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CAPITULO VI

DERECHOS SINDICALES

 

A. ORDENAMIENTO JURIDICO APLICABLE

La Declaración Americana de los Derechos y Debe res de l Hombre establece en su Artículo XXII lo siguiente:1

Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras pare promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.

La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Arts. 26 y 27) estipula lo siguiente:2

Artículo 26. Los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo, raza, credo o ideas políticas, tienen el derecho de asociarse libremente pare la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, que, a su vez, puedan federarse entre sí. Estas organizaciones tienen derecho a gozar de personería jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos. Su suspensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de procedimiento judicial adecuado.

Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para la constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales no deben coartar la libertad de asociación.

La formación, funcionamiento y disolución de federaciones y confederaciones estarán sujetos a las misma formalidades prescritas pare los sindicatos.

Los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la respectiva ley, y durante el período de su elección y mandato, no podrán ser despedidos, trasladados de empleo, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa, calificada previamente por la autoridad competente.

Artículo 27. Los trabajadores tienen derecho a la huelga. La Ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicio.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reformada por el Protocolo de Buenos Aires (1967), dispone (Art. 43, c) lo siguiente:3

Artículo 43

...

c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente pare la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de 8U libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva.

Además en el campo de la libertad sindical la misma está regulada internacionalmente por los instrumentos vigentes de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), los cuales una vez ratificados por los países, constituyen derecho interno plenamente aplicable, en forma directa, en el Estado Parte. Así por ejemplo, Paraguay ha ratificado los Convenios 87 (1948) sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación (entró en vigor el 4 de julio de 1950) y 98 (1949) sobre Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva (en vigor el 18 de julio de 1951).4

Por tanto el derecho de sindicación: el derecho a negociación colectiva y el derecho de huelga, forman parte del derecho positivo del Paraguay con el alcance y características que le otorgan las Convenciones 87 y 98 que, en resumen, incluyen los siguientes postulados:

a) Los trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas;

b) Las organizaciones tienen el derecho de redactar sus estatutos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y actividades y su programa de acción:

c) Las organizaciones laborales no están sujetas a disolución o suspensión administrativa;

d) Las organizaciones tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores;

e) Las organizaciones tienen derecho a obtener personería jurídica sin sujeción a condiciones limitativas de la libertad sindical;

f) La legislación nacional de un Estado Parte no puede limitar ni menoscabar las garantías previstas en los convenios internacionales.

g) Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra actos de discriminación que puedan afectar la libertad sindical, en particular, el despido de trabajadores por razón de su actividad sindical;

h) No deben las autoridades de los Estados Partes interferir en las actividades de los sindicatos:

i) Deben crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales pare garantizar el respeto al derecho de sindicación, así como el pleno desarrollo de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo;

j) Las organizaciones sindicales deberán respetar las leyes nacionales del país respectivo pero éstas no deben ser incompatibles con los principios de la libertad sindical.

k) Los trabajadores y, en especial, los dirigentes sindicales deben gozar de adecuada protección contra la discriminación o actos contrarios a su labor sindical en lo referente a empleo.

A la luz de los principios y beses enumerados atrás este capítulo tiene por objeto hacer un relevamiento de la situación del derecho a la libertad sindical en Paraguay a partir de 1978 (en que publicó la CIDH 8U último informe sobre la Situación de los Derechos en ese país).5

 

B. LA CONSTITUCION Y LA LIBERTAD SINDICAL

La Constitución del Paraguay6 se ocupa en 8U Capítulo V, Punto 4, de los Derechos de los Trabajadores (Arts. 104 a 110).

EL Artículo 109 garantiza la "libre agremiación de los trabajadores manuales, intelectuales y profesionales, y de cuantos ejerzan una actividad afín como medio de vida, pare la defensa de sus garantías gremiales", agregando lo siguiente: "Tales agremiaciones no estarán sometidas a otros requisitos que los establecidos por la ley con el propósito de asegurar su organización y funcionamiento democráticos, y garantizar los derechos de sus miembros."

EL Artículo 110 estipula el derecho de huelga de los trabajadores, si bien transfiriendo a la ley la reglamentación de este derecho "pare asegurar su ejercicio por procedimientos democráticos y exclusivamente pare la defensa de intereses gremiales".

