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Contacto de Prensa: Tel. (202) 458-3796; cidh-prensa@oas.org
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 45/06
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR PERSISTENCIA DE GRAVES Y SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera preocupante la grave situación de violencia y discriminación que sufren las mujeres en la región, así como los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia. La CIDH ha constatado la prevalencia alarmante y persistente de distintas formas de discriminación y de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres de diferentes razas, etnias, edades y condiciones socioeconómicas, la proliferación de los contextos y escenarios públicos y privados en donde ocurren, y los contextos sociopolíticos en donde se desarrolla. Esta situación se potencia debido a los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a recursos judiciales efectivos e idóneos para remediar estos hechos, que no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que además genera un contexto de impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres.
A pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta estatal ofrecida. La CIDH reconoce los esfuerzos de los Estados en la adopción de un marco jurídico y político para abordar la violencia contra las mujeres, pero persiste a pesar de esto una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva.
CIDH dará a conocer informes sobre derechos de las mujeres
Dada su profunda preocupación sobre este tema, la Comisión ha trabajado y continúa trabajando en la elaboración de informes que abordan la situación de los derechos de las mujeres. La CIDH hará públicos próximamente dos de ellos. Uno formula recomendaciones específicas para que los Estados adopten políticas públicas para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. El otro analiza el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas y discute cómo los actores del conflicto emplean diversas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, a fin de avanzar en el control de territorios y recursos. El informe estipula recomendaciones orientadas al diseño de una política estatal integral que tome en cuenta las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y que se ven agravadas por el conflicto armado a fin de lograr avances en el diagnóstico, la prevención y la respuesta a estos problemas y de avanzar hacia la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la agenda pública.
Presencia récord del tema en el 126° período de sesiones
La preocupación de la CIDH sobre este tema se vio reflejada en su último período ordinario de sesiones, que incluyó un número récord de audiencias y reuniones de trabajo sobre la protección de los derechos de las mujeres. En este marco, se celebraron audiencias sobre la situación de la violencia contra las mujeres en República Dominicana, sobre tendencias de interpretación judicial sobre derechos de las mujeres, sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez (Chihuahua, México), sobre mujeres indígenas, y sobre mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La situación particularmente crítica de estos dos grupos, mujeres indígenas y mujeres privadas de libertad, preocupa a la Comisión.
La discriminación, en sus distintas manifestaciones, no siempre afecta en igual medida a todas las mujeres. Hay mujeres que están expuestas aún en mayor medida a la violación de sus derechos, como las mujeres indígenas, que confrontan varias formas de discriminación desde que nacen, lo que incrementa su vulnerabilidad y exposición a ser abusadas en base a más de un factor. En la audiencia sobre este tema, la CIDH recibió información sobre los efectos agravados de la doble discriminación de la cual son víctimas. En México, por ejemplo, se alegó que las fallas en los servicios de salud afectan de manera particularmente grave a las mujeres indígenas, y se describieron casos de esterilización forzada. Sobre Argentina, se enfatizó la falta de accesibilidad y adecuación cultural de la educación y la necesidad de educación intercultural bilingüe en el país. En torno a Canadá, se presentaron ejemplos de la discriminación de jure y de facto hacia las mujeres indígenas. En el caso de Colombia, la exposición se centró en torno a la situación particularmente crítica de las mujeres indígenas en ese país, quienes, en el marco del conflicto armado, son víctimas de múltiples formas de discriminación y violencia por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres.
En la audiencia sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay la CIDH recibió información acerca de las prácticas discriminatorias contra las mujeres al interior de las cárceles, las deficiencias en los servicios de salud penitenciarios, las barreras en el acceso a actividades formativas, educativas y laborales, y las diversas formas de violencia contra las mujeres y obstáculos para que ellas puedan denunciar los abusos que sufren por parte del personal penitenciario y otras reclusas.
En cambio, la CIDH observó complacida el progreso registrado en las reuniones de trabajo, entre los cuales destacan especialmente los avances trascendentales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa entre el Gobierno de México y los representantes de las víctimas en la petición de Paulina Ramírez Jacinto, en donde los peticionarios alegaron que Paulina Ramírez, de 13 años, fue impedida en su derecho de efectuar un aborto permitido por ley al ser víctima ella y su madre de intimidación y retrasos por parte de agentes del Estado.
La CIDH continuará siguiendo de cerca la evolución de los derechos de las mujeres en la región y la implementación de medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar que las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos en el continente americano.
Washington, D.C., 15 de noviembre de 2006 |
