COMUNICADO DE PRENSA

N° 43/06

CIDH CELEBRA AVANCES EN SOLUCIONES AMISTOSAS Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Durante su 126º período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró varias reuniones de trabajo de peticiones y de casos que están en proceso de solución amistosa, así como de seguimiento del cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de fondo. La CIDH celebra los avances registrados en estas reuniones, y reconoce y agradece la voluntad de diálogo y de entendimiento de los Estados y de los peticionarios para poder progresar en la solución de estos temas. En especial, la CIDH destaca la trascendencia del acuerdo firmado por el Gobierno de Argentina con los peticionarios del caso Correa Belisle, la ratificación del acuerdo entre el Gobierno de México y los representantes de las víctimas en la petición Paulina Ramírez Jacinto, y la firma del acuerdo entre el Gobierno de Perú y jueces y fiscales no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Argentina se compromete a reformar Código de Justicia Militar

La CIDH manifiesta su satisfacción por la firma de un acuerdo amistoso entre el Gobierno de Argentina y el capitán retirado Rodolfo Correa Belisle, que incluye un compromiso para reformar el Código de Justicia Militar a fin de que otorgue a los militares las mismas garantías del debido proceso con que cuentan los civiles. Esta reforma eliminaría el fuero especial para los militares y crearía un nuevo sistema de sanciones respetuoso de los derechos y las garantías de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La CIDH destaca la importancia del acuerdo firmado el 18 de septiembre en Argentina, no sólo para ese país sino para toda la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido en numerosas oportunidades a la necesidad de que varios países de la región reformen la legislación sobre justicia militar. La jurisprudencia del sistema exige que la jurisdicción militar sea empleada única y exclusivamente para juzgar delitos de función de las fuerzas de seguridad y no otras conductas. La Comisión considera que la aprobación del nuevo Código de Justicia Militar no sólo representará un avance sustantivo en términos de adaptación de la legislación argentina a sus compromisos y deberes bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también se convertirá en un referente para otros países de la región. Como expresó la Comisión durante la audiencia, el Código de Justicia Militar de Argentina, una vez reformado según el compromiso asumido en este acuerdo, se convertirá en un referente importante para otros países, a fin de que puedan ajustar su justicia militar a los estándares internacionales y a las exigencias de la justicia en una sociedad democrática.

La CIDH destaca la creatividad de los peticionarios, quienes a partir de un caso individual se plantearon incidir favorablemente en la legislación argentina para que ésta se ajuste a los estándares internacionales, y la voluntad política del Estado de Argentina por cumplir con los compromisos adquiridos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH continuará acompañando el proceso hasta su culminación, incluyendo la aprobación del nuevo Código de Justicia Militar en el Congreso Nacional. La Comisión llama y apoya al Estado argentino para la rápida aprobación del nuevo código, y esperará su sanción para homologar el acuerdo y concluir el caso.

Otro caso en proceso de solución amistosa con los peticionarios y el Gobierno de Argentina es el de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en que las partes informaron sobre algunos avances alcanzados, como por ejemplo el procesamiento de varias personas imputadas en el encubrimiento del atentado, así como los desafíos pendientes, que incluyen la adopción de reformas a la Ley de Inteligencia, la determinación de responsabilidades de los autores materiales y cómplices en el marco de la causa en la que se investiga el atentado, y la puesta en práctica de una Unidad Anticatástrofes y plan de contingencias. Durante la audiencia se acordó una agenda para cumplir con los puntos convenidos.

En otro caso argentino, Menéndez, Caride y otros (conocido como “Los Jubilados”), las partes informaron sobre varias medidas adoptadas en el proceso de solución amistosa en marcha y, en especial, expresaron su satisfacción de que el Congreso argentino haya sancionado el proyecto sobre la reforma a la ley de solidaridad provisional 24.463, cuyo texto fue consensuado en el marco de dicho proceso. De acuerdo con la información presentada, las reformas empezarán a regir en enero de 2007. La Comisión también expresó su satisfacción por este importante paso en el proceso y continuará haciendo el seguimiento del mismo.

