COMUNICADO DE PRENSA

No. 26/02

1.       La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto fin a su visita  a la República de Haití, efectuada por invitación del Gobierno de ese país y en el marco de la Resolución 806 de la OEA. La delegación estuvo formada por el responsable de la Comisión, Sr. Clare K. Roberts, el Secretario Ejecutivo de la misma, Sr. Santiago A. Cantón, el Relator para la Libertad de Expresión, Sr. Eduardo Bertoni, la Especialista Principal, Sra. Christina Cerna, y la Especialista en Asuntos Haitianos, Sra. Raquel Poitevien.

2.       La CIDH es uno de los principales órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato consiste en promover la vigencia de los derechos humanos en todo el Hemisferio. La Comisión agradece al Gobierno de Haití por todas las facilidades proporcionadas para el cumplimiento de la presente visita y por la invitación de volver a visitar periódicamente el país a fin de realizar el seguimiento. La presente visita de la CIDH se ha realizado en el marco de la Resolución 806 de la OEA del 15 de enero de 2002, a fin de restablecer un clima de confianza y de seguridad, de modo de resolver la crisis política en Haití. La CIDH, en el contexto de sus atribuciones, ha recibido el mandato de evaluar e informar sobre la situación actual de los derechos humanos y sobre los hechos que tuvieron lugar el 17 de diciembre de 2001. Esas actividades se realizaron en estrecha colaboración con las restantes entidades de la OEA y con el Secretario General de la OEA en Haití, respetando al mismo tiempo la autonomía e independencia de las actividades de la CIDH.

3.       En el curso de la visita, la delegación mantuvo encuentros con las autoridades del Gobierno haitiano, los representantes de la oposición y la sociedad civil. La delegación se reunió asimismo con el Presidente de la República, Sr. Jean Bertrand Aristide; el Primer Ministro, Sr. Yvon Neptune; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Justicia y Seguridad Pública; el Ministro del Interior y de las Colectividades Territoriales; el Director General de la Policía Nacional de Haití; el Inspector General de la Policía Nacional, y el Secretario de Estado de Seguridad Pública. La delegación se reunió también con los representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, entre los cuales los representantes de las organizaciones no gubernamentales, los representantes de diferentes partidos políticos, los representantes de las Iglesias Católica y Protestante, y los representantes de la prensa. También mantuvo encuentros con los representantes del Programa de las Naciones Unidas en Haití, los representantes de la USAID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La delegación agradece igualmente las opiniones del Grupo de Amigos de Haití sobre las condiciones actualmente imperantes.

4.       La Comisión ha tomado nota del contexto difícil en que vive la sociedad haitiana, que se manifiesta en la pobreza extrema de la mayor parte de la población, las elevadas tasas de analfabetismo, la elevada tasa de mortalidad materno-infantil y la desnutrición, entre otros aspectos. Es conveniente señalar que todas esas circunstancias crean una situación de crisis social y representan de por sí una serie de violaciones de los derechos humanos de la población. En ese contexto, el respeto efectivo de los derechos humanos no abarca solamente los derechos cívicos y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, que constituyen un desafío de gran envergadura que no puede resolverse sin una participación profunda y un plan concreto de desarrollo por parte del Gobierno haitiano, con la colaboración de diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

          5.       La Comisión expresa su profunda preocupación por la debilidad del Estado de Derecho y del proceso democrático, principalmente en algunos ámbitos que han sido evaluados en el curso de la presente visita. La Comisión desea hacer mención, en especial, a la falta de independencia del Poder Judicial, la impunidad, el estado de inseguridad de los ciudadanos, la existencia de grupos armados que actúan con total impunidad y las amenazas de que han sido objeto algunos periodistas. Todos esos aspectos obedecen a la falta de diálogo entre los principales sectores de la sociedad y representan una debilidad evidente de los pilares fundamentales para el establecimiento de un Estado de Derecho según los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana.

