3.                  La libertad de expresión es un derecho fundamental para la existencia de una sociedad democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es indispensable para la formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.[3]

4.                  Los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio reunidos en la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en abril de 1998 en Santiago, Chile, destacaron la importancia de la libertad de expresión para el hemisferio y manifestaron su respaldo a la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión en el seno de la CIDH.  En la Declaración de Santiago los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron:

Coincidimos en que una prensa libre desempeña un papel fundamental (en materia de derechos humanos) y reafirmamos la importancia de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión.  Celebramos la reciente constitución de un Relator Especial para la libertad de expresión, en el marco de la Organización  de los Estados Americanos.[4]

5.                  Asimismo, el Plan de Acción establece:

Fortalecer el ejercicio y respeto de todos los derechos humanos y la consolidación de la democracia, incluyendo el derecho fundamental a la libertad de expresión y de pensamiento, mediante el apoyo a las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este campo, en particular a la recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.[5]

6.                  Por su parte, la Declaración de Chapultepec adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión (México, 1994), auspiciada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y suscrita por veinte Jefes de Estado y Gobierno[6] establece los siguientes principios

1.                   No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa.  El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.

2.                   Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente.  Nadie puede restringir o negar estos derechos.

3.                   Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público.  No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4.                   El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.  Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.

5.        La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre influjo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen  directamente a la libertad de prensa.

6.       Los medios de comunicación y los periodistas no deben  ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.

7.       Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.

8.       El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.

9.       La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales.  El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos.  Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios.  En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.

10.      Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

7.           El 26 de noviembre de 1999 el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH adoptaron una declaración conjunta que establece[7]:

Recordamos que la libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos.

Los medios de comunicación independientes y pluralistas son esenciales para una sociedad libre y abierta y un gobierno responsable. El respeto a la libertad de los medios de comunicación en nuestros Estados Miembros, si bien difiere mucho de país a país, deja mucho que desear.

Ciertos Estados continúan ejerciendo y permitiendo en sus respectivos países presiones inaceptables sobre los medios de comunicación. El grado de hostigamiento quizás sea diferente, pero el propósito general es el mismo: represión del pluralismo y del debate abierto sobre temas de interés para los ciudadanos.

La libertad de expresión no es sólo un derecho humano fundamental en sí, sino que también tiene ramificaciones para el desarrollo económico. Los medios de comunicación tienen una función “correctiva” al llevar la corrupción y las prácticas inequitativas a la atención del público. La falta de medios de comunicación libres puede conducir al estancamiento económico y a prácticas indebidas por parte tanto del gobierno como de las empresas.

Implícito en la libertad de expresión está el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información y a saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.

Los medios de comunicación deben abstenerse de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la violencia u otra acción similar.

En muchos países existen leyes, tales como las leyes de desacato, que limitan indebidamente el derecho a la libertad de expresión. Instamos a los Estados a revisar esas leyes con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales.

Afirmamos que los Estados deben asegurar un proceso judicial eficaz, serio e imparcial, basado en el Estado de derecho, a fin de combatir la impunidad de quienes perpetran ataques contra la libertad de expresión.

            C.    LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA LEGISLACIÓN DOMÉSTICA DEL PERÚ

8.            La legislación vigente en el Perú se encuentra en relación con la de otros Estados del hemisferio entre las más protectoras de la libertad de expresión.  La Constitución peruana incorpora expresamente la libertad de expresión e información como una de las garantías para el establecimiento de un estado de derecho.

           9.            La Constitución Política de Perú garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 2° inciso 4 que establece:

Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de la ley.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente.  Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

            10.            Asimismo, la Cuarta Disposición Final de la Constitución señala:

    Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

            11.            La Constitución también consagra expresamente la acción de habeas data como garantía constitucional.  El artículo 200 de la Constitución establece:

     La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el art. 2°, Incisos 5 y 6 de la Constitución.