Si bien las disposiciones anteriores podrían considerarse conformes con los principios sobre libertad sindical reconocidos en la Constitución de la O.I.T. y la Declaración de Principios anexa a la misma,7 un examen más detenido conlleva a las siguientes consideraciones:

a) No establece la Constitución paraguaya garantía pare el derecho a la negociación colectiva de contratos de trabajo, lo cual constituye una omisión importante máxime tratándose de un derecho estrechamente ligado al derecho de huelga.

b) EL Artículo 107 atribuye a las autoridades la "fiscalización" de los "contratos de trabajo, los salarios mínimos y la aplicación de los beneficios de la previsión y asistencia sociales", lo cual parece restrictivo más allá de límites compatibles con la libertad sindical, lo que puede dar lugar a ingerencias o actuaciones del poder público lesivas a los principios de las Convenciones 87 y 98 de la O.I.T. y otras normas pertinentes.

c) EL texto del Artículo 110, sobre derecho de huelga, refiere a la ley su reglamentación en términos ambiguos como "procedimientos democráticos", o ampliamente restrictivos como "exclusivamente pare la defensa de intereses gremiales". Esta terminología, cuya calificación obviamente corresponde hacer en cada caso a las autoridades, puede traducirse en la práctica en severa limitación de este derecho laboral básico.

d) Las normas constitucionales no garantizan el derecho de los sindicatos al reconocimiento de la personería jurídica y a la protección de su libertad e independencia; esto constituye también una omisión importante que puede tener consecuencias prácticas relevantes en el orden sindical, razón por la cual sería más conveniente que este derecho debiera quedar estipulado a texto expreso en la Constitución.

e) Tampoco está garantizado expresamente en la Constitución paraguaya, el derecho al trabajo sin discriminación alguna: ni el derecho a que la suspensión o disolución de los sindicatos no pueda imponerse sino en virtud de procedimiento judicial adecuado, tal como previene el Artículo 26 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, aprobada con el voto favorable del Paraguay. Estos principios coinciden con los incluídos en el Artículo 43 (Normas Sociales) de la Carta de la OEA (que es un tratado suscrito y ratificado por el Paraguay). Esta es otra omisión que da una idea del carácter restrictivo del ordenamiento constitucional paraguayo en materia laboral y sus limitaciones en comparación con el derecho internacional aplicable.

 

C. EL CODIGO DE TRABAJO8

Sancionado por la Ley N° 729 del 31 de agosto de 1961 no ha sido modificado desde esa fecha.

EL Código reconoce los principios de libertad sindical y el derecho a constituir ("sin necesidad de autorización previa") sindicatos (Art. 281). Sin embargo cabe anotar que los Artículos 291 a 299 son excesivamente rigurosos en cuanto a los requisitos exigidos pare la formación de sindicatos, la administración de los mismos, la admisión y exclusión de los asociados, la remoción de los miembros directivos y hasta el procedimiento pare reformar los estatutos, todo lo cual parece una ingerencia en la propia libertad de los sindicatos.

También reconoce el Código (Art. 303) que los sindicatos constituyan federaciones y confederaciones, aplicando a éstas los mismos requisitos de formación y administración que tienen los sindicatos (Art. 305).

Los Artículos 347 y siguientes, que se ocupan del derecho a la huelga, tienen características notoriamente restrictivas que dejan a la autoridad pública un considerable margen de limitación del derecho en cuestión a juzgar por el tenor del Artículo 350. Asimismo, los Artículos 353 y 354 son muy rigurosos en la exigencia de requisitos para las declaratorias de huelgas, los cuales en la práctica son obstáculos al ejercicio de este derecho con la libertad con que lo estipula la O.I.T. (Convenio 98), la Carta Internacional Americana y la Carta de la OEA.

Como en el caso de la Constitución el Código del Trabajo podría calificarse como una cobertura legal con sentido declarativo más que efectiva garantía de los derechos que en él se ennumeran.

 

D. SITUACION DE LA LIBERTAD SINDICAL

Seguidamente se trace un resumen de hechos y situaciones relacionadas con la libertad sindical en Paraguay, en base a las informaciones y datos de que ha dispuesto la Comisión.

En 1951 se formó la Confederación de Trabajadores del Paraguay (CPT) con elementos de los partidos Colorado, Federistas y Comunistas. En 1959 la misma fue disuelta y sus dirigentes perseguidos y desterrados. Actualmente funciona desde el exilio en Brasil y Argentina. La Confederación oficial es un instrumento del régimen y del Partido Colorado y sus dirigentes han sido impuestos por el Gobierno; el Consejo Nacional de Delegados no funciona y los dirigentes ni siquiera pertenecen al problema laboral y en general la C.P.T está similada al Ministerio de Trabajo.