          6.       La Comisión expresa la importancia y la urgencia, conforme a las obligaciones internacionales previstas en la Convención Americana, de acelerar el proceso de cambio de la grave situación en que se encuentra el sistema judicial, debido principalmente a su falta de independencia, a la impunidad existente y a restricciones presupuestarias y logísticas.

7.       La Comisión ha tomado conocimiento de las declaraciones del Presidente Aristide con respecto a la “Tolerancia Cero”. No es de competencia de la Comisión formular recomendaciones sobre el tipo de política criminal que eligen los gobiernos. No obstante, en el ámbito de sus atribuciones, desea recordar que es fundamental, en la aplicación de la política criminal elegida, respetar los derechos individuales de todas las personas.

8.       En ese contexto, la Comisión expresa que es indispensable que el monopolio de la fuerza esté exclusivamente en manos de la fuerza de seguridad pública. Es esencial realizar investigaciones sobre la existencia de grupos armados y proceder a su desarme del modo más completo y rápido posible. La Comisión reconoce como un acto positivo las recientes declaraciones del Presidente Aristide, en que anunció la puesta en marcha de un programa de desarme a nivel nacional. La Comisión seguirá de cerca el avance de ese programa, que considera esencial para lograr un mayor respeto de los derechos de la persona humana.

9.       La Comisión expresa su viva preocupación por la falta de avance en las investigaciones iniciales relativas a los asesinatos de los periodistas Jean Dominique y Brignol Lindor. La impunidad en el caso de esos periodistas asesinados contribuye de manera significativa a la perpetración de actos de violencia contra los periodistas. Por otra parte, las informaciones recogidas indican que si bien en Haití es posible formular críticas a las autoridades, en algunos casos esas críticas pueden tener como consecuencia amenazas que ponen a los periodistas en situación vulnerable, lo que tiene como efecto impedirles realizar su labor.

          10.     La CIDH reitera su oferta de colaborar con el Gobierno y con la sociedad civil en su conjunto, a fin de contribuir a reforzar la defensa y la protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional. Espera regresar muy pronto para realizar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones presentadas en este comunicado.

Puerto Príncipe, viernes 31 de mayo de 2002

ANEXO

OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA CIDH

AL CONCLUIR SU VISITA EN HAITI

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó una visita in loco a la República de Haití, la cual fue realizada por invitación del Gobierno de Haití y en cumplimiento de la Resolución 806 de la OEA.  La delegación estuvo compuesta por el Comisionado Clare K. Roberts,  el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, el Relator para la Libertad de Expresión,  Eduardo Bertoni, la Especialista Principal, Christina Cerna y la Especialista responsable de los asuntos de Haití,  Raquel Poitevien.

La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en el hemisferio y cuyas atribuciones se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República de Haití.  La Comisión está compuesta de siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA.  La Comisión lleva acabo investigaciones y tramita denuncias sobre violaciones de derechos de la persona, efectúa visitas in loco, elabora proyectos de tratados y declaraciones relativos a los derechos de la persona, así como informes sobre la situación de los derechos de las personas de los países de la región.

La Comisión agradece al Gobierno de Haití todas las facilidades que ha brindado para la realización de la presente visita y la invitación para visitar el país periódicamente con la finalidad de hacer seguimiento.  La presente visita de la CIDH se realiza dentro del marco de la Resolución 806 de la OEA del 15 de enero de 2002. Esta Resolución fue elaborada con la activa colaboración del Estado haitiano y adoptada en el seno de la Organización de los Estados Americanos.  El propósito de esta resolución es restaurar un clima de confianza y seguridad para resolver la crisis política en Haití a través de varios mecanismos:  1) la creación de una Misión Especial para fortalecer la democracia;  2) la realización de  una investigación independiente sobre los sucesos del 17 de diciembre de 2001 a través de la Comisión de Investigación Independiente;  y  3) la reparación a los individuos y las organizaciones que sufrieron daños como resultado directo de la violencia que se desató en esa fecha.  La Comisión Interamericana, dentro del área de su competencia recibió el mandato de analizar e informar sobre las condiciones actuales de los derechos humanos y los sucesos relacionados con el 17 de diciembre de 2001.  Estas actividades se realizan  en estrecha colaboración con las demás entidades de la OEA anteriormente descritas y con el representante del Secretario General de la OEA en Haití, respetando la autonomía e independencia de las actividades que realiza la CIDH.

