de personas; el impacto de la guerra contra el terrorismo en los controles migratorios y en la situación de los trabajadores migratorios en la región.  Por otra parte, la Relatoría ha continuado con su labor de colaboración y estudio de peticiones y de solicitudes de medidas cautelares recibidas en la Comisión relacionadas con trabajadores migratorios.  Respecto al plan de trabajo para 2006, la Comisión se ve obligada a informar que desde agosto de 2005 a esta parte, la Relatoría no cuenta con fondos adicionales para el desarrollo de sus actividades.       

F.       Personas privadas de libertad

El Comisionado Florentin Meléndez, Relator sobre los derechos de las personas privadas de   libertad en las Américas, hizo una presentación sobre dicho tema el 2 de marzo de 2006 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.  En esa oportunidad efectuó un diagnóstico preliminar de la situación penitenciaria en el continente y señaló las buenas prácticas penitenciarias detectadas en algunos países.  Asimismo, hizo un recuento sobre las actividades principales desarrolladas por la Relatoría a su cargo en el marco de su plan de trabajo para ejecución en tres años, el cual incluye actividades encaminadas a desarrollar la normativa del sistema interamericano mediante la adopción de una Declaración de Principios Interamericana; elaborar un informe regional sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas; promover y educar sobre los derechos de las personas privadas de libertad; así como sistematizar la información del sistema interamericano sobre personas privadas de libertad y hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH en esta materia.  Desde el anterior periodo de sesiones de la CIDH, la Relatoría efectuó una visita de observación a Colombia del 13 al 18 de noviembre de 2005, en conjunto con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el objetivo de constatar las condiciones carcelarias y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.  Posteriormente, el 6 de diciembre de 2005, con el auspició de la Fundación “Konrad Adenauer” de Alemania, la Relatoría realizó un Taller sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Santo Domingo, República Dominicana, dirigido a organizaciones de la sociedad civil.  El Comisionado Meléndez ha participado en calidad de delegado de la CIDH en las audiencias públicas sobre medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de los Niños y Adolescentes Privados de la Libertad en el “Complexo Tatuapé”, Brasil, celebrada el 29 de noviembre de 2005. Asimismo, actuó como delegado de la CIDH en la audiencia pública del Caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil ante la Corte Interamericana, sobre la muerte de una persona portadora de discapacidad mental que se encontraba bajo custodia del Estado en un hospital psiquiátrico, celebrada el 30 de noviembre y el 1º de diciembre de 2005.  Como respuesta a la situación carcelaria observada en varios países de la región, y como una contribución de la CIDH al desarrollo normativo de protección, la Relatoría ha elaborado un Proyecto de Declaración de Principios sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Mediante este proyecto de declaración, se pretende impulsar la utilización de los principios reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales dirigidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, así como aquellos emergentes de la jurisprudencia.  En la actualidad, la Relatoría está preparando un cuestionario especializado que someterá a los Estados Miembros con el objeto de reunir información sobre la situación de las personas privadas de la libertad bajo su jurisdicción, así como sobre los respectivos regímenes penitenciarios. La información recogida por dicho medio, así como la obtenida directamente en las diferentes visitas de observación realizadas por la Relatoría, y la información enviada por organizaciones de la sociedad civil de la región, serán utilizadas en la preparación del primer informe sobre la situación penitenciaria en las Américas.

G.      Libertad de expresión

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, creada por la CIDH y que opera dentro del marco jurídico de ésta. Durante el corriente período de sesiones la Relatoría informó a la CIDH sobre las cuestiones inherentes a su mandato, destacando los progresos en la derogación de las leyes de desacato en algunos países, los avances respecto al acceso a la información pública, y su preocupación por la persistencia de actos de violencia contra periodistas especialmente en Colombia, Haití, México y Venezuela. Asimismo, se informó que desde el anterior período ordinario de sesiones de la CIDH la Relatoría continuó realizando actividades de promoción, participando tanto el Relator como los abogados de la Relatoría en eventos en los Estados Unidos, México, Uruguay y el Reino Unido.  Durante este periodo de sesiones, y luego de evaluar todas las postulaciones y sostener entrevistas con los finalistas, la CIDH decidió designar al Dr. Ignacio Álvarez, de nacionalidad venezolana, como Relator Especial para la Libertad de Expresión.  A finales de 2005, Eduardo Bertoni había anunciado su renuncia al cargo de Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión. 

