COMUNICADO DE PRENSA

N° 11/03

La Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el asesinato de Diego Xon Salazar, sacerdote maya y defensor de derechos humanos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien trabajaba y vivía en la aldea Chamanchaj del Municipio de Chichicastenango de Guatemala, así como por la seguridad del señor Mario Polanco, director del GAM y de su esposa, Nineth Montenegro, Diputada guatemalteca.

Según la información recibida por la Unidad de Defensores, el señor Diego Xon Salazar fue secuestrado el pasado jueves 3 de abril de 2003 y encontrado asesinado el 5 de abril, con heridas de bala. La información indica que el señor Xon habría recibido amenazas de muerte desde el mes de marzo de 2000. En los últimos meses el señor Xon, había realizado varias denuncias relacionadas con la reorganización de las ex patrullas de autodefensa civil (PAC) en el departamento del Quiché.

Asimismo la Unidad de Defensores recibió información sobre un allanamiento ilegal y robo registrado en la casa del señor Mario Polanco y la señora Nineth Montenegro. El 7 de abril de 2003 varios hombres se presentaron en la casa del señor Polanco y robaron todos sus archivos personales y su equipo informático, esenciales para su trabajo en derechos humanos.

Luego de su visita a Guatemala el pasado mes de marzo, la CIDH manifestó su preocupación ante ciertos alarmantes indicios acerca de la posibilidad de retrocesos en los progresos alcanzados hacia la consolidación del Estado de Derecho. En particular la Comisión señaló que se ha producido un incremento significativo en las intimidaciones hacia los defensores de derechos humanos y operadores de justicia, que incluye registros ilícitos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, robo de equipos e información, amenazas de muerte, ataques contra la integridad física, seguimientos, secuestros, e inclusive asesinatos. La CIDH reitera que el Estado guatemalteco tiene el deber de investigar estos hechos y castigar a los responsables.

La CIDH recuerda que durante la última Asamblea General de la OEA realizada en Barbados en junio de 2002, los Estados miembros adoptaron una resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas, por medio de la cual acordaron condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificulten las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas. En la misma resolución se exhorta a los Estados Miembros que intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos, de acuerdo con su legislación nacional y de conformidad con los principios y normas reconocidos internacionalmente.

Washington, D.C., 11 de abril de 2003.