            12.            Los incisos 5 y 6 del artículo 2° de la Constitución establecen que toda persona tiene derecho:

5º A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado.

6º A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

            13.            El inciso 18 del artículo 2 de la Constitución brinda el marco jurídico para la protección de las fuentes de información de los periodistas al señalar que toda persona tiene derecho a:

    Mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

            14.            El artículo 55 de la Constitución peruana establece que:

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

            15.            Los tratados internacionales ratificados por el Estado también forman parte del orden jurídico interno vigente en el Perú con lo cual las disposiciones del artículo 13 de la Convención Americana pueden ser directamente invocadas y aplicadas con el fin de proteger este derecho.  El artículo 13 de la Convención Americana establece:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

         a.                   el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b.                   la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

Estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

16.     Así mismo, en su carácter de Estado miembro de la OEA, Perú se encuentra sujeto a los estándares consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.[8] La Declaración establece en su artículo IV que “toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.  

17.   La Comisión nota, sin embargo que el Código Penal consagra la figura del desacato en su artículo 374 al señalar que:

El que amenaza, injuria o de cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si el ofendido es Presidente de uno de los Poderes del Estado, la pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro años.

            18.            La Comisión ya se ha pronunciado sobre la compatibilidad de las normas sobre desacato con la Convención Americana,[9] y ha establecido que la figura de desacato es incompatible con los estándares establecidos en el artículo 13 del Tratado.  Específicamente, expresó:

la Comisión entiende que el uso de tales poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas.  Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida.[10]

            19.            Como consecuencia de esta situación, el Relator Especial solicitó personalmente al Presidente del Consejo de Ministros de Perú, señor Alberto Bustamante Belaúnde, emprendiera las gestiones necesarias para armonizar legislación doméstica con el artículo 13 de la Convención Americana.

D.            LA DIFUSIÓN DE EXPRESIONES DE DISENSO POLÍTICO EN EL PERÚ

            20.            El respeto de la libertad de expresión en Perú es uno de los temas de mayor preocupación para la Comisión dada su importancia para el sostenimiento del sistema democrático.  Además de coadyuvar a la protección de los demás derechos fundamentales, la libertad de expresión cumple un rol fundamental en el control de los actos de gobierno ya que expone los abusos de poder, así como las infracciones a la ley cometidas en perjuicio de los ciudadanos. 

            21.            Asimismo, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que tiene una doble dimensión, individual y social.  Sobre el particular, la Corte Interamericana ha dicho que esta doble dimensión:

(…) requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo, pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

22.            Según concluyera la Comisión en el Capítulo II del presente Informe, el Poder Judicial ha visto severamente limitada su autonomía e independencia y con ellas su papel como garante de la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Como consecuencia, no existe un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público y el estado de derecho se encuentra debilitado.[11]

23.            Frente a esta situación, la prensa independiente ha asumido el rol de denunciar irregularidades llevando a conocimiento y debate público actos que en la práctica no están siendo sometidos a los mecanismos democráticos de control y cuyos autores en ocasiones encuentran en éstos a un aliado o cómplice.  Como consecuencia de sus denuncias, los medios de comunicación y los periodistas independientes han sido víctimas de una serie de presiones que han ido desde las amenazas y el descrédito, hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos.

24.            Organizaciones de la sociedad civil peruana como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación de Prensa Libre, entre otras, han reaccionado señalando que esta situación ha cercenado la libertad de expresión en el Perú.  Asimismo, organizaciones internacionales de prensa, tales como la Sociedad Interamericana de Prensa[12], el Comité para la Protección de Periodistas[13], Reporteros sin Fronteras[14], el Instituto Internacional de Prensa[15], también han expresado su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Perú.  Américas Watch[16], entre otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ha publicado informes en los cuales se analizan en detalle los problemas derivados del ejercicio de la libertad de expresión en ese país. 