En 1984 todos los dirigentes de la CPT fueron reelectos. EL Secretario General del Sindicato de Periodistas (que el Gobierno ha rehusado reconocer) señalo en "ABC Color" que la Confederación Paraguaya de trabajadores es un grupo que existe pare reprimir cualquier intento de los trabajadores pare defender sus derechos.

Paraguay tiene una larga historia de conflictos laborales. Desde la supresión de la Confederación independiente de trabajadores (en 1959) sus dirigentes fueron detenidos y desterrados. Desde entonces la Confederación Paraguaya de Trabajadores (C.P.T), protegida por el Gobierno ha dominado el movimiento laboral considerándose que la misma sólo representa un 2% del movimiento sindical, siendo el Gobierno y no los trabajadores los que seleccionan sus dirigentes. Desde su formación nunca ha declarado una huelga. Como resultado la Confederación Internacional de Sindicatos Libres expulsó a la Confederación Paraguaya de Trabajadores en 1979.

EL 27 de septiembre de 1985, la policía asaltó la Asamblea de Trabajadores arrestando a Sebastián Rodríguez, Secretario General de la "Organización de Conductores de Autobuses No. 21". También detuvo al líder sindical Félix Sosa y al abogado Marcial González Safstrand.

Asimismo, en noviembre de 1985, la policía prosiguió con los arrestos arbitrarios de trabajadores en Yacretá, que es una hidroeléctrica en la frontera con Argentina: Juan C. Páez, Isabel Cáceres y Concepción Rodríguez fueron llevados a Asunción y detenidos en el Depto. de Investigaciones sin orden del juez competente por varios días, según fuera informado a la Comisión.

La Confederación Paraguaya de Trabajadores ea la única organización laboral del país reconocida por el Gobierno y dominada por el Partido (oficialista) Colorado. Muy pocos de los sindicatos con elementos opositores pertenecen a la C.P.T. Observadores han señalado que en los últimos años esta Confederación no ha ejercido el derecho de huelga aunque se note una evolución hacia la independencia y una posición más active en defensa de los trabajadores.

También han indicado que no hay en realidad un movimiento sindical en Paraguay pues la Confederación Paraguaya de Trabajadores (C.P.T), la única reconocida, está controlada por el Gobierno y el Partido Colorado.

En 1981 continuó la misma situación y los dirigentes sindicales de la C.P.T. electos ese año lo fueron con el pleno apoyo del Gobierno. Entretanto se ha señalado que las huelgas no están permitidas y la negociación colectiva de contratos de trabajo se vio frustrada por la interferencia de las empresas privadas no obstante (y en contra) las garantías previstas en las leyes.

Se ha informado también que en 1982 y 1983 no ofrecieron progresos en lo que respecta a la libertad sindical, quedando las mismas condiciones restrictivas descritas en años anteriores. Sin embargo en 1984 se produjeron algunos hechos dentro del movimiento sindical paraguayo que podrían cautelosamente ser considerados como muestras incipientes de una actividad sindical libre aunque estrictamente vigilada por las fuerzas de seguridad del Ministerio de Trabajo, donde los dirigentes son frecuentemente llamados pare ser interrogados sobre sus actividades. Según se ha señalado, en algunos casos han sido advertidos de que deben cambiar o moderar su conducta.

No obstante los aparentes logros sindicales de 1984 una visita de la Confederación Internacional de Sindicatos Librea efectuada al Paraguay, en los últimos meses de 1983, culminó con un análisis altamente crítico de la situación señalando que el Gobierno del Paraguay viola sistemáticamente los derechos de los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) llevó a cabo en junio de 1985 una visita al Paraguay pare verificar la aplicación de las Convenciones 87 (Libertad de Asociación) y 98 (Derecho de Organización Sindical y Libre Contratación Colectiva de Trabajo).

Como resultado de esta visita, la O.I.T. expresó su seria preocupación por la falta de garantías pare los derechos protegidos por tales convenciones, en particular, la prohibición de huelgas en los sectores públicos y el despido sin indemnización previa.

Si bien la aceptación de esa misión de observación directa constituyó un progreso, cabe señalar que el Gobierno paraguayo anteriormente había desconocido las manifestaciones o decisiones de la OIT. La OIT formuló varias recomendaciones para una mayor y mejor aplicación de los Convención 87 y 98.