Durante su visita, la delegación se entrevistó con el Presidente de la Republica, señor Jean Bertrand Aristide y con el Primer Ministro, señor Yvon Neptune. También se entrevisto con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y Seguridad Publica, el Ministro del Interior y de las Colectividades Territoriales, el Director General de la Policía Nacional de Haití, el Inspector General de la Policía Nacional y el Secretario de Estado de la Seguridad Publica.  Asimismo, la delegación se reunió también con representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellas representantes de organizaciones no-gubernamentales de la Plataforma de Organizaciones haitianas de derechos de la persona. Asimismo, se entrevistó con representantes de diferentes partidos políticos de la oposición agrupados en la Convergencia Democrática y representantes de las iglesias católica y protestante.

Asimismo, la CIDH se reunió con representantes de la Federación Haitiana de Prensa, la Asociación de Periodistas de Haití y la Asociación de Mujeres Haitianas Periodistas. Además, la CIDH se reunió con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Haití y representantes de USAID. La delegación también agradece los puntos de vista sobre las condiciones actuales ofrecidas por el Grupo de Amigos de Haití.

La  CIDH ha seguido muy de cerca la situación de los derechos humanos en Haití. En los últimos cuatro años la CIDH ha realizado varias visitas y ha producido informes y documentos sobre la situación de los derechos humanos en Haití. La Comisión continuara realizando visitas en forma periódica, y oportunamente producirá los informes de las mismas.  En consideración de la periodicidad de las visitas, la Comisión analizará oportunamente, dentro de sus atribuciones convencionales y estatutarias,  distintos derechos que normalmente forman parte de los informes de la Comisión, como ser los derechos de la mujer, derechos de los niños, situación carcelaria y otros.

En esta oportunidad la Comisión se ha concentrado principalmente en algunos aspectos sobre el Estado de Derecho en Haití que considera de suma importancia para lograr una vigencia plena de los derechos humanos en Haití.  Particularmente, la Comisión se ha concentrado en la independencia del Poder Judicial, la impunidad, la seguridad ciudadana y la libertad de expresión.

Sin perjuicio de ello, en el marco de la colaboración existente con el  Gobierno y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor  protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos haitianos, la Comisión, con base en las funciones y atribuciones que le otorga el artículo  41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento sus observaciones preliminares sobre las impresiones recogidas antes y durante la presente visita.

En primer lugar, la Comisión desea subrayar la difícil coyuntura en la cual se desarrolla la vida cotidiana de la sociedad haitiana.  La extrema pobreza en la cual vive la mayoría de la población, las tasas elevadas de analfabetismo, la alta tasa de mortalidad materno-infantil, la malnutrición, entre otros aspectos, crean una situación de crisis social y representan en sí mismos una seria violación a los derechos humanos de la población de Haití.  En este contexto, el respeto efectivo de los derechos humanos, no sólo comprende los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Su vigencia efectiva constituye un desafío de gran alcance, el cual no puede enfrentarse con éxito sin un profundo compromiso y un plan concreto de desarrollo del gobierno haitiano y sin la colaboración de los diversos sectores de la sociedad y sin el apoyo solidario de la comunidad internacional.

La Convención Americana señala en su preámbulo que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".  Asimismo, en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador se ha  señalado la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Por ello, exigen una tutela y promoción  permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. 

A.        Estado de Derecho en Haití

La CIDH desea resaltar la importancia del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho para la efectiva protección de los derechos humanos. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.