25.            La situación no sólo ha sido objeto de preocupación por las organizaciones vinculadas a los medios de comunicación y a la promoción de los derechos humanos, sino que también ha merecido consideración y reacción a nivel estatal.  Concretamente, la Cámara de Diputados de la República Argentina[17] y el Senado de los Estados Unidos[18] han expresado su preocupación por actos atribuibles al Estado que cercenan la libertad de expresión en Perú.

            26.            De igual manera, la Comisión en su Informe Anual de 1998 incluyó a Perú como uno de los países del hemisferio con mayores restricciones a la libertad de expresión.[19]   Sobre el particular, la Relatoría expresó en el Informe aludido:

En Perú, la limitada independencia del Poder Judicial ha creado un clima de inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión de periodista.  A la falta de seguridad jurídica se le suma una ola de amenazas de muerte y una campaña de persecución y desprestigio a aquellos periodistas críticos del gobierno.

           27.            La Comisión y su Relatoría para la Libertad de Expresión, por su parte, han recibido numerosas denuncias antes, durante y con posterioridad a la visita in loco, que apuntan a la existencia de restricciones de hecho sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Perú.  Estas restricciones, según se analiza a continuación, son el producto de una serie de actos sistemáticos de hostigamiento principalmente dirigidos contra periodistas de investigación, medios de prensa y políticos de oposición. 

 28.       Las secciones que siguen están dedicadas a evaluar ciertas actividades de los órganos del Estado peruano y su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión en Perú.  Concretamente, se analizan los niveles de tolerancia respecto del trabajo del periodismo independiente, la información disponible sobre actos de hostigamiento por parte de las agencias de seguridad del Estado y el cumplimiento del Poder Judicial con su rol de garante de los derechos fundamentales.

1.            Tolerancia estatal y ejercicio efectivo del derecho a informar

  29.            Durante su visita in loco, la Comisión se reunió con el Presidente Alberto Fujimori quien expresó su convicción personal de que existe libertad de expresión absoluta en el Perú.  El Ing. Fujimori sostuvo que esto se ve diariamente confirmado por la difusión de opiniones críticas sobre su persona así como sobre la gestión de los funcionarios de gobierno.

            30.            La Comisión nota que, efectivamente, algunos medios de prensa difunden informaciones y opiniones desfavorables a la imagen del gobierno.  Sin embargo, pretender medir la libertad de expresión en base al volumen de publicaciones críticas de las autoridades, constituye un ejercicio falaz.  El respeto a la libertad de expresión debe ser considerado a la luz de las restricciones directas e indirectas a su ejercicio. La cantidad de información difundida es un elemento insuficiente para apreciar el goce de este derecho. El valor de la información está principalmente en el contenido de la misma, no sólo en su cantidad.

            31.            Cabe señalar que los medios que parecen expresarse con mayor libertad son la prensa gráfica y la radio, mientras que la televisión abierta parece haber perdido completamente su tono crítico.  En este sentido, el ex presidente de la Asociación de Radio y Televisión, Genaro Delgado Parker, ha denunciado recientemente que las empresas televisivas no gozan de la libertad para expresarse ni de las garantías judiciales necesarias.  Asimismo, indicó que se ha emprendido una campaña publicitaria millonaria que ha hecho a todas las emisoras económicamente dependientes de la publicidad oficial.  Asimismo, denunció que se ha manipulado al Poder Judicial para acallar empresas independientes, tales como Frecuencia Latina.[20]

            32.            El ejercicio de la libertad de  expresión exige la difusión de ideas e información libre de consecuencias, salvo aquéllas específicamente previstas por la ley para proteger otros derechos fundamentales que puedan verse comprometidos. En este sentido, la CIDH ha señalado que:

La renuncia de un Estado a la investigación completa del asesinato de un periodista resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Igualmente, este tipo de crimen tiene un efecto amedrentador sobre otros periodistas, pero también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo.[21]

            33.            Si bien es cierto que en el Perú es posible criticar públicamente a las autoridades, los incidentes sufridos por periodistas independientes y otras personas crean una atmósfera en la cual el ejercicio efectivo de esta libertad se ve perjudicado por el temor de ser penalizado. Estos incidentes abarcan amenazas, ataques a la integridad física que han llegado a la pérdida de la vida, el descrédito profesional y sus consecuencias, e incluso la persecución judicial.