En un documento considerado por la Comisión se trace un examen de la contradicción existente entre las garantías que sobre libertad sindical y otros derechos laborales establece la Constitución paraguaya y el Código de Trabajo y la experiencia del "derecho vivido" en ese país.9

En este contexto se expresa que, en general, no existe en Paraguay ninguna entidad sindical con funcionamiento independiente del poder público pues la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) si bien reclama ser una entidad libre este reclamo es altamente cuestionable. Los Arts. 109 y 110 de la Constitución garantizan a los trabajadores el derecho de huelga y el de libre agremiación pare la defensa de sus fines gremiales, a la par que los Arts. 104 y los garantizan una amplia gama de derechos de índole social y económica. Sin embargo, la situación presentada en materia de derechos sindicales indica que esos derechos se encuentran lejos de ser reconocidos en la práctica.

En agosto de 1978 los propios dirigentes de la CPT declararon que ésta no había podido cumplir con sus finalidades básicas, colocando los intereses de los trabajadores al servicio de otras causes ajenas al servicio laboral y "muchas veces contrarias al espíritu y la razón de ser de una institución que, como la CPT, tiene su principio y fin en la lucha por la reinvidicación de los miles de hombres y mujeres que con su esfuerzo y trabajo diario están cimentando el presente y el porvenir de la patria".

En la Zona de Villarrica, entre 1979 y 1980 se informó que tuvieron lugar varias acciones represivas del Gobierno en contra de las organizaciones laborales campesinas que se caracterizaron por su arbitrariedad y violencia pare conseguir que campesinos abandonaran sus sierras de cultivo sin ningún título que pudiere explicar tales desalojos.

Entre los detenidos y muertos en esas acciones se encontraban conocidos dirigentes de las Ligas Agrarias (sindicato de trabajadores agrícolas) cuyos miembros han sufrido un largo período de amenazas, detenciones arbitrarias y tortures. Amnesty International se dirigió al Presidente de la República expresándole su preocupación por tales detenciones y ataque y por la seguridad de los presos en manos de la División de Infantería de Villarrica, dados los antecedentes de este cuerpo armado en anteriores detenciones de campesinos. EL 2 de abril Amnesty hizo público que tales acciones aparentemente tenían por objeto reactivar el aparato represivo del Gobierno en contra de la tentativa de los campesinos de organizarse en ligas o sindicatos.

También se informó a la Comisión que el dirigente sindical Constantino Coronel, puesto en libertad el 5 de septiembre de 1980, había sido desterrado. En un principio las autoridades lo acusaron de delitos comunes.

Asimismo se informó a la CIDH sobre la preocupación existente por la persecución desarrollada contra las Ligas Agrarias, organización propiciada por la Iglesia Católica, contra la cual hubo una intensa actividad pare su eliminación por parte del Gobierno que, al final, tuvo éxito, pues sus dirigentes han sido encarcelados u obligados a salir del país, como el caso de Emilio Roa Espinosa y Antonio Maidana, desterrados en Buenos Aires.

En 1980, junto con la detención de periodistas, líderes políticos, y estudiantes, tuvo lugar la detención de Angel Eustacia Rodríguez 8enítez, un trabajador del ladrillo, dirigente sindical arrestado el 30 de mayo de ese año cuando regresaba de Argentina pare Asunción. Según se informó fue llevado al Departamento de Investigaciones, estuvo detenido varios mesas y torturado antes de ser transferido a la Penitenciaria Nacional de Tacumbú. En agosto de 1981 fue enjuiciado bajo la Ley 209 y acusado de ser comunista y sentenciado a tres años de presidio.

En mayo de 1983 se organizaron varias peticiones públicas en favor de más de 30 Personas detenidas en Asunción entre los cuales figuraban varios líderes sindicales empleados del Banco Paraguayo de Datos (BPD) y del Estudio Gráfico, una compañía impresora. En septiembre de ese año todavía tres de los detenidos continuaban en presidio en Tacumbú (Presidio Nacional), a saber: Roberto Antonio Villalba, Enrique Gossen Martens, y Desiderio Arzemendia López, todos acusados de violar la Ley 209 de 1970 que según se manifestó "se aplica indiscriminadamente contra toda persona que pretenda ejercer sus derechos".