La democracia se asienta sobre el principio de que es el pueblo el titular de la soberanía política, y que en ejercicio de esa soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político, respetando el derecho a las minorías. Los representantes ejercen así un mandato de sus representados, que aspiran a tener una vida digna, en libertad y democracia, que solamente se alcanza con el control efectivo del poder público y los equilibrios necesarios entre los órganos del Estado. Al mismo tiempo, los ciudadanos eligen a sus representantes pero también participan de las decisiones a través de múltiples formas de expresión y asociación pacíficas. La vigencia de los derechos humanos requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes se antepongan a la voluntad de los gobernantes y en el que exista un control de algunas instituciones sobre otras con el objeto de preservar la pureza de la expresión de la voluntad popular: el Estado de Derecho.

Según la Carta Democrática Interamericana, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa (Carta Democrática Interamericana, artículos 4 y 5).

La Comisión fue informada por representantes de la comunidad internacional y nacional sobre los esfuerzos que se están realizando para reiniciar el dialogo entre el Gobierno y representantes de la oposición. La falta de dialogo con distintos sectores de la sociedad tiene un indudable efecto negativo sobre la protección de los derechos humanos.  La experiencia de la Comisión demuestra que la plena vigencia de los Derechos Humanos se alcanza principalmente a través del dialogo con todos los sectores de la sociedad.  La Comisión espera que en el corto plazo se reinicie el dialogo que permita que todos los sectores de la sociedad haitiana participen en la elaboración de una política integral de derechos humanos. En el actual contexto haitiano, únicamente cuando se dejen de lado los intereses sectoriales, se podrá avanzar en una protección efectiva de los mismos.

B.        Los acontecimientos de diciembre del 2001

Con relación a los hechos del 17 de diciembre la Comisión reitera su más enérgica condena por los hechos violentos que costaron la vida a varias personas y ocasionaron numerosos heridos y perdidas significativas al patrimonio de varios ciudadanos.  No corresponde a la CIDH, de acuerdo a su competencia, determinar las responsabilidades criminales individuales por tales acontecimientos, pero si insistir en la obligación internacional del Estado de investigar y juzgar a los responsables de los hechos ocurridos en diciembre, de conformidad con las reglas del debido proceso, y asegurar que tales crímenes no queden en la impunidad.  La CIDH subraya la necesidad y urgencia de una investigación profunda, imparcial y objetiva de los crímenes cometidos y el establecimiento de las responsabilidades y sanciones respectivas. Especialmente es necesario investigar las responsabilidades de quienes hayan ordenado, fomentado o tolerado la presencia de personas y grupos civiles armados.  Es de particular preocupación para la Comisión, la información recibida que indica que algunas personas identificadas como autores de algunas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en diciembre del 2001 no están siendo debidamente investigadas.

La Comisión ha tomado conocimiento sobre las iniciativas del Gobierno de Haití en coordinación con la Comunidad Internacional, particularmente la OEA, orientadas a restaurar un clima de confianza y seguridad, mediante la realización de una investigación independiente sobre los sucesos del 17 de diciembre a través de la Comisión de Investigación Independiente.  La CIDH valora estas iniciativas y espera que permitan identificar y castigar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, lo que permitiría consolidar el Estado de Derecho en Haití.

C.        Administración de Justicia

El poder judicial ha sido establecido para asegurar el cumplimiento de las leyes y es indudablemente el órgano fundamental para la protección de los derechos humanos. En el sistema interamericano de derechos humanos, el funcionamiento adecuado del poder judicial es un elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado, y por ende, para la protección de los derechos humanos. Para que el poder judicial pueda servir de manera efectiva como órgano de control, garantía y protección de los derechos humanos, no sólo se requiere que éste exista de manera formal, sino que además el poder judicial debe ser independiente e imparcial.  La existencia de un poder judicial independiente es imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos y la democracia, y constituye un derecho que los Estados miembros de la OEA, como Haití, se encuentran en la obligación de respetar y de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción.

La Comisión, en Agosto del año 2000, luego de la visita in loco, expresó su seria preocupación por la debilidad del sistema de justicia haitiano debido a su marcada falta de independencia del Poder Ejecutivo y la impunidad imperante en gran numero de casos.  Durante la presente visita, la Comisión pudo comprobar que lamentablemente no han existido avances considerables que permitan hacer mención a mejoras significativas en la administración de justicia.

