COMUNICADO DE PRENSA

N° 32/05

EL RELATOR ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR SUCESOS VIOLENTOS REGISTRADOS EN DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS GUATEMALTECOS

El Relator Especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad, Dr. Florentín Meléndez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los sucesos violentos registrados el 15 de agosto de 2005, de manera casi simultánea en cuatro centros de detención en Guatemala. El Relator Especial expresó sus condolencias a los familiares de los jóvenes detenidos que perdieron la vida en dichos hechos.

          Según la información pública, en la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil de Escuintla, como en la Granja de Rehabilitación Pavón, en la Granja Canadá y en el Centro Preventivo de Mazatenango, se registraron enfrentamientos violentos entre grupos de “pandilleros”, conocidos como “maras”, que habrían dejado como saldo más de 30 muertos y de 80 heridos. Conforme la información de prensa, los pandilleros utilizaron granadas de fragmentación, armas de fuego y machetes durante los motines.

Desde el año 2000 la CIDH ha expresado que las condiciones inhumanas y la falta de personal idóneo y capacitado, junto con la falta de supervisión, conducen a actos de violencia interna, protestas, huelgas y reiteradas fugas que generan un sentimiento de inseguridad cada vez mayor entre la ciudadanía. En relación con la situación de los detenidos asociados con las “maras” o “pandillas”, en la visita realizada en noviembre de 2004 por el Relator Especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad a Guatemala, observó que se les da un trato caracterizado por el abandono, el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y de acceso a cuidados médicos y psicológicos, así como por la falta de supervisión judicial y de proyectos específicos dirigidos a su rehabilitación. En particular, llamó la atención del Relator la ausencia de una política penitenciaria para los jóvenes en conflicto con la ley.

El Relator Especial considera que los graves problemas estructurales que afectan el sistema penitenciario guatemalteco, aunado a las especialmente precarias condiciones en las que se encuentran recluidos los niños y adolescente en conflicto con la ley, así como a la falta de controles efectivos para evitar el ingreso de armas a los centros de detención constituyen factores determinantes de los sucesos violentos del 15 de agosto, que califica de extrema gravedad.

En el entendido de que el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, el Relator Especial insta al Estado guatemalteco a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país. En particular, el Estado debe asegurar el control de la fuerza y la disciplina en los centros de detención. Asimismo, debe evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro, mediante las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Washington D.C., 16 de agosto de 2005