En abril de 1986 la organización Amnesty International envió una delegación al Paraguay pare investigar la alegada detención arbitraria y torture de campesinos que habían participado en las disputes y desalojos de sierras. Las víctimas eran usualmente líderes comunales que se encontraban negociando tales problemas con el llamado Instituto de Bienestar Rural (IBR). En este caso fue detenido Pedro Ayala (Presidente de la Comisión Vecinal), detenido en junio de 1984 y puesto en libertad en 1985. Como resultado de la visita Amnesty pidió al Gobierno que proteja a las comunidades campesinas pare evitar los desalojos de sierras.10

En un Informe del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo11 aparece el Caso No. 854, presentado por la Central Latinoamericana de Trabajadores y la Confederación Mundial de Trabajadores en contra del Gobierno del Paraguay.

EL caso se concrete a la detención de Domingo Melchor y Santiago Rolón Centurión, hermanos del dirigente sindical asesinado Martino Rolón Centurión; el proceso incoado contra el sindicalista José Gil Ojeda Falkan y, las alegaciones de torture de varios sindicalistas detenidos.

EL Gobierno alegó que la orden de detención contra Ojeda Falkan se había dispuesto de 1976 por contravenir la Ley 209 (de 1970) sobre pez pública y libertad personal. Sin embargo el Gobierno no suministró informaciones sobre los hermanos Rolón Centurión ni sobre las alegaciones de torture contra otros sindicalistas.

Señala el informe que el Comité de la OIT, en el examen del caso, observó la "considerable demora entre la orden de detención (de Ojeda) y el momento en que había sido presentado ante un juez pare ser interrogado sobre los cargos contra él. "En este sentido, el Comité formuló recomendación pare que Ojeda fuera sometido prontamente a juicio y se diera a conocer el fallo que se dictara. Asimismo, se produjo recomendación pare que el Gobierno informara sobre la situación de los hermanos Rolón y las alegadas tortures contra otros sindicalista detenidos.

Cabe señalar que finalmente, el Comité expresó su profunda preocupación por que el Gobierno paraguayo en repetidas ocasiones había ofrecido remitirle las informaciones necesarias pare poder examinar el caso sin que éstas hubieran llegado, viéndose, por tanto, "obligado a proseguir el examen del caso sin esas informaciones."

Por lo que respecta a la detención de los hermanos Rolón y del señor Ojeda Falkan, el Comité dejó sentado lo que la "detención de dirigentes sindicales incluso por razones de seguridad interna, constituía una grave interferencia con el derecho a la libertad sindical, a menos que se rodeara a los detenidos de adecuadas garantías judiciales", pidiéndole al Gobierno que presentara un informe tan preciso como fuera posible sobre las acusaciones formuladas y, en especial, sobre los procedimientos judiciales a que hubieren sido sometidos los afectados así como los textos de las sentencias o fallos que se pronuncien, a fin de que el Comité pudiera examinar estos casos con los debidos elementos de juicio.

En un Informe del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo,12 figura el resumen de una denuncia o queja presentada por la Confederación Internacional de las Organizaciones Sindicales Libres (CJDSL), de 6 de febrero de 1981, junto con la Confederación de Trabajadores Paraguayos en el Exilio (CPTE), en relación con los impedimentos del Gobierno pare que se forme una Organización Sindical de los Trabajadores de la Represa de Itaipú, en vista de que toda iniciativa ha sido reprimida en violación de las Convenciones 87 y 98 de la OIT. Además se formuló queja por violación de otras normas sindicales como higiene, vivienda, hospitales, enseñanza, guarderías infantiles y centros de formación pare madres.

EL Gobierno en su respuesta había negado los hechos. EL Comité ~i bien se mostró preocupado por los hechos, decidió no continuar el examen del caso.

Un boletín de la OIT informa lo siguiente:13

EL Secretario General del Movimiento Intersindical de Trabajadores (MITP), fue detenido el miércoles 18 de marzo, a raíz de convocar y participar en una reunión sindical organizada bajo el lema "sindicación, salario justo y trabajo pare todos."

EL compañero Víctor Báez permaneció detenido durante 36 horas incomunicado en una celda común del Cuartel Central de Policía de Asunción." Y agrega: "La liberación del compañero Báez se produjo por falta de méritos y por la presión del movimiento sindical. CIOSL/ORIT lanzó inmediatamente una campana internacional despachando cables de protesta contra el régimen de Stroessner y denuncias a la OIT, exigiendo su libertad incondicional".

