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COMUNICADO DE PRENSA
N° 15/03
RELATOR DE LA CIDH FINALIZA VISITA DE TRABAJO A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA |
En
el día de la fecha, el Profesor Robert K.Goldman –miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para los asuntos de la República
de Colombia— finalizó una visita de trabajo de diez días a ese país.
La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados
Americanos con sede en Washington DC, con el mandato de promover y proteger los
derechos humanos en la región. La
Comisión Interamericana es un ente colegiado, compuesto por siete expertos
elegidos en su calidad individual por los Estados miembros de la OEA, y su
jurisdicción se deriva de la Carta de dicha Organización y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales Colombia es parte desde
hace ya varias décadas. El
Comisionado Goldman, quien contó con el apoyo técnico y logístico de tres
funcionarias de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, mantuvo reuniones con
autoridades nacionales y locales, visitó los departamentos de Antioquia, Córdoba
y Chocó, y recibió diversos testimonios de personas, representantes
comunitarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo
principal de informarse a fondo sobre la situación en la Comuna Trece de la
ciudad de Medellín, y verificar el cumplimiento con las medidas cautelares
otorgadas a favor del pueblo indígena Embera Katío y a favor de comunidades
afrocolombianas reasentadas en el Cacarica.
Las medidas cautelares son un mecanismo principalmente orientado a la
protección de la vida y la integridad física de personas o grupos de personas,
invocado por la CIDH a solicitud de los afectados, toda vez que ésta considera
que la urgencia generada por una situación de peligro inminente, así como la
gravedad e irreparabilidad de sus posibles consecuencias, justifican solicitar
al Estado la adopción de medidas especiales de protección y la investigación
judicial de los hechos de violencia que demuestran la pertinencia de la medida.
Durante la visita, la delegación de la CIDH contó con garantías para
efectuar su labor de observación con total libertad y en condiciones de
seguridad, así como con la mayor disposición por parte de los ministros,
funcionarios y miembros de la fuerza pública entrevistados. Durante
su estadía, la delegación de la CIDH tuvo la oportunidad de visitar varios
barrios de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, así como también de recibir
testimonios de miembros de la comunidad sobre asesinatos selectivos,
desapariciones forzadas y otros actos de violencia e intimidación alegadamente
perpetrados por grupos paramilitares a pesar de la presencia de la fuerza pública.
En forma consistente se indicó a la CIDH que muchos de estos hechos no
han sido denunciados ante las autoridades judiciales debido al temor de la
población a ser víctima de represalias. La
CIDH completó su observación mediante una serie de entrevistas con autoridades
de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría a
nivel local, así como con el comandante de la IV Brigada del Ejército y el
comandante de la Policía. El
Relator de la CIDH para Colombia reconoció los esfuerzos de la fuerza pública,
en particular de la Policía Nacional, por reestablecer la autoridad del Estado
y el orden en una Comuna cuyos habitantes se han visto, por años, gravemente
afectados por actividades delictivas de grupos tales como las FARC y el ELN,
entre otros. Sin embargo, expresó
preocupación por la posible consolidación de la presencia de grupos
paramilitares que continuarían involucrados en la comisión de graves crímenes
en la Comuna Trece. El Profesor
Goldman instó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para desmontar
las estructuras paramilitares que operan en la zona, establecer al Estado como
sola autoridad y acabar con el clima de inseguridad y temor que interfiere e
impide la investigación por parte de las autoridades judiciales de asesinatos
selectivos y desapariciones perpetrados desde que la fuerza pública estableció
su presencia en la zona. Asimismo
se plantearon inquietudes relacionadas con el desarrollo de los procesos
judiciales en contra de los detenidos, en una serie de operativos practicados
por la fuerza pública, con la intervención del CTI y la Fiscalía. La
delegación de la CIDH se desplazó asimismo a Tierralta, en el departamento de
Córdoba, con el fin de visitar al pueblo indígena Embera Katío.