Perú avanza en solución para jueces y fiscales no ratificados

La Comisión manifiesta su satisfacción por los esfuerzos del Estado de Perú, que contribuyeron a los éxitos alcanzados en el proceso de solución amistosa con respecto a jueces y fiscales no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. En una reunión de trabajo durante este período de sesiones, el Estado de Perú presentó un nuevo acuerdo de solución amistosa firmado por 50 magistrados y fiscales que, bajo los términos convenidos, podrán volver a ejercer sus funciones. El Estado solicitó a la CIDH que publicara el respectivo informe a fin de proceder a su implementación y manifestó su voluntad de concluir acuerdos de igual naturaleza con el resto de los magistrados y fiscales cuyas peticiones se encuentran en trámite ante la CIDH. La Comisión espera que el Estado progrese hacia una solución integral de todos los reclamos pendientes a la mayor brevedad posible, para incluir en esta solución a todos los jueces y fiscales no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

También tuvo lugar una reunión de trabajo de seguimiento de las recomendaciones del Comunicado de Prensa Conjunto del 22 de febrero de 2001. En aquella oportunidad, el Estado peruano presentó una propuesta amplia para dar solución a 165 casos que estaban bajo la competencia de la CIDH. En la reunión de trabajo durante el reciente período de sesiones, los peticionarios manifestaron los obstáculos que impedían el pleno cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de salud, educación y vivienda, como así también en cuestiones relativas a la justicia. El Estado expresó que, sobre la base de la información recibida, realizaría sus mejores esfuerzos a fin de remover las dificultades identificadas por los peticionarios. 

México avanza en caso sobre derechos de las mujeres

La Comisión celebra los avances en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en la petición de Paulina Ramírez Jacinto, México. Los peticionarios alegaron que cuando Paulina Ramírez tenía 13 años fue impedida en su derecho de efectuar un aborto permitido por ley al ser víctima ella y su madre de intimidación y retrasos por parte de agentes del Estado. Las partes ratificaron un acuerdo de solución amistosa que comprende un reconocimiento público de responsabilidad de parte del Gobierno de Baja California y un importante conjunto de medidas de reparación para la víctima y su hijo, incluyendo gastos judiciales por el trámite del caso, gastos médicos, apoyo financiero para manutención, vivienda, educación y desarrollo profesional, atención psicológica, y reparación por daño moral. La CIDH observa complacida la disposición y colaboración de las partes para resolver esta situación y continuará dando seguimiento al proceso.

En otro orden, la Comisión manifiesta su complacencia por el avance significativo en el proceso de solución amistosa en el caso de Reyes Penagos Martínez, Enrique Flores y Julieta Flores, en Chiapas, México. En la petición se alega que la muerte de Penagos Martínez habría sucedido cuando estaba bajo la custodia de la Policía Judicial del Estado, y que Julieta Flores y su padre, Enrique Flores, habrían sufrido torturas y detención ilegal. El acuerdo incluiría la reparación a la viuda y los hijos de Penagos Martínez y a Julieta y Enrique Flores, un reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado y la investigación de los hechos. La CIDH expresa su satisfacción por la reunión celebrada entre las partes el 3 de noviembre, en que se hicieron efectivas algunas de las medidas de reparación.

Paraguay avanza en prohibición de reclutamiento de menores

La Comisión expresa su satisfacción por los avances alcanzados en el marco del seguimiento de recomendaciones efectuadas a Paraguay en el informe de fondo del caso de Víctor Hugo Maciel, quien murió mientras prestaba el servicio militar obligatorio siendo menor de edad. La víctima padecía de la enfermedad de Chagas y su muerte ocurrió tras un incremento en el esfuerzo físico durante un entrenamiento castrense. La Comisión expresa su satisfacción por la voluntad demostrada por el Estado en impulsar y dar continuidad al cumplimiento total de las recomendaciones, particularmente por el proyecto de ley que busca prohibir de manera absoluta el reclutamiento de menores de 18 años. Asimismo, expresa su complacencia por el reconocimiento público de responsabilidad efectuado por el Estado, así como el pago de una indemnización a los familiares de la víctima.

En otro orden, la Comisión Interamericana expresa su satisfacción por la reunión de trabajo de seguimiento en relación a la situación del Hospital Neuropsiquiátrico en Paraguay. En particular, destaca los avances registrados en el desarrollo de una protección integral a los derechos de las personas con discapacidades mentales en Paraguay, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. La Comisión recibió con satisfacción la Resolución Ministerial presentada por el Estado paraguayo mediante la que se creó una Comisión Técnica Multidisciplinaria de Fortalecimiento de la Reforma de Sistema de la Salud Mental en el marco de la Política Nacional de Salud, y espera que esto contribuya a un proceso de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad mental, con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil.

Se aprueban términos de solución amistosa en caso de Venezuela

La Comisión saluda la aprobación en este período de sesiones de los términos de un informe de solución amistosa en el caso Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola de Venezuela, en que los peticionarios alegaron que las deportaciones de los señores Galarza Mendiola y Echaniz Alcorta se realizaron sin las debidas garantías. La Comisión valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr esta solución, que resulta compatible con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Washington D.C., 8 de noviembre de 2006