COMUNICADO DE PRENSA

No. 30/02

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culmina el día de hoy una visita a la República de Guatemala realizada entre el 23 y el 26 de julio de 2002. La visita tuvo por objeto evaluar la situación de los defensores derechos humanos en Guatemala.

La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, compuesto de siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de dicha Organización.  La Comisión tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio conforme a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Guatemala es parte desde 1978. La delegación de la CIDH estuvo compuesta por la Lic. Susana Villarán, Comisionada y Relatora para Guatemala, el Dr. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, María Claudia Pulido abogada de la Comisión a cargo de los asuntos de Guatemala y Andrea Galindo abogada de la Comisión e integrante de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos.

Durante su visita la delegación de la CIDH se entrevistó con el señor Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo; con el señor Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Reyes y demás miembros del Gabinete de Seguridad, el Presidente de la Corte Suprema, Dr. Carlos Alfonso Álvarez Lobos; el Procurador de Derechos Humanos, Dr. Julio Arango Escobar; el Procurador electo de Derechos Humanos, Dr. Sergio Morales; el Fiscal General de la Nación, Dr. Carlos David de León Argueta ; y con la Fiscal Especial para Defensores de Derechos Humanos, Dra. Tatiana Morales.

Asimismo, la delegación se entrevistó con integrantes del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, con organizaciones dedicadas a derechos del niño y de mujeres, con antropólogos forenses, con representantes de organizaciones sociales pertenecientes a los movimientos campesino y sindical, así como con miembros de la Comisión Consultiva Maya.  La delegación de la CIDH participó también de la II Consulta Latinoamericana sobre Defensores de Derechos Humanos y del Taller Nacional de Defensores de Derechos Humanos.

La Comisión agradece la cooperación y las facilidades provistas por el Gobierno de Guatemala, así como la información brindada tanto por los funcionarios del Estado, como por las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales con los cuales se reunió. 

La situación de los defensores de derechos humanos es una de las preocupaciones principales de la CIDH.  En diciembre del 2001 se creó la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección brindados por el sistema interamericano a los defensores de derechos humanos de la región.  Asimismo, los gobiernos del hemisferio, por medio de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA 1818/01 y  1842/02, expresaron su preocupación por la situación de los defensores y  solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “continúe prestando la debida atención a la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas y que considere la elaboración de un estudio integral sobre la materia”.

La Comisión desea destacar los logros alcanzados por el Gobierno de Guatemala en varios casos y medidas cautelares pendientes ante la Comisión. Asimismo, a través de procedimientos de soluciones amistosas se ha avanzado a favor de víctimas del conflicto armado y se ha fortalecido el sistema interamericano.

En el marco de la colaboración existente entre el Gobierno y la CIDH, y con el objetivo de contribuir a  la búsqueda de una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos guatemaltecos, la Comisión, en atención a las Resoluciones de la Asamblea General y sobre la base de las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento las siguientes observaciones preliminares.

En primer lugar, la Comisión resalta la importancia del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho para la efectiva protección de los derechos humanos. En una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.

 La democracia y el Estado de Derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos en una sociedad.   Una de las amenazas principales para la vigencia del Estado de Derecho es la impunidad. La Comisión ha llamado reiteradamente la atención en sus informes sobre Guatemala acerca de la existencia de una impunidad estructural en el sistema de justicia guatemalteco que afecta gravemente la vigencia del Estado de Derecho.  Durante la presente visita la Comisión ha comprobado que no existen avances significativos en la investigación y sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, lo que constituye uno de los factores más importantes para la persistencia de la impunidad en la sociedad guatemalteca.

La Comisión exhorta al Estado a dedicar atención prioritaria y voluntad política para superar la situación de impunidad, para lo cual considera de crucial importancia fortalecer los mecanismos de investigación.  En este sentido, es necesario otorgar los recursos humanos y materiales a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio Público y en especial a la recientemente creada Fiscalía Especial sobre Derechos Humanos. La circunstancia que estos tres funcionarios hayan comenzado su gestión hace menos de dos meses, o estén a punto de iniciarla, representa una oportunidad que debe ser aprovechada inmediatamente para iniciar un proceso orientado a poner fin a la impunidad existente.

En particular, la Comisión desea expresar su más profunda preocupación por el aumento significativo de ataques sistemáticos que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las tareas de los defensores de derechos humanos.  En los últimos meses, la Comisión recibió abundante información que evidencia un patrón de intimidación hacia los mismos.  Asimismo, durante la presente visita la Comisión ha sido informada sobre más de 100 ataques y actos de intimidación contra defensores, operadores de justicia, testigos y dirigentes sociales registrados en el curso del año 2002. Entre dichos ataques se encuentran registros ilícitos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, robo de equipos e información, amenazas de muerte proferidas por teléfono y por escrito, ataques contra la integridad física, seguimientos, secuestros, y, en algunos casos, asesinatos.  Según la información recibida por la Comisión, a la fecha ninguno de los responsables de estos ataques ha sido llevado a juicio.

De otra parte, la Comisión expresa su profunda preocupación por la reorganización de grupos de ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y la existencia de estructuras clandestinas vinculadas con el Estado o vinculadas a intereses económicos o de otro orden, que actúan con la participación o tolerancia de agentes estatales.

Uno de los compromisos cruciales del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos es que el Estado debe combatir cualquier manifestación de fuerzas de seguridad ilegales, de estructuras de poder paralelas y tener un mayor control de la posesión y uso de armas de fuego.  Es indispensable que el monopolio de la fuerza sea mantenido exclusivamente por quienes tienen mandato constitucional, y que las autoridades responsables apliquen la debida diligencia para investigar, enjuiciar y sancionar a los integrantes de los llamados “grupos clandestinos".

La Comisión registra con preocupación la ausencia de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, en particular los defensores de derechos humanos. Luego de 36 años de conflicto armado  que ocasionó la perdida de cientos de miles de guatemaltecos, la sociedad conoce a la perfección las graves consecuencias de la polarización y la ausencia de diálogo. La Comisión insta a todos los sectores a superar la desconfianza existente y a entablar un dialogo que permita encontrar soluciones concretas a los problemas que afectan no sólo a los sectores más vulnerables sino a toda la sociedad. 

La impunidad, la debilidad de las instituciones de control, la movilización de las PAC, la existencia de grupos clandestinos, y en particular los actos intimidatorios en contra de los defensores de derechos humanos, representan un preocupante deterioro de las condiciones para ejercer la defensa de los derechos humanos, que afecta seriamente a la sociedad guatemalteca. 

Para finalizar, la Comisión desea remarcar que en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho, los defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico. El accionar de los defensores, a través de la defensa de individuos y grupos de personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a importantes sectores de la sociedad y del necesario control que ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, entre otras actividades, los convierte en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.

Cuando los defensores de derechos humanos son silenciados por la intimidación y el miedo, se priva a miles de personas de la oportunidad para encontrar respuestas a las violaciones e injusticias en que se encuentran sometidos vastos sectores de la sociedad. La Comisión aprovecha esta oportunidad para felicitar a los defensores de derechos humanos que en forma incansable y desinteresada trabajan para alcanzar una sociedad más justa.

  La Comisión continuará observando de manera muy atenta la situación de los defensores de derechos humanos y elaborará un informe que oportunamente hará de conocimiento público.  La visita que culmina en el día de hoy constituyó una oportunidad inmejorable para cumplir este fin, así como para profundizar el dialogo, que dentro del marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la sociedad guatemalteca.  La Comisión reitera su ofrecimiento de colaborar para contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional.

Guatemala, 26 de julio de 2002