Según una cronología de eventos ocurridos en Paraguay, se informa lo siguiente:

a) Ardulfo Coronel, coordinador del Movimiento Sindical Campesino del Paraguay fue detenido (sin cargos) en su ciudad natal de Santa Rosa, Misiones. Estuvo incomunicado junto con su sobrino Hilarión hasta el 9 de marzo.

b) EL Dr. Carlos Filizzola (26), presidente de la Asociación Médica de Hospitales fue arrestado el 2 de mayo e incomunicado en el Departamento de Investigaciones en Asunción, bajo el Artículo 79 de la Constitución que regula el "estado de sitio".

EL 31 de mayo de 1986 el detenido fue transferido a la Guardia de Seguridad. EL 23 de mayo fue puesto en libertad aparentemente por el levantamiento de una huelga en el Hospital de Clínicas y por intervención del Arzobiapo Ismael Rolón.

c) EL 31 de octubre 100 estudiantes de medicine marchan al Palacio del Congreso pare pedir alza de salarios en el Hospital de Clínicas. Los participantes fueron violentamente reprimidos y 11 resultaron heridos.

d) Héctor Lacoznata, eatudiante de medicine, representante de la Asociación de Doctores y Enfermeras del Hospital de Clínicas, fue arrestado por la policía y luego transferido a la prisión de Tacambú donde fue incomunicado y sólo puede ser visitado por 8U madre. Ha sido acusado bajo la Ley 209 de ser subversivo. Fue puesto en libertad condicional el 23 de diciembre por el Juez Penal Soto Estigarribia.

e) María Henminia Feliciángeli y su esposo Benjamín Ranson Livieres, periodista de La Tarde y miembro del Sindicato independiente de periodistas, fueron detenidos sin orden de autoridad competente por hombres de civil cerca del periódico Hoy, el día 24 de octubre de 1986. Ambos pertenecen a sindicatos independientes. Fueron alojados en la Policía de Investigaciones y, luego, trasladados al Buen Pastor y a Tucambú, respectivamente. Sólo la madre de uno de ellos ha podido visitarlos, pero por lo demás están incomunicados. Se presentó recurso de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia. Acusados bajo la Ley 209, la esposa fue puesta en libertad el 17 de diciembre pero su juicio continua. EL Sr. Livieres recibió libertad condicional el 30 de diciembre de 1986.

En la entrevista indica que no hubo oposición del Trabajo pare su regreso en el cual también intervino la OIT.14

También en el "Daily Report" se informa lo siguiente:15

Varios sindicatos han emitido un comunicado de prensa denunciando el arresto de Pedro Salcedo, secretario general del Sindicato de la Compañía Algodonera Paraguaya (CAPSA), llevado a cabo el 28 de marzo de 1987 por la policía. EL Movimiento Intersindical (MIT) ha dicho que "Este es un caso de persecución y hostigamiento de los dirigentes del Sindicato de CAPSA porque tanto la policía como la Confederación Paraguaya de Trabajadores están tratando, por todos los medios, de prevenir que el Sindicato CAPSA lleve a cabo una asamblea general". Y agrega lo siguiente: "Debe recordarse que el pasado febrero el CAPSA fue atacado por el secretario general de la CPT acompañado del Senador Manuel Fontos Pane".

Otras fuentes informaron que Raquel Aquino, miembro del sector de Trabajadores de Negocios y del Sindicato de Empleados (SEOC) ha sido sometida a torture psicológica en violación de sus derechos humanos fundamentales y con el propósito claro de dominar o someter sus actividades.

Asimismo se dio cuenta del arresto de Pedro Salcedo, citado atrás, agregando los constantes ataques de la policía al sindicato algodonero y además, del arresto de dirigentes sindicales del asentamiento agrario TAVAPY II, así como del Sindicato Nacional Campesino (UNC), los cuales se encontrarían incomunicados. En el asentamiento TAVAPY II fuerzas conjuntas del ejército y policía desalojaron a campesinos por la fuerza sometiéndoles a todo tipo de maltratos. Los campesinos han venido rehusando abandonar sus tierras.

