COMUNICADO DE PRENSA Nº 12/00 El
día 9 de agosto de 2000, en ciudad de Guatemala, el Estado guatemalteco en un
acto público y a través del Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo,
reconoció su responsabilidad en diez casos de violaciones a los derechos
humanos que se encuentran pendientes ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). En representación de la Comisión asistieron el Decano
Claudio Grossman, Primer Vicepresidente de la CIDH y Relator para Guatemala, y
el Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo de la misma.
Estos casos son los de Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo y Otro (caso
10.441); Miguel Pu López y Francisco Pu Chach (caso 10.556); Tomas Lares
Cipriano y Otros (caso 11.171); Finca la Exacta (caso 11.382); Maritza Urrutia (caso
11.043); Plan de Sánchez (caso 11.763); Irma Flaquer (caso 11.766); Marco
Antonio Molina Theissen (caso 12.101); Rosal Paz (caso 9.168); Juan C. Sosf Váquez
(matanza de Atitlán, caso 10.725).
Asimismo, el Estado guatemalteco aceptó “el acaecimiento de los hechos
constitutivos que dieron lugar a la presentación de las denuncias ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y se comprometió a iniciar
procesos de solución amistosa en estos casos. De
igual manera, el Estado guatemalteco se comprometió a que los procesos de
solución amistosa comprenden una reparación y/o asistencia adecuada de las víctimas
o sus familiares y a "dar seguimiento y promover las investigaciones de los
hechos objeto de la presente declaración, a enjuiciar tanto civil, como penal y
administrativamente a las personas que, en cumplimiento de funciones estatales o
prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la
violación alegada…”. La
CIDH valora este importante paso del Gobierno del Presidente Alfonso Portillo,
de reconocer responsabilidad por violaciones a los derechos humanos en los casos
señalados y el compromiso que asumió de iniciar soluciones amistosas para
hacer justicia a través de la búsqueda de la verdad, sanción de los
responsables e indemnización a las víctimas o sus familiares. La
Comisión insta al Estado guatemalteco y a los peticionarios de cada caso a que
inicien a la brevedad los procesos de solución amistosa, para seguir avanzando
en una efectiva protección de los derechos humanos en Guatemala. Por último,
expresa su voluntad y disposición de seguir facilitando dichos procesos dentro
de los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y otros instrumentos internacionales. Washington,
D.C., 17 de agosto de 2000
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