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COMUNICADO DE PRENSA
N° 18/03
LA CIDH |
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena los hechos de violencia que
se registraron el jueves 24 de
julio de 2003, en Guatemala que incluyeron la utilización de la fuerza por
parte de manifestantes con los rostros cubiertos, que portaban armas de fuego,
palos y machetes. Los manifestantes rodearon de manera intimidatoria la Corte de
Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral
y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras oficinas públicas, así
como empresas privadas, medios de comunicación y oficinas de organizaciones de
derechos humanos. La
Comisión lamenta la muerte del periodista de Radio Sonora y Noti 7, Héctor Ramírez.
Asimismo, condena los graves incidentes de violencia contra los comunicadores
sociales entre los que se incluyen el rociamiento con gasolina, golpes y destrucción de equipos fotográficos. La Comisión
considera que los actos de agresión contra los comunicadores sociales y medios
de comunicación constituyen una amenaza al ejercicio de la libertad de expresión
y surte un efecto negativo sobre el ejercicio de otros derechos humanos de toda
la población. Estos
hechos acrecientan la preocupación expresada por la CIDH en torno a la vigencia
del Estado de Derecho, durante su visita a Guatemala el pasado mes marzo y en el
comunicado de prensa del día de ayer. En
el contexto del proceso electoral que culminará con las elecciones generales de
noviembre de 2003, el persistente deterioro del Estado de Derecho adquiere
particular intensidad. La
Comisión Interamericana hace un llamado urgente a las autoridades del Gobierno
de Guatemala para que asegure la vida e integridad física de todos los
guatemaltecos y el orden público dentro del pleno respeto de los derechos
humanos. La
Comisión insta al Estado de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho en los términos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática
Interamericana, en particular el desarrollo de las elecciones sin intimidaciones
ni coerciones y la transparencia en todas las decisiones, administrativas y
judiciales, que puedan afectarlo. Washington, D.C., 25 de julio de 2003 |