En un Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay se refieren las siguientes situaciones sobre libertad sindical y la situación de las organizaciones gremiales campesinas en su "lucha por la sierra y por la vida":16

a) EL Prelado de Encarnación (Depto. de Itapua, en la frontera con Argentina), emitió un comunicado en el cual categóricamente se refiere a la violación masiva de los derechos de los campesinos. Se indica en dicho comunicado que hay cerca de 650 familias víctimas de medidas arbitrarias de secuestro, destrucción y tome de sierras, que da una idea de la situación de opresión que sufren los campesinos del país.

b) En un artículo de 3 de septiembre de 1986, titulado "Campesinos sin sierra, pero con golpes y desaparecidos", se expresa lo siguiente:

Un grupo de representantes de las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos: periodistas, organizaciones religiosas y organizaciones sindicales, han confirmado que campesinos desarmados han sido violentamente desalojados de sus sierras por fuerzas de la policía y el ejército. Como resultado 20 campesinos fueron detenidos y se ignore su paradero".

c) La gran mayoría de los sindicatos de trabajadores no tienen personería jurídica. Simplemente se les considera grupos de hecho que tienen que luchar constantemente por un mínimo de derechos. "En los círculos laborales la represión más reciente tuvo lugar en el sindicato de trabajadores del Hospital "Las Clínicas", en particular, las enfermeras que estaban obligadas económicamente a pedir un aumento de salario que era menos que el mínimo establecido por la Ley".

La sistemática persecución del personal del Hospital continuó por todo el año 1986 y, en octubre de ese año, durante una manifestación del sindicato, la policía usó cachiporras contra los manifestantes dejando muchas personas heridas y otras contusos. Y agrega: "La brutalidad del ataque policial contra los trabajadores y doctores del Hospital fue un ejemplo pare los observadores de cómo se respeta el derecho de reunión y asociación en Paraguay".

d) Otro grupo sindical sujeto a persecución es el de los periodistas. Actualmente hay 2 periodistas del sindicato detenidos, tal como lo publica el periódico "Sendero" (órgano de la Iglesia Católica). Y agrega: "Detenciones de esta clase son parte de la acción represiva tomada contra los sindicatos por parte de la policía la cual, una vez más, no actuó con orden de autoridad competente, violando en esta forma la libertad sindical básica que está garantizada por la Constitución y por la ley".

e) Los trabajadores de la recientemente formada Unión Sindical de Yacyretá, una central hidroeléctrica entre Paraguay y Argentina (que habían recibido apoyo económico de Italia, Francia, Estados Unidos y Canadá) han sido detenidos apenas dos meses después de haberse constituido".

En el curso de la 71a sesión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, 1985, el Gobierno del Paraguay solicitó ante el Comité de Convenciones y Recomendaciones el envío de una misión de "contacto directo" al Paraguay con el propósito de examinar la forma como se estaban aplicando en el país las Convenciones 87 y 98 sobre libertad sindical, derecho de negociación colectiva y de huelga.17

Asimismo, al discutirse la petición paraguaya, se enfatizó la conveniencia de que la misión in loco examinara también los casos pendientes ante el Comité de Libertad Sindical.

La misión se llevó a cabo entre el 23 y el 27 de septiembre de 1985, con una visita (21 de septiembre) a Buenos Aires pare entrevistar a los dirigentes de la Confederación en el exilio.

La misión visitó altas autoridades del Gobierno incluido el Ministro de Justicia y Trabajo, Sr. Eugenio Jacquet: al Director de Trabajo, Sr. Carlos Doldán del Puerto y a otros funcionarios del Ministerio de Trabajo. También entrevistó a dirigentes sindicales de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT); Federación de Producción, Industria y Comercio (FEPRINCO): del Sindicato Nacional de la Construcción (SINATRAC), de la Federación de Empleados de Bancos (FETRAPAN); del Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) y, con la Confederación de Trabajadores Paraguayos en el Exilio, como se indicó anteriormente (CTPE).

Como resultado de sus tareas la misión rindió un informe ante el Comité de Libertad Sindical.