Las autoridades tradicionales, líderes y miembros de las diferentes
comunidades Embera Katío viven en un clima de amenazas y señalamientos por
parte de las FARC y otros grupos armados al margen de la ley que pretenden
controlar su territorio ancestral. Estas comunidades se encuentran protegidas por medidas
cautelares desde el 4 de junio de 2001, tras la desaparición del líder indígena
Kimy Pernía Domicó. La delegación
de la CIDH recibió información sobre el cumplimiento con las medidas de
protección y de esclarecimiento judicial de los actos de violencia e intimidación
perpetrados contra esta comunidad. La
información recibida indica que, a pesar de la vigencia de las medidas
cautelares, los Embera Katío continúan en situación de peligro inminente según
demuestra el asesinato del gobernador de la comunidad de Porremía, Augusto Lana
Domicó, el 18 de abril de 2003 y las amenazas de muerte proferidas contra
varios gobernadores y líderes que se han visto forzados a desplazarse de sus
comunidades. Durante
la visita de trabajo a Tierralta, la delegación de la CIDH celebró encuentros
con autoridades tradicionales y líderes del pueblo Embera Katío e Isabel
Madariaga, abogada de la Relatoría de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas,
se adentró en uno de sus resguardos. Como
parte de su observación, la delegación se entrevistó tanto con autoridades
civiles como de la fuerza pública en Tierralta y Montería, con el fin de
profundizar el diálogo sobre las dificultades encontradas en la implementación
de las medidas cautelares. Como
resultado de su observación, la CIDH instó tanto a autoridades locales como
nacionales a concertar con las comunidades indígenas y hacer efectivo en forma
inmediata un esquema de protección que contemple la especial relación que los
pueblos indígenas tienen con su territorio.
En ese sentido, la CIDH valoró la Circular 2064 del 4 de marzo de 2003,
emitida por el Ministerio de Defensa con el objeto fortalecer la política de
promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por
la fuerza pública e hizo votos para que se implementara en forma eficaz. La
delegación de la CIDH se desplazó también hacia los márgenes del río
Cacarica en el norte del Chocó, con el fin de visitar la comunidad de vida y de
trabajo “Nueva Vida”, cuyos miembros se encuentran protegidos por medidas
cautelares desde diciembre de 1997. Esta
comunidad afrodescediente se encuentra reasentada en territorio titulado
colectivamente, tras varios años de desplazamiento producto inicial de un
bombardeo perpetrado en 1996 en la localidad de Riosucio.
Durante su estadía la delegación recibió información y testimonios
sobre asesinatos, torturas, actos de violencia e intimidación perpetrados
contra miembros de la comunidad por parte de grupos paramilitares que operan en
la zona, a pesar de la presencia de la Brigada XVII del Ejército.
Asimismo, representantes de las comunidades en Dabeiba y Naya –también
protegidos por medidas cautelares— Jugiamiandó y Curbaradó –cobijadas por
medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos— se hicieron presentes con motivo de la visita de la CIDH con el fin
de proveer información sobre su situación. El
Relator de la CIDH notó con preocupación las consistentes denuncias sobre
agresiones por parte de grupos paramilitares, alegadamente perpetradas con la
aquiescencia y colaboración de la fuerza pública que opera en la región.
Asimismo, recibió información sobre el fenómeno de la deforestación
del territorio colectivo y sobre los actos de hostigamiento destinados a forzar
a algunas de estas comunidades a plegarse a la siembra de palma africana como clásico
preludio a la introducción de cultivos de uso ilícito.