            34.            Varias de las denuncias presentadas en este informe son un ejemplo de las consecuencias negativas a que se hace referencia.  El caso del Sr. Baruch Ivcher es suficientemente ejemplificativo  de esta realidad.  El Sr. Ivcher perdió el control del Canal 2 de televisión, su ciudadanía peruana y su familia fue perseguida judicialmente, al igual que otras personas relacionadas con el Canal 2, debido a su posición crítica de las autoridades. (Ver párr.115)

            35.            Si bien los pormenores del caso del Sr. Baruch Ivcher, por sus características, han sido difundidos internacionalmente, muchos otros periodistas han sufrido graves consecuencias por ejercer su profesión. Varios periodistas han sido amenazados de muerte, e inclusive las amenazas se han extendido a miembros de sus familias.  Los casos relativos a las amenazas sufridas por los periodistas Gustavo Mohme Lloma, Cesar Hildebrandt, Cecilia Valenzuela y Angel Páez, si bien se cuentan entre los más conocidos dentro de Perú, no son los únicos.  La Comisión ha recibido varias denuncias de periodistas que han recibido amenazas, tanto dirigidas hacia sus personas como a miembros de sus familias.

            36.            Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre casos de secuestros. En algunos casos, las personas involucradas han preferido mantener el anonimato por temor a posibles represalias.  En todos estos casos se trata de periodistas con una actividad claramente crítica de las autoridades.

37.            Por lo tanto, cabe concluir que si bien es cierto que existen críticas a las autoridades, también es cierto que estas críticas se encuentran seriamente limitadas por el efecto amedrentador y por las serias consecuencias que debe enfrentar la prensa independiente.

            2.            Hostigamiento sistemático

            38.            Antes, durante y después de la visita in loco, la Comisión ha recibido denuncias relativa a presuntas violaciones a la libertad de expresión, las cuales aparecen detalladas al final de este capítulo.  El análisis de estas denuncias confirma la ocurrencia sistemática de actos de hostigamiento y persecución contra algunos sectores de la prensa investigativa y políticos de oposición.

            39.            Las denuncias reproducidas se refieren a hechos que constituyen limitaciones del derecho a la libertad de expresión.  La Comisión nota que si bien algunos de los hechos alegados pueden ser considerados como casos aislados, no se trata sólo de una sumatoria de casos sin relación entre sí, ya que su evaluación en conjunto sugiere la existencia de una acción sistemática de hostigamiento por parte de los Servicios de Inteligencia, fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado peruano.

            40.            La información también revela que, tal y como ocurre en otros países del Hemisferio, la mayoría de los ataques a la prensa ocurren en el interior del país, donde los periodistas se encuentran más desprotegidos que en las zonas urbanas.  La carencia de garantías judiciales efectivas sumadas a la falta de presencia de los medios internacionales y la presencia reducida de los medios nacionales, coloca a los periodistas de las zonas rurales en situación de indefensión frente al abuso o ilegalidades de las autoridades.

            41.            En agosto de 1999 en Huancavelica, la Jefatura Político Militar ordenó a los medios de comunicación locales remitir el contenido de las noticias de los programas radiales.  Ese mismo mes, el periodista Carlos Manuel Rosas Matos, responsable del noticiero de Radio Tigre de Iquitos, informó que su programa había sido arbitrariamente levantado. El motivo de la clausura del espacio radial habría sido la línea editorial de los responsables del informativo. Por otro lado, el periodista Fernando Mejía Cornelio, el administrador de radio Lennin Ruiz Dávila, ambos de Radio Palmera y el periodista Alberto Medina de Radio Central de Bellavista fueron acusados de apología del terrorismo por leer al aire una proclama del MRTA, a pesar de haberlo hecho bajo amenazas de integrantes de este grupo armado disidente.  Asimismo, el periodista Angel Durán fue atacado y recibió una herida de bala cuando se dirigía a entrevistar al alcalde de Aija.

