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El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Evelio Fernández Arévalos, presentó el Informe Anual de 2005 a la Asamblea General de la OEA.
En el Informe se resaltaron los importantes avances en materia de derechos humanos en el Continente, tales como la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que anula las leyes de obediencia debida y punto final, basada en una recomendación de la Comisión Interamericana; una amplia reforma constitucional en Chile que elimina algunos obstáculos para la participación política igualitaria, también recomendada por la CIDH; la firma de acuerdos e importantes avances en procesos de solución amistosa en casos pendientes ante la Comisión sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México.
En el Informe se destacaron además varios avances normativos en materia de derechos de las mujeres, tales como la adopción de la Ley de Violencia Familiar en Chile; la ratificación por parte de Jamaica de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”; y la ratificación por parte de Honduras y Colombia de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Se subrayó además la importancia del amplio programa nacional de derechos humanos presentado al finalizar el año 2004 en México y las reformas constitucionales aprobadas en Brasil tendientes a modernizar el sistema judicial y a ampliar los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la CIDH tomó nota de los cambios que el Gobierno brasileño está realizando en materia de promoción de la igualdad racial en Brasil.
El Presidente de la Comisión hizo referencia a los serios obstáculos que subsisten para la plena vigencia de los derechos humanos en el Continente, principalmente relacionados con la debilidad del Estado de Derecho en varios países de la región; la difícil situación socioeconómica que afecta a la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA; los problemas estructurales de décadas anteriores referentes a la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos; la fragilidad del Poder Judicial en varios países; así como los gravísimos incidentes de violencia carcelaria que han causado la muerte de decenas de detenidos en la región. Mencionó además que en el año 2005 continuó creciendo la inseguridad ciudadana frente al aumento de la criminalidad, y en muchos casos la respuesta estatal se limitó a poner en práctica políticas de “mano dura” sin atender debidamente a las causas del problema y sin considerar la aplicación de políticas constructivas de prevención y readaptación.
El Presidente de la Comisión se refirió además a aquellos Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecieron atención especial en el Informe Anual de 2005, esto es, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití y Venezuela.
Respecto de Colombia, la Comisión valora los esfuerzos realizados por el Estado en aras a combatir a los actores armados y terminar con la violencia; así como los importantes pasos en materia de protección de los derechos humanos, tales como la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Comisión continúa preocupada por el impacto de la violencia generada por los actores del conflicto armado interno en el respeto de los derechos fundamentales de la población civil en Colombia y, en particular, de los sectores más vulnerables.
El diálogo entre el Estado y el comando mayor negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia ha permitido iniciar un proceso de desmovilización que abre esperanzas en la búsqueda de la pacificación largamente perseguida por los colombianos con el apoyo de la comunidad internacional. Un factor fundamental para el éxito de este proceso es el cese de todas las acciones de grupos paramilitares contra la población civil; lo cual aún no se ha logrado en su totalidad.
Asimismo, la CIDH ha tomado nota de las graves violaciones al derecho internacional humanitario perpetradas por grupos guerrilleros contra la población civil.
La CIDH reconoce que una situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la colombiana requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de negociación. Por ello, para asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Ello requiere el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales.
Respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba durante el año 2005, la Comisión recibió información, en particular, sobre violaciones al debido proceso legal y la falta de independencia del poder judicial; las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en razón de ser disidentes al gobierno; la violación del derecho a la libertad de expresión; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos; la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los habitantes de la isla.
Además, la Comisión reseña en su informe que las sanciones de carácter económico impuestas a Cuba, han generado un grave impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales de los sectores más vulnerables de la población, y que deben terminar.
Con relación al Ecuador, la Comisión resalta las iniciativas adoptadas por el Gobierno del Presidente Palacio, las cuales constituyen un signo positivo para el reestablecimiento de las instituciones domesticas. En este marco, el proceso inédito del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, asegurando una selección transparente y con verificación internacional, constituye un paso importante, sobre todo al haber sido el resultado de un diálogo democrático interno.
Sin perjuicio de estos importantes logros del actual Gobierno, la seguridad del sistema democrático se vio afectada por una inestabilidad política, que si bien no es un producto reciente en la historia del país ni responsabilidad del gobierno actual, ha puesto en evidencia las falencias de una débil estructura de poderes, incapaz de dar respuestas en sus políticas públicas a las reformas estructurales necesarias para la protección de los derechos humanos de la mayoría de la población ecuatoriana.
Durante 2005 la Comisión presenció un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en Haití, debido fundamentalmente al aumento de la violencia causada por grupos y bandas armadas, agravado por el hecho de que el Gobierno, aun con la asistencia internacional, no garantizó la seguridad de la población en todo el país. Aunque se han hecho algunos esfuerzos por aprehender a criminales peligrosos, el hecho de que no se haya desarmado a los grupos y bandas armadas en Haití es una preocupación primordial para la Comisión, no sólo por la amenaza inmediata a la vida e integridad física de los haitianos, sino también porque, en buena parte, el futuro del país depende de que los esfuerzos en pro de la seguridad se hagan efectivos.
Respecto de Venezuela, la Comisión destaca algunas acciones dirigidas a dar cumplimento a decisiones emanadas de los órganos del sistema y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Entre estas acciones se cuentan la sanción de la Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en un caso ventilado en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo demás, la Comisión dio particular atención a las situaciones relacionadas con la administración de justicia: los problemas subyacentes a la provisionalidad de los jueces y de los fiscales del ministerio público, la utilización de la justicia militar para el procesamiento de civiles y la situación de impunidad en particular frente al caso de ejecuciones extrajudiciales, la falta o retardo procesal en las investigaciones de denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, la Comisión debe informar que en el transcurso de 2005 no recibió confirmación de fechas para la realización de una visita a Venezuela. Cabe destacar que desde su visita in loco en el año 2002, la Comisión ha venido solicitando infructuosamente una visita de seguimiento.
Al finalizar su Informe ante la Asamblea General de la OEA el Presidente de la CIDH resaltó el apoyo de los Estados miembros y su colaboración con el trabajo de la Comisión, y renovó su compromiso de trabajar con los Estados miembros en el cumplimiento de su mandato para defender la dignidad humana mediante el ejercicio de su mandato en la protección y la promoción de los derechos humanos.
Santo Domingo, República Dominicana,
6 de junio de 2006 |