Asimismo resaltó la vital importancia de la labor de acompañamiento que
las Brigadas Internacionales de Paz han llevado a cabo a favor de las
comunidades afrodescendientes del Chocó y el positivo efecto que ha tenido en
su protección. En
sus encuentros en la ciudad de Bogotá con el Vicepresidente de la Nación,
Francisco Santos, la Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, el
Ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, el Viceministro de Defensa,
Andrés Peñate Giraldo, y el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio,
el Relator de la CIDH para Colombia planteó sus inquietudes y preocupaciones
con relación a estos temas, así como a la implementación del mecanismo de
medidas cautelares en general, el cual se aplica actualmente a varias decenas de
situaciones de grave riesgo que involucran a comunidades indígenas y
afrodescendientes, defensores de derechos humanos, líderes sociales,
sindicalistas y periodistas, entre otros. El
Relator de la CIDH enfatizó la importancia de que las partes interesadas
colaboren en la eficaz implementación de estas medidas en un clima de
concertación y diálogo. Asimismo
ofreció sus buenos oficios en la tarea de superar cierto clima de tensión
entre órganos del Estado involucrados en la lucha contra la impunidad y
representantes de víctimas afectadas por la violencia y de esa forma abrir
espacios para lograr objetivos comunes. Cabe
resaltar que muchas de estas medidas cautelares han debido ser otorgadas con el
objeto de prevenir actos de violencia por parte de grupos paramilitares, muchas
veces, en zonas del país que cuentan con la presencia de la fuerza pública.
La delegación de la CIDH expresó su preocupación por las continuas
denuncias sobre aquiescencia o cooperación de miembros de la fuerza pública
con las autodefensas en la comisión de actos de intimidación y violencia
contra personas o grupos de personas cobijadas por estas medidas y la falta de
investigación judicial efectiva que ha impedido esclarecimiento y reparación
de muchos de estos actos. La
delegación de la CIDH aprovechó este contacto para plantear otros temas y
preocupaciones tales como la necesidad de apoyar la labor de los defensores de
derechos humanos conforme a las resoluciones adoptadas tanto en el ámbito de la
Organización de los Estados Americanos como de las Naciones Unidas.
También reiteró la importancia de compatibilizar cualquier medida
destinada a regular la lucha contra grupos armados al margen de la ley con los
parámetros establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
la interpretación plasmada por la CIDH en su reciente “Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos”. En
este sentido, aseguró a las autoridades que seguirá de cerca tanto la aprobación
como la implementación y aplicación de este tipo de normas. La delegación de la CIDH mantuvo asimismo un cordial encuentro con el Presidente de la Corte Constitucional, doctor Eduardo Montealegre Lynett, con el objeto de comentar los últimos avances jurisprudenciales impulsados por ese cuerpo y expresar su apoyo a la importante labor desplegada por sus jueces. Asimismo, mantuvo reuniones tanto con el Defensor del Pueblo como con el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objeto de debatir temas de interés común. Entre las varias reuniones de trabajo mantenidas durante la visita, se destaca el encuentro destinado a consolidar la labor realizada con el fin de llegar a una solución amistosa en el caso de la Unión Patriótica, el cual fuera declarado admisible por la CIDH en 1997 y ha sido objeto de intensas negociaciones desde 1998, bajo los buenos oficios de la CIDH. Tanto la delegación de la CIDH como la representante de la Relatoría Especial para los Pueblos Indígenas, mantuvieron también una serie de reuniones con líderes y organizaciones indígenas de vastas regiones del país donde se recibió información sobre asesinatos, masacres, desplazamientos así como sobre la precaria situación alimentaria, de salud y educación que afecta el derecho de los pueblos indígenas a la supervivencia cultural. Hacia el final de la
visita, el Relator de la CIDH resaltó los desafíos que enfrenta el Gobierno
del Presidente Álvaro Uribe Vélez en sus esfuerzos por lograr la paz y la
desmovilización de miembros de los grupos armados al margen de la ley.
En este sentido, enfatizó el deber del Estado de abstenerse de adoptar
medidas que dejen impunes crímenes de lesa humanidad u otras graves violaciones
al derecho internacional humanitario. Por último, el Relator
expresó su agradecimiento por la colaboración recibida durante el desarrollo
de la visita, así como por la disposición al diálogo constructivo sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia y las medidas propuestas por el
Gobierno para mejorarla. Bogotá,
27 de junio de 2003 |