            42.            La aparente vinculación de los Servicios de Inteligencia y fuerzas de seguridad en la campaña de hostigamiento ha sido puesta al descubierto en distintas oportunidades. En su Informe Anual de 1998 la Comisión expresó preocupación por la información que involucra la participación de los Servicios de Inteligencia en actividades claramente violatorias de la libertad de expresión.  En particular se mencionó la posible existencia de planes secretos para investigar y desprestigiar a periodistas de investigación y políticos de oposición críticos de las autoridades.

            43.            Recientemente, el Relator Especial tuvo acceso a documentos, presuntamente originados en el Servicio de Inteligencia Nacional, que registran los resultados de un minucioso seguimiento al periodista Guillermo Gonzales Arica de la Asociación Prensa Libre. Asimismo, la Asociación Prensa Libre denunció públicamente la existencia de diversos documentos en donde se detallan operaciones de seguimiento a candidatos y periodistas durante la campaña electoral de 1995. De acuerdo a la información recibida, se realizaron interferencias telefónicas por parte del Servicio de Inteligencia Nacional al Embajador Javier Pérez de Cuellar, ex Secretario General de las Naciones Unidas, así como se realizaron seguimientos al congresista de oposición Carlos Chipoco y su familia.

            44.            La Relatoría ha recibido información que vincularía a los Servicios de Inteligencia con las campañas de desprestigio contra periodistas y miembros de partidos políticos de oposición. De acuerdo a la información recibida, un grupo de periodistas del diario El Chato denunció el pago de importantes sumas de dinero por parte de personas relacionadas con los Servicios de Inteligencia a cambio de publicar en su periódico notas ofensivas contra políticos y periodistas.

  45.            El diario La República, uno de los medios de prensa más críticos respecto del Gobierno, ha sido objeto de una constante campaña de hostigamiento y desprestigio.  El hostigamiento involucra amenazas de muerte, y acciones destinadas a desprestigiar públicamente a su director, Gustavo Mohme Lloma, incluyendo la aparición de publicaciones clandestinas que desprestigian al diario y a los profesionales que allí trabajan. (Ver párr. y siguientes)

  46.            A fines de 1998 apareció una página de Internet, actualizada desde Perú por una asociación denominada Asociación Pro Defensa de la Verdad (Aprodev) cuyo objetivo es desprestigiar a periodistas de investigación y políticos de oposición. Entre los periodistas incluidos en esta página de Internet figuran Gustavo Mohme Lloma y los periodistas César Hildebrant, Edmundo Cruz y Angel Páez. (Ver párr. 8) El contenido y tono de esta página son similares a la campaña de desprestigio en contra del diario La República y otras personas.

  47.            Cabe aclarar que la difusión de información mediante publicaciones, panfletos y páginas en internet con el propósito de difundir información destinada a cuestionar a otras personas que ejercen su derecho a expresarse libremente no resulta necesariamente incompatible con los estándares de la Convención Americana.  Sin embargo, la Comisión considera que la presunta vinculación de estos medios con los servicios de inteligencia del Perú, resulta altamente preocupante, toda vez que mostraría la voluntad de algunas autoridades de hostigar a los periodistas, especialmente los de investigación y políticos de oposición. 

  48.            Las amenazas contra algunos periodistas de investigación son también una característica de la campaña de hostigamiento existente.  La periodista Cecilia Valenzuela, conductora de un programa televisivo conocido por su espíritu crítico respecto del Gobierno, ha sido amenazada de muerte telefónicamente y por escrito.  En varias oportunidades la señora Valenzuela expuso presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno y del Servicio de Inteligencia.