Asimismo, el sistema judicial haitiano continua sufriendo problemas crónicos como falta de personal judicial, falta de medios económicos y recursos logísticos.  Estas carencias se reflejan en las demoras en los procesos judiciales y en violaciones sistemáticas al debido proceso. Asimismo, la Comisión fue informada sobre la inexistencia del aparato judicial a nivel de las subdivisiones de base, que son las Comunas.

La Comisión ha expresado en numerosas oportunidades sobre la necesidad de combatir la impunidad.  La Comisión considera que la impunidad  existente de violaciones a los derechos humanos contribuye en gran medida a la perpetuación de la violencia.  La investigación, juzgamiento y sanción de los culpables es fundamental para la erradicación de la violencia.  La Comisión expresa su preocupación por la falta de judicialización de  numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que han afectado a la población civil, así como por el lento avance o el estancamiento de las investigaciones.

La Comisión fue informada en forma especifica sobre casos de asesinatos que luego de varios años de haberse iniciado el proceso aun continúan en la absoluta impunidad y las investigaciones se encuentran detenidas, como son, entre otros, el caso del periodista radial Dominique.  Asimismo, fue informada en forma genérica sobre la impunidad general existente en un gran numero de casos que conduce a una total falta de credibilidad de la sociedad haitiana en su sistema de justicia. Sin embargo, la CIDH también ha tenido conocimiento de que en los casos de Raboteau y Carrefour Feuilles, las investigaciones judiciales han tenido resultados, lo que demuestra que cuando existe voluntad se logra esclarecer los hechos y castigar a los culpables de violaciones de derechos humanos. Si bien estos casos representan un avance, este es notoriamente insuficiente, dada la gran cantidad de casos similares que siguen en la impunidad.

Otro aspecto fundamental para una adecuada administración de justicia es una clara independencia del Poder Judicial, en particular en relación con el Poder Ejecutivo.  La Comisión pudo constatar que este aspecto de la administración de justicia tiene serias debilidades. Varios elementos caracterizan la dependencia del Poder Judicial del Ejecutivo.  Entre otros, se pueden mencionar, la atribución del Presidente de la República  para nombrar y revocar los jueces,  los Comisarios del Gobierno y sus substitutos son agentes del Poder Ejecutivo ante los Tribunales; la Policía Nacional, la cual tiene entre sus funciones la investigación de los delitos, depende del Poder Ejecutivo. Además, los jueces de paz son auxiliares de las Oficinas de los Comisarios de Gobierno (parquet) y se encuentran  bajo la órbita de sus instrucciones.  La Comisión también fue informada sobre la falta de autonomía del Poder Judicial al depender en gran medida de los recursos que le otorga el Ejecutivo. El poder judicial se ha caracterizado por la concentración en el Poder Ejecutivo de la facultad de designar, nombrar y remover a los funcionarios del Poder Judicial, constituyendo esto en una injerencia que afecta gravemente su independencia.

La Comisión expresa la importancia de que, de manera inmediata y conforme a  las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana, se acelere el proceso destinado a revertir la grave situación en la que se encuentra el sistema judicial haitiano debido principalmente a su falta de independencia, impunidad existente y limitaciones presupuestarias y logísticas.

D.        Seguridad Ciudadana

En relación con la seguridad ciudadana, la Comisión desea expresar su preocupación por el lento progreso que ha encontrado desde la realización de la ultima visita. Oportunamente, la Comisión expreso que con relación a la seguridad de los ciudadanos ha sido informada sobre mejoras de la Policía Nacional, de sus efectivos, de los planes previstos para la formación de estos últimos y los mecanismos de supervisión. La CIDH debe señalar que los 5600 efectivos policiales que están llamados a garantizar la seguridad de 8 millones de habitantes en todo el territorio del país son manifiestamente insuficientes.  Las autoridades competentes han reconocido que la policía esta concentrada en las zonas urbanas y que las zonas rurales no se benefician de la presencia policial.  Esta ausencia ha creado un terreno propicio a abusos y casos de linchamiento en la población. La CIDH ha recibido denuncias de actos perpetrados por agentes de la Policía Nacional de Haití, abusos y tratamientos degradantes, así como actos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de lesa humanidad que no son susceptibles de prescripción.