H.      Defensores de derechos humanos

Durante este período de sesiones, la Comisión Interamericana se reunió con representantes de distintas organizaciones que suministraron información sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en el hemisferio.  Igualmente, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos sostuvo reuniones informales con representantes de organizaciones de la mayor parte de países del hemisferio, en las recibió información actualizada de la situación de las defensoras y defensores. La Comisión continuó recibiendo información sobre diversas acciones y omisiones que impiden o dificultan el trabajo que estas personas desarrollan. Dentro de estas prácticas, la CIDH recibió información sobre el aumento de discursos públicos de descrédito a labor que realizan las defensoras y defensores, así como la creación e implementación de nuevas normas que restringen o penalizan el financiamiento de organizaciones no gubernamentales por el solo hecho de recibir fondos de cooperación internacional para el desarrollo de sus tareas.  Preocupa a la Comisión Interamericana esta tendencia y llama a que los Estados miembros adopten medidas urgentes para asegurar que el poder punitivo y los órganos de justicia no serán manipulados con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas. En tal sentido, la Comisión llama a los Estados a implementar de manera pronta las recomendaciones contenidas en el recientemente aprobado “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas”.

VI.      TRABAJO RELACIONADO CON LA CORTE INTERAMERICANA

La CIDH consideró durante sus sesiones el estado general de los casos que litiga ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Asimismo, discutió algunos temas de carácter general con respecto a aspectos procesales y analizó los avances en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.  En la actualidad, se hallan en trámite 16 casos ante la Corte Interamericana, mientras que 61 casos están en etapa de supervisión de cumplimiento.  Asimismo, se hallan en trámite ante la Corte 35 medidas provisionales respecto a varios países.  
 

A.      Reunión conjunta CIDH – Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión y la Corte celebraron su Sesión de Trabajo Conjunto correspondiente al año de 2006.  Con el objeto de dar seguimiento a los temas tratados, se decidió establecer un Grupo de Trabajo Conjunto con la participación de miembros de ambos órganos del sistema interamericano y sus respectivas Secretarías.

B.       Casos contenciosos

Desde el anterior período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, se han sometido cuatro nuevos casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte:

-        García-Prieto Giralt (El Salvador)

-        La Cantuta (Perú)

-        Cantoral Huamani y García Santa-Cruz (Perú)

-        La Rochela (Colombia)

          VII.     SITUACIÓN FINANCIERA

La severa crisis financiera de la OEA continúa incidiendo de manera negativa sobre la Comisión Interamericana.  A fin de comprender las dificultades que enfrenta este órgano, es necesario tener un panorama del flujo de trabajo de la CIDH y de su aumento sostenido en los últimos años. Sólo el número de peticiones recibidas pasó de 26 en 1970 a 1.330 en 2005; desde 1997 a 2003, la cantidad de denuncias recibidas aumentó en un 170%, y cada año hay un aumento sostenido y acumulativo de un de 10%. Esto significa que en los últimos cinco años, la Comisión ha recibido más de 7.500 nuevas denuncias, de las cuales permanentemente hay alrededor de 1.000 en trámite en las distintas etapas del procedimiento.  Lamentablemente, el aumento del presupuesto de la Comisión no ha sido proporcional al incremento de peticiones recibidas.  El presupuesto regular de la Comisión continúa prácticamente igual desde 1996, último año en que se otorgó un aumento sustancial.

La CIDH expresa su el agradecimiento al Secretario General José Miguel Insulza por los esfuerzos desplegados con miras a resolver la grave crisis financiera. Las recientes deliberaciones y decisiones del Trigésimo Primer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General sobre el presupuesto de la Organización y la escala de contribuciones al Fondo Regular son cruciales para asegurar que la Comisión pueda efectivamente cumplir un mandato cada vez más amplio, por lo cual esos esfuerzos alientan la esperanza de un futuro financiero mejor.  En el mismo sentido, resultan muy alentadoras las expresiones de apoyo vertidas de manera unánime por parte de los Estados miembros en la reciente sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Organización, cuando el Presidente de la Comisión Interamericana expuso la grave situación que afecta a este órgano.  La oportunidad brindada por invitación del Presidente de la CAAP, Representante Permanente de Paraguay Manuel María Cáceres, en un gesto que la CIDH valora altamente.

          Asimismo, la Comisión Interamericana destaca nuevamente los importantes aportes financieros efectuados por Estados miembros de la OEA: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México.  Igualmente, agradece los recursos aportados por Estados Observadores Permanentes como España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia y Suecia; y por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, la Fundación Ford y la Fundación Mc Cormick. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el hemisferio americano.

Washington, D.C., 17 de marzo de 2006