  49.            El caso de la periodista Cecilia Valenzuela no es un caso aislado. Muchos otros periodistas han informado a la Comisión que han sido víctimas de amenazas.  Entre otros, cabe mencionar los casos de los periodistas César Hildebrant, Angel Páez y Blanca Rosales.  La gran mayoría de los periodistas amenazados han mantenido posiciones críticas frente a las autoridades y los Servicios de Inteligencia.

            50.            Los servicios de inteligencia no son la única agencia del Estado aparentemente involucrada en el hostigamiento de periodistas y miembros de la clase política que expresan sus críticas públicamente.  La Comisión ha sido informada de que en diversas oportunidades algunas radios, especialmente del interior del país, han sido objeto de presiones por parte de las fuerzas de seguridad de la región.  Por ejemplo, en las localidades de San Martín, Huancavelica e Iquitos, agentes de la Policía Nacional o dependientes de las Jefaturas Político Militares efectuaron actividades de amedrentamiento contra los periodistas que trabajan en radios de la zona.  Las actividades incluyen desde la presentación espontánea de miembros de la Policía o del Ejército que solicitan información sobre la afiliación política de los dueños y periodistas, hasta la solicitud del envío de copias de los programas emitidos y la solicitud de contestar cuestionarios informando sobre las actividades del medio.

            51.            La información recibida sugiere que existe cierta unidad de criterio en la naturaleza de los ataques padecido por quienes expresan cierto tipo de ideas o formulan denuncias contra el gobierno ante los medios de comunicación, a pesar de que provendrían de fuentes distintas. Esta unidad parece responder a una planificación previa, y no al producto de una mera coincidencia.  En primer término, las víctimas de los ataques son principalmente periodistas de investigación y miembros de partidos políticos de la oposición que expresan críticas a las autoridades y más específicamente a los Servicios de Inteligencia.  En segundo término, las páginas de Internet desprestigiando a periodistas son conceptual y lingüísticamente similares a los ataques en medios gráficos e incluso a ciertas amenazas.  Asimismo, los titulares cuestionando a los periodistas de investigación y políticos de oposición en la denominada prensa sensacionalista son similares de un diario a otro. De igual manera, la documentación sobre las actividades de los Servicios de Inteligencia indica que las campañas de desprestigio han sido implementadas por lo menos desde 1994. La similitud en los ataques, la similitud en las actividades de las personas atacadas o amenazadas, y la continuidad en el tiempo de estas actividades, hace difícil suponer que puedan responder a hechos aislados que no sean consecuencia de una planificación.

3.            El rol del Poder Judicial como garante de la libertad de expresión

52.            En Perú el ejercicio de la libertad de expresión no está amparado en la práctica por garantías judiciales efectivas a fin de investigar, sancionar y reparar los abusos y crímenes contra periodistas. Esta situación de impunidad frente a un caso concreto produce al mismo tiempo un efecto amedrentador respecto a la sociedad en su conjunto. A su vez, en varias oportunidades el poder judicial ha sido utilizado como un instrumento de hostigamiento contra periodistas de investigación y políticos de oposición por parte de funcionarios públicos.

a)                  Utilización del poder judicial para hostigar a periodistas

            53.            La Comisión ha recibido información que señala que debido a la falta de autonomía, irregularidades y deficiencias del poder judicial en muchas oportunidades éste esta siendo utilizado para hostigar a los periodistas de investigación y políticos de oposición. La información disponible indica que lejos de cumplir con su función protectora, el Poder Judicial estaría también siendo utilizado como mecanismo de intimidación.  Concretamente, la Comisión ha recibido denuncias que indican que periodistas de investigación que han difundido información perjudicial para las autoridades, han sido procesados ante los tribunales.  Por ejemplo, el periodista José Arrieta, quien reveló hechos que involucran la responsabilidad de los servicios de inteligencia en casos como el de Leonor La Rosa Bustamente, ha sido procesado bajo los cargos de inducir a un agente del Servicio de Inteligencia a dar información falsa. Actualmente, el señor Arrieta se encuentra exiliado en los Estados Unidos.