La Comisión ha tomado conocimiento sobre las expresiones del Presidente Jean Bertrand Aristide sobre la política de “Tolerancia Cero”.  No es competencia de la Comisión hacer recomendaciones sobre el tipo de política criminal que elijan los gobiernos.  Sin embargo, dentro del uso de sus facultades, desea recordar que más allá de la política criminal elegida, es fundamental que en la implementación de las mismas, se respeten los derechos individuales de todas las personas.

La Comisión recibió información de distintos sectores sobre hechos de violencia policial que podrían haber sido originados en una mala interpretación por algunos oficiales de la Policía Nacional del principio de “Tolerancia Cero”.  En particular se mencionaron algunos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Sobre este particular, el Presidente Aristide expreso a la Comisión su total convencimiento sobre la necesidad de que la política de “Tolerancia Cero” sea implementada teniendo en cuenta un apego irrestricto a la ley  y a los estándares internacionales de respeto a las garantías individuales. La Comisión celebra la aclaración efectuada por el Presidente Jean Bertrand Aristide y espera que, con la mayor brevedad, esta aclaración de apego irrestricto a la ley y principios internacionales, sea transmitida a todos los oficiales de la Policía Nacional de Haití.

E.         Organizaciones Populares

Distintos sectores expresaron a la Comisión su preocupación por las actividades de las denominadas Organizaciones Populares. En la actualidad son definidas por las autoridades como grupos organizados en las comunidades para enfrentar los problemas de la misma comunidad. Sin embargo, distintas personas expresaron que algunas de estas organizaciones se encuentran armadas y son utilizadas por las autoridades con fines de amedrentamiento a la oposición. Inclusive algunas organizaciones estarían supuestamente vinculadas con los graves hechos de diciembre del 2001.

La participación política, el derecho de asociación y la libertad de expresión son derechos garantizados en la Convención Americana, y en tal sentido, las Organizaciones Populares, en tanto grupos libres de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan el proyecto político del Presidente, pueden ser bajo ciertas condiciones un canal idóneo para el ejercicio de estos derechos.  Sin perjuicio de ello, la Comisión entiende que la expresión de ciertas ideas políticas partidarias no puede ser privilegiadas en detrimento de otras, ni ser justificativas para actos de violencia o restricciones a derechos de terceros  con visiones políticas diferentes.

El Estado compromete su responsabilidad internacional si grupos de civiles actúan libremente violando derechos, con el apoyo o la aquiescencia del Gobierno.  La Comisión llama al Gobierno a investigar seriamente los hechos de violencia atribuidos a algunas Organizaciones Populares y adoptar de la manera más urgente posible todas las acciones que sean necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro.

Es indispensable que el monopolio de la fuerza sea mantenido exclusivamente por los agentes de seguridad publica. Resulta esencial investigar la existencia de estos grupos armados y proceder a su desarme de la manera mas completa y con la mayor celeridad posible. La Comisión desea reconocer como positivas el reciente anuncio del Presidente Aristide sobre el inicio de un programa de desarme a nivel nacional.  La Comisión seguirá de cerca el avance de dicho programa que considera esencial para lograr un mayor respeto a los derechos humanos.

F.         Libertad de Expresión

La libertad de expresión en el hemisferio es una de las principales preocupaciones de la CIDH; prueba de ello es que decidió crear la figura del Relator Especial para la Libertad de Expresión que tuvo amplio apoyo de los jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre de las Américas celebrada en Chile en abril de 1998. La CIDH ha dado especial atención a la situación de la libertad de expresión en Haití a través de sus informes anuales y el informe suministrado por la Relatoría sobre la visita realizada en febrero del presente año.  Es importante remarcar que, de la información recibida durante la presente visita, se puede concluir que mucha de las observaciones de la CIDH en sus informes y las de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continúan vigentes.