A continuación se trace un resumen de los puntos más importantes del Informe:18

a) No fue posible efectuar una entrevista con el Ministro del Interior ante quien la misión deseaba poner de presente alegaciones concretes que caen dentro de la esfera de su competencia, a saber: i) Caso 1204 ante la OIT desde el 20 de mayo de 1983, relacionado con la detención arbitraria de 19 miembros del Sindicato de la Solidaridad (MSS) como parte de una campaña de represión laboral. De los 19 detenidos 13 de ellos estuvieron presos por más de un año con violación de los principios sobre libertad sindical. Igualmente, en este caso la Misión pidió al Gobierno que formular sus puntos de vista en relación a la detención de Stella Ufinelli, Marcarita Ellias, Damián Vera, Juan Carlos Oviedo y Marza Herminia Felicianneli, miembros del MSS, y con el caso del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que por cuatro (4) años ha tratado de obtener personería jurídica: las amenazas de destierro pare sus dirigentes: el arresto y enjuiciamiento del dirigente Alcibíades González del Valle, de Aldo Zucalillo, del Dr. Jorge Alvaranga y del Sr. Carlos Cuevas durante una reunión sindical: el arbitrario despido de trabajadores de La Americana, S.A., seguidamente a la presentación de varias peticiones por parte de los trabajadores; la amenaza de despido de 800 trabajadores de FRISA S.A. seguido del pedido de pago de salarios atrasados y, el cierre de Radio Nandutí por transmitir mensajes de la Confederación de Trabajadores del Paraguay en el Exilio (CTPE) y ii) Caso 1341 ante la OIT, desde junio de 1985, relacionado con la persecución policial contra el líder sindical Ricardo Esperanza Leyva quien al regresar al país después de varios años de exilio ha sido víctima de constante asedio por las autoridades, impidiendo al citado Sr. Leyva desempeñar ninguna tarea sindical.

b) Durante la reunión con la Confederación de Trabajadores en el Exilio en Buenos Aires (el 21 de septiembre) éstas manifestaron la necesidad de que la seguridad del Sr. Julio Etcheverry Eapinola, Secretario General de la CTPE, fuera garantizada y que la OIT hiciera presente esta situación al Gobierno ya que Etcheverry regresaría al país en breve plazo.

c) También la Misión de Contacto Directo tuvo que ver con el desarrollo del Caso No. 1275 ante la OIT, desde 1984, relacionado con empleados del Sindicato del Banco del Bresil y, en particular, el despido de Rolando Duarte, Adolfo Virgili y Guillermo Cáceres, miembros de ese sindicato. Igualmente respecto de este caso se averiguó el problema referente al estancamiento del nuevo contrato colectivo de trabajo.

d) Fueron objeto de averiguaciones los desarrollos en los Casos Nos. 1328 v 1301 ante la OIT, desde 1985 y 1984, respectivamente, relacionados con los siguientes asuntos:

i) Caso 1328, presentado por la CLAT, denunciando las limitaciones a la actividad sindical de los trabajadores de la construcción (SINATRAC) pare elegir sus representantes y otra serie de actuaciones contrarias a los intereses del sindicato, como la negativa oficial a reconocer los estatutos del mismo y,

ii) Caso 1301, presentado por la Confederación Internacional de Sindicatos Librea (ICFTU) denunciando la detención arbitraria de los dirigentes sindicales Melanio Norel, Gregorio Oieda, Pedro Zárate, Carlos Castillo Y Nicasio Guzman de SINATRAC y su destitución de funciones sindicales por expresa orden del Ministerio de Trabajo.

e) La Misión de Contacto dejó constancia de su preocupación por la situación de la libertad sindical en Paraguay.

 

E. CONCLUSIONES

En base a los datos e informaciones anteriores se pueden deducir, prima facie, las siguientes conclusiones sobre la situación de la libertad sindical en el Paraguay:

Las garantías constitucionales, en particular los Arts. 109 y 110, son insuficientes y no se ajustan a los compromisos internacionales adquiridos por ese país. Los textos son anacrónicos y deberían reflejar en forma amplia y precise los derechos sindicales básicos, sin referir a la ley las garantías de tales derechos, cuando la verdad ea que después de 20 años de promulgado dicho texto constitucional y 28 años después de adoptado el Código del Trabajo no se ha dictado legislación alguna que incorpore en el derecho interno paraguayo las normas internacionales que dicho país está obligado a cumplir y respetar.

Además de la insuficiencia y sentido restrictivo de la constitución paraguaya en materia de libertad sindical, el hecho es que las autoridades no respetan ni hacen efectivas las pocas garantías estipuladas en la Constitución de modo que puede afirmarse que dichas garantías son simples enunciados sin valor práctico o vigencia efectiva, de carácter declarativo, mantenidas con el deliberado propósito de servir de "pantallas" o coberturas legalistas pare ocultar el desconocimiento de los derechos sindicales y las represiones a la clase trabajadora urbana y rural.

No existe garantía constitucional que, a texto expreