COMUNICADO DE PRENSA

 

Nº 20/02

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA EL INFORME ANUAL DEL 2001

 

 

En la presentación del Informe Anual ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, el Presidente de la CIDH, Dr. Juan E. Méndez, remarcó los nuevos desafíos para los Estados miembros de la Organización, enfatizando que "los ataques perpetrados el 11 de septiembre en las torres gemelas de la ciudad de Nueva York y en el Pentágono en Washington D.C., han abierto un vigoroso debate sobre las medidas a adoptar con el fin de combatir este flagelo en general y sobre los medios apropiados para investigar, juzgar y sancionar a los responsables". Dentro de este contexto, el Dr. Méndez indicó que "la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables establecen procedimientos que permiten la adopción de medidas de emergencia con el objeto de enfrentar graves amenazas al orden público dentro del marco del Estado de Derecho sin desatender el respeto a las garantías básicas, no derogables, previstas por el derecho internacional". Asimismo, informó que la CIDH se encuentra actualmente elaborando un informe sobre terrorismo y derechos humanos con el fin de asistir a los Estados miembros en el diseño de respuestas para afrontar la amenaza del terrorismo internacional dentro del marco del derecho internacional de derechos humanos y el derecho humanitario.

 

El Presidente de la CIDH remarcó que al analizar la situación de derechos humanos en la región, se pueden constatar avances que fortalecen la democracia y los derechos humanos. Entre otros, el Dr. Méndez identificó el llamado a elecciones periódicas, la existencia de sociedades más abiertas y libres, y la participación de la sociedad civil organizada en temas de interés público. Sin embargo, acotó, "que aún subsisten serios problemas que amenazan la estabilidad democrática de la región". Entre éstos mencionó la existencia de instituciones insuficientemente desarrolladas, como es el caso del poder judicial, la falta de articulación adecuada en la relación entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana, y una marcada desigualdad en términos económicos, sociales y culturales de vastos sectores de nuestras sociedades.

 

El informe incluye las decisiones adoptadas sobre denuncias individuales de violaciones a los derechos humanos e incorpora un capítulo sobre los Estados miembros cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecieron una atención especial. En este sentido, la CIDH reitera que en Cuba se continúa violando en forma sistemática los derechos fundamentales de las personas por la falta de un estado de derecho y tolerancia a la pluralidad de ideas y opiniones, al mismo tiempo que reconoce las medidas positivas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. En lo relativo a Colombia, el Informe reproduce sustancialmente el comunicado de prensa de la visita de la Comisión a dicho país en diciembre de 2001 en el cual se reitera la seria preocupación de la CIDH por el impacto del conflicto armado en la población civil y las graves violaciones a los  derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otra parte, en su discurso, el Dr. Méndez señaló que la CIDH continúa observando con seria preocupación la situación de precariedad institucional que afecta a Haití e informó que  el Relator para Haití de la CIDH, Dr. Clare Kamau Roberts, y el Secretario Ejecutivo viajarán a dicho país en las proximas semanas.  Asimismo, respecto a la República Bolivariana de Venezuela, el Dr. Méndez confirmó la realización de una visita  de la CIDH a dicho país la próxima semana.  Reiteró el beneplácito por el reestablecimiento del orden constitucional y afirmó que la CIDH seguirá “observando de manera muy atenta el desarrollo de la situación de los derechos humanos”.

 

El Informe incluye un recuento actualizado sobre la labor de las Relatorías temáticas de la Comsión. Con respecto a la Relatoría de los Derechos de la Mujer, el Dr. Méndez indicó que "las normas regionales de protección obligan a los Estados del Hemisferio a actuar con debida diligencia para prevenir la violencia y discriminación basadas en género, juzgar y sancionar a todos los responsables, así como adoptar medidas para erradicar dichas violaciones en forma permanente". En lo que se refiere a la situación de los pueblos indígenas, el Presidente de la CIDH señaló que éstos son frecuentemente víctimas del empobrecimiento severo y de la violación de sus derechos humanos fundamentales dentro y fuera de sus comunidades y reiteró su llamado a los Estados miembros para que impulsen la aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. También, el Dr. Méndez observó “que los miembros de las comunidades afrodescendientes son víctimas de marginación social, discriminación y violencia, además de padecer, en muchos casos, las consecuencias de la falta de titulación de las tierras que habitan”. Seguidamente, indicó que el Capítulo VI del Informe Anual trata diversos temas relativos a la problemática migratoria e hizo un llamado para que los Estados miembros de la OEA promuevan el respeto y garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familias de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Por otra parte, el Presidente de la CIDH enfatizó que la “Unidad Funcional de Defensores de Derechos Humanos” de la CIDH se encuentra elaborando un estudio sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas. El Dr. Méndez reiteró la seria preocupación de la CIDH por la extrema vulnerabilidad en la que trabajan los defensores de derechos humanos que se ha visto manifestada, durante el 2001, a través de “actos de amedrentamiento, desapariciones, atentados y asesinatos perpetrados contra personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos”.

 

En lo que se refiere específicamente a la Relatoría de Libertad de Expresión, durante el 114° período ordinario de sesiones la CIDH designó al Dr. Eduardo Bertoni como Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien iniciará sus actividades en mayo del presente año. El Informe Anual de la Relatoría hace un balance de las actividades realizadas bajo el liderazgo del Dr. Santiago Canton y traza los logros alcanzados y desafíos en materia de libertad de expresión en el hemisferio. Dentro de los logros se señala, entre otros, la promulgación de leyes de acceso a la información en varios países de la región y la iniciativa de los Gobiernos de Costa Rica y Chile de derogar las leyes de desacato. A este respecto, la Relatoría espera que se continúe con estos avances, derogando o modernizando otras normativas que restringen innecesariamente la libertad de expresión.

 

Por otra parte, el Informe indica que la libertad de expresión continúa amenazada en varios países del hemisferio. Durante el año 2001 se registraron más de 9 asesinatos de periodistas en distintos países de la región. Además de los asesinatos, la Relatoría informa que las amenazas y agresiones físicas y psíquicas, el hostigamiento e intimidación a periodistas y medios de comunicación y el inicio de acciones judiciales por parte de autoridades con el propósito de silenciar a los medios de comunicación son un ejemplo de las prácticas utilizadas en varios países. Asimismo, contrariamente a lo establecido por la jurisprudencia del Sistema Interamericano, en aproximadamente 16 países de la región siguen vigentes las leyes de desacato. El Capítulo III contiene un Informe sobre la Acción de Hábeas Data y el Derecho de Acceso a la Información en el Hemisferio, en el cual se recomienda a los Estados miembros que lleven a cabo políticas que promuevan y divulguen la existencia y respeto de estos derechos individuales y colectivos como herramientas legales para alcanzar la transparencia de los actos del Estado. El Capitulo IV se refiere a un Informe sobre ética en los medios de comunicación. En sus consideraciones finales, la Relatoría hace especial hincapié en la necesidad de que los Estados miembros de la OEA asuman un compromiso sólido en el respeto y la promoción de la libertad de expresión como pilar fundamental para la consolidación de las democracias.

 

 

Washington, D.C., 1º de mayo de 2002