Resulta preocupante la falta de progreso en las investigaciones iniciadas con relación a los asesinatos de los periodistas Jean Dominique y Brignol Lindor. La impunidad existente en los casos de los periodistas asesinados contribuye significativamente en la perpetuación de actos de violencia contra periodistas.  Por otro lado, la información recibida indica que a pesar de que en Haití es posible efectuar críticas a las autoridades, en algunos casos estas críticas traen como consecuencia amenazas que exponen a los periodistas a una situación de vulnerabilidad que tiene un efecto amedrentador sobre su trabajo; según la información recibida, esta situación los ha llevado a la autocensura o al abandono de la profesión. Vale destacar que la libertad de expresión no se encuentra garantizada únicamente con la inexistencia de actos de censura previa; las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales constituyen también una restricción indirecta a la libertad de expresión y es responsabilidad del Estado proveer la protección necesaria para que puedan ejercer su función de informar a la población.

La CIDH recibió información sobre la existencia de leyes que penalizan las expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios públicos. La CIDH ya se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de estas normas con el articulo 13 de la Convención Americana en virtud de que las leyes conocidas como “desacato” le otorgan una protección mayor a los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial del que no disponen los demás integrantes de la sociedad.  La CIDH entiende que el uso de tales poderes para limitar las expresiones e ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones criticas o impopulares, restringiendo el debate abierto, fundamental para el funcionamiento eficaz de la democracia.  Es de esperar que dicha normativa sea revisada por el Estado haitiano en concordancia con el articulo 13 de la Convención Americana y teniendo en cuenta los criterios emanados de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

REFLEXIONES FINALES

La principal fuente de legitimación democrática es la otorgada por la voluntad popular expresada en elecciones libres, periódicas y universales. Sin perjuicio de ello, las elecciones por sí mismas no constituyen elementos suficientes para asegurar una plena vigencia de la democracia. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.  La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. En este contexto, el funcionamiento de un Poder Judicial independiente e imparcial como garante de la protección de los derechos humanos, como vehículo para la obtención de justicia por parte de las víctimas y como órgano de fiscalización y control del accionar de los otros poderes del estado es fundamental para un Estado de Derecho.

En esta oportunidad, la Comisión desea expresar su seria preocupación por la debilidad del Estado de Derecho y el proceso democrático en Haití. Esta preocupacion se origina en varios de los aspectos que fueron evaluados durante la presente visita.  En particular, la Comisión desea hacer mención a la falta de independencia del Poder Judicial, la impunidad, el estado de inseguridad ciudadana, la existencia de grupos armados actuando con impunidad y las amenazas a algunos periodistas.

Todos estos aspectos, sumados a la falta de un dialogo entre los principales sectores de la sociedad, representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión apela a las autoridades del Estado y a las distintas expresiones de la sociedad civil para que analicen el presente comunicado así como los informes y comunicados de las futuras visitas, para ir discutiendo de manera constructiva la forma de aplicar sus recomendaciones, en interés de avanzar hacia la vigencia irrestricta de los derechos humanos de los habitantes de Haití, sin distinción alguna.

La CIDH seguirá observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Haití. La visita que culmina en el día de hoy, constituyó una oportunidad inmejorable para cumplir este fin, así como para profundizar el diálogo, que dentro del marco de su competencia, la Comisión mantiene con las autoridades y con la sociedad haitiana. La CIDH reitera su ofrecimiento de colaborar con el Gobierno, así como con la sociedad en su conjunto, a fin de contribuir al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático y de legalidad institucional.  Asimismo, espera realizar en el corto plazo una nueva visita para dar seguimiento a las recomendaciones y conclusiones preliminares presentadas en este comunicado.

Puerto Príncipe, 31 de mayo de 2002.