            54.            Asimismo el director de la revista Caretas, el señor Zileri Gibson, fue procesado por haber publicado información sobre las actividades del asesor presidencial Vladimiro Montesinos señalando que éste trabajaba para el gobierno del Presidente Fujimori.  Tras ser condenado en 1991, Zileri Gibson presentó un recurso ante la Corte Suprema con el fin de invalidar la sentencia, argumentando que Vladimiro Montesinos ha reconocido públicamente su participación en la función pública desde inicios del gobierno del Presidente Fujimori. (Ver párr.80) El empresario Baruch Ivcher y el periodista de la Asociación Prensa Libre, Guillermo Gonzales Arica, también han sido objeto de procesos que parecen tener por objeto acallar las críticas a la acción del gobierno.[22]

   55.            El respeto integral de los derechos humanos depende del control de legalidad ejercido por los tribunales con el fin tanto de asegurar el ejercicio de la libertad de expresión como la protección de otros derechos que pueden verse afectados en su ejercicio.  En este esquema, el derecho a difundir ideas por periodistas de investigación y políticos de oposición o referidas a la gestión de gobierno y de interés público mediante la prensa, merece especial protección por parte del Poder Judicial y por los órganos de protección del sistema interamericano.[23]  La posición dominante del gobierno y la importancia de la crítica pública a su gestión en el contexto de la democracia hacen necesario que éste, se abstenga de recurrir a los tribunales para responder a los ataques de sus adversarios políticos.[24] En el Perú sin embargo, donde el Poder Judicial ha visto su autonomía e independencia seriamente comprometidas, todo indica que se utiliza a los tribunales con el fin de intimidar y hostigar a quienes impulsan el periodismo independiente.

b)            Falta del deber de investigar los abusos y crímenes contra periodistas

    56.            La falta de investigación efectiva de un crimen contra un periodista resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Igualmente, este tipo de crimen tiene un efecto amedrentador sobre otros periodistas y la ciudadanía, pues puede generar miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. La Comisión considera que tal efecto solo puede ser evitado mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno. A este respecto, la Comisión ha establecido que la falta de investigación seria, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato de un periodista constituye una violación del derecho a informar y expresarse pública y libremente y por lo tanto genera la responsabilidad internacional del Estado.[25]

              57.            Conforme al derecho interno y el derecho internacional el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos.  Consecuentemente, los Estados incurren en responsabilidad internacional toda vez que no adoptan las medidas necesarias para prevenir violaciones a los derechos fundamentales, o una vez consumadas, no investigan, juzgan y sancionan a los responsables.[26]  Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado:

El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.  Si el aparato del Estado actúa de modo que la violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.  Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.[27]

              58.            Asimismo, es oportuno recordar el Principio de la Declaración de Chapultepec que expresa:

El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.  Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad[28]

              59.            En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha expresado su preocupación por la impunidad por los crímenes contra periodistas como consecuencia del ejercicio de su profesión y ha recomendado:

(a)                 Que los gobiernos adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieran como su objeto la obstrucción de la justicia.

(b)                 Que los gobiernos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos de quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión.[29]

60.            La misma preocupación ha sido compartida por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, quien ha dicho:

Los gobiernos deben…hacer todo lo posible por investigar los actos o las amenazas de violencia, intimidación o acoso contra el personal o las oficinas de los medios de difusión y llevar a los responsables ante la justicia.[30]

           61.            Resulta preocupante que ante la gran cantidad de denuncias sobre hostigamientos contra periodistas en el Perú, las personas afectadas no siempre cuentan con la protección judicial que permita esclarecer responsabilidades, frenar la intimidación y reparar el daño causado.