RELATORÍA ESPECIAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER

Antecedentes y mandato

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer en 1994 para renovar su compromiso de asegurar el pleno respeto y la garantía de los derechos de la mujer en cada uno de los Estados miembros. Si bien las constituciones de éstos garantizan formalmente la igualdad, el examen por la Comisión de los sistemas legales y las prácticas nacionales ha revelado cada vez más la persistencia de discriminación por razones de género.

Como consecuencia de ello se creó la Relatoría, con el mandato inicial de analizar la medida en que la legislación y la práctica de los Estados miembros que inciden en los derechos de la mujer cumplen con las obligaciones generales de igualdad y no discriminación, establecidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tras un intenso estudio realizado por la Relatoría, la Comisión publicó el Informe sobre la Condición de la Mujer en las Américas a efectos de ofrecer un panorama de la situación, formular recomendaciones para asistir a los Estados miembros en la erradicación de la discriminación, tanto en la legislación como en la práctica, y fijar prioridades en materia de ulteriores medidas de la Relatoría y la Comisión.

            Las obligaciones de igualdad y no discriminación siguen sirviendo de puntos de orientación para seleccionar los temas que aborda la Relatoría. Además, la Comisión y su Relatoría ponen especial énfasis en el problema de la violencia contra la mujer, de por sí una manifestación de la discriminación por razones de género, tal como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

Desde su Informe inicial, la Relatoría ha desempeñado un papel vital en la labor de la Comisión, encaminada a proteger los derechos de la mujer, a través de la publicación de estudios temáticos, la asistencia en la formulación de nueva jurisprudencia en esta esfera, dentro del sistema de casos individuales, y el apoyo a la investigación de temas más generales que afectan a los derechos de la mujer en países concretos de la región, a través de visitas in situ e informes de países.^[1]  

Más específicamente, la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer sirve para crear conciencia de la necesidad de nuevas medidas para asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos básicos, formular recomendaciones específicas encaminadas a fomentar el cumplimiento por los Estados miembros de sus obligaciones prioritarias de igualdad y no discriminación, promover los mecanismos –por ejemplo, la presentación de denuncias individuales de violaciones- que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos para proteger los derechos de la mujer, realizar estudios especiales y preparar informes sobre este tema y asistir a la Comisión en la respuesta a peticiones y la preparación de otros informes de violaciones de estos derechos en la región.

La prioridad que asigna la Comisión y su Relatoría a la protección de los derechos de la mujer refleja la importancia que los propios Estados miembros atribuyen a esta materia. En particular, el Plan de Acción aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno, en el curso de la Tercera Cumbre de las Américas, reconoce la importancia de la plena realización de la mujer y su participación plena e igualitaria en el desarrollo, la vida política de los países y la toma de decisiones a todos los niveles. Con este fin, en el Plan de Acción se respalda el Programa Interamericano de promoción de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género, y otras iniciativas regionales encaminadas a implementar los compromisos establecidos en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.

La Relatoría esta a cargo de un comisionado nombrado por el plenario de la Comisión.  La Relatora Especial actual, Comisionada Susana Villarán, fue nombrada por la Comisión a finales de 2003.  Marta Altolaguirre, miembro de la Comisión se desempeñó como Relatora desde su nombramiento en 2000 hasta finales de 2003.  El primer Relator, el miembro de la Comisión Claudio Grossman, fue designado por ésta en 1994, y prestó servicios hasta 2000.

Iniciativas recientes y prioridades actuales

Desde que se creó la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer en 1994, la Comisión ha establecido una práctica de abordar específicamente la situación de los derechos de la mujer durante visitas in situ. Luego, se abordan los derechos de la mujer en un capítulo específico de los informes de países. El Relator Especial en general participa de esas visitas en su calidad de miembro de la Comisión y desempeña un papel importante, en cuanto garantiza la debida atención al tema. Un ejemplo reciente es la visita de la Comisión a Colombia, en diciembre de 2001, que incluyó una serie de reuniones relacionadas con la situación de los derechos de la mujer.

            En febrero de 2002 la Relatoría realizó su primera visita in situ independiente, con el propósito de examinar la situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México.  La visita fue realizada luego de recibir información y expresiones de preocupación de cientos de organizaciones no gubernamentales y de representantes de la sociedad civil, y conforme a una invitación del Gobierno del Presidente Vicente Fox.  La visita se centró en la grave situación de violencia contra la mujer en esta zona, incluida la muerte de más de 250 mujeres y jovencitas desde 1993, y la desaparición no resuelta de otras más de 200.

En el período de sesiones de la Comisión de marzo de 2002, la Relatora Marta Altolaguirre informó al plenario sobre la visita y la información recabada, y después organizó una serie de audiencias de seguimiento con representantes del Estado y la sociedad civil, en la sede de la Comisión. En diciembre de 2002, la Comisión aprobó las conclusiones y recomendaciones del informe que la Relatora Especial preparó, y el Informe fue publicado en marzo de 2003. Las recomendaciones formuladas comprenden tres categorías: recomendaciones generales, recomendaciones referentes a la aplicación de la debida diligencia para investigar esos crímenes y procesar y castigar a sus autores, así como la aplicación de la debida diligencia para prevenir futuros crímenes de ese tipo.  Las recomendaciones se concentran en hacer frente a la impunidad que ha caracterizado a la gran mayoría de estos asesinatos, como mecanismo clave para castigar los homicidios del pasado y prevenir los futuros crímenes de igual naturaleza. 

La Relatoría sigue prestando servicios a la Comisión como recurso vital para tramitar las peticiones individuales en que se alegan violaciones de los derechos humanos con causas y consecuencias específicas de género. La Relatoría aporta un análisis inicial de las nuevas peticiones que se reciben en esta esfera y contribuye al seguimiento de las que están en trámite y a la preparación de los informes correspondientes.

            Programa de trabajo de la Relatoría

Actualmente, la Relatoría está definiendo el programa de trabajo para sus nuevas iniciativas, cuyo núcleo será el acceso de la mujer a la justicia. Como lo han observado la Relatoría y la Comisión en una amplia gama de contextos, las mujeres con frecuencia enfrentan serios obstáculos para obtener acceso a una protección y garantías judiciales efectivas. Como el acceso efectivo a la justicia es indispensable para proteger y ejercer los derechos básicos, la Relatoría considera que superar estos obstáculos es una prioridad vital y urgente en la región.

La Relatoría realizará su análisis teniendo en cuenta el papel de la mujer en la administración de justicia desde tres perspectivas. Primero, en el análisis se considerará la situación de las mujeres como administradoras de justicia –juezas, fiscales y abogadas, y como legisladoras y miembros del poder ejecutivo responsables de formular e implementar las leyes y la política del Estado en esta esfera. En el análisis se examinará la medida en que las mujeres participan en estas funciones vitales y los obstáculos que siguen limitando la participación de la mujer en cargos clave para la toma de decisiones dentro de la administración de justicia. Segundo, el proyecto examinará la situación de las mujeres como litigantes en el sistema judicial, con particular atención a los derechos de las mujeres que han sido víctimas de delitos. Tercero, el estudio analizará la situación de las mujeres acusadas  y juzgadas dentro del sistema de la justicia penal.

Los objetivos básicos del proyecto incluyen:

*           Identificación e intercambio de mejores prácticas en la región con respecto al acceso de la mujer a la justicia

*           Análisis de los desafíos actuales que enfrentan los países de la región en esta esfera

*           Formulación de recomendaciones destinadas a fortalecer las prácticas óptimas y superar los obstáculos

*           Fomento de la conciencia regional acerca de las garantías y mecanismos que ofrece el sistema interamericano de derechos humanos para la protección de los derechos de la mujer

*           Supervisión y prestación de la asistencia técnica que soliciten los Estados miembros en la implementación en la legislación y la práctica nacionales de las recomendaciones.

            Es vital para el proyecto que la Relatoría incorpore una amplia información y diversas fuentes en el estudio de los obstáculos que impiden el acceso de la mujer a la justicia. Al respecto, la Relatoría se propone contar con el apoyo de un grupo de expertos externos y una amplia gama de fuentes estatales y de representantes de la sociedad civil. Aparte de las solicitudes de información por escrito a dichas fuentes, el plan de trabajo incluye una serie de consultas subregionales encaminadas a reunir datos para el proyecto y brindar información a los usuarios y posibles usuarios del sistema interamericano de derechos humanos, acerca de los mecanismos que el mismo ofrece para la protección de los derechos de la mujer –en particular, el derecho a la protección y las garantías judiciales. En consecuencia, estas consultas incluirán reuniones de trabajo y seminarios participativos.

Hasta la fecha, la Relatoría ha contado con recursos muy limitados de la Comisión para llevar a cabo su mandato y actualmente busca financiación externa para ayudar a la consecución de los objetivos de su programa de trabajo. Dicha financiación será esencial para la tarea de recolección de información y los aspectos de promoción de este programa, así como para respaldar la capacidad de la Relatora de consultar a expertos en el campo para el diseño y ejecución del proyecto. Además, tal financiación será crucial para garantizar un intenso seguimiento de la implementación de las recomendaciones que formule la Comisión.  Hasta la fecha, la Relatoría ha recibido fondos de los Estados Unidos, y una generosa donación externa del Gobierno de Finlandia, la cual apoyaría el proyecto sobre el acceso de la mujer a la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

            La Comisión es un órgano principal de la OEA, encargado de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en las Américas. La Comisión deriva su autoridad principalmente de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y de otros tratados regionales de derechos humanos. La Comisión está integrada por siete miembros que son elegidos en su carácter personal por la Asamblea General de la OEA y no representan a sus países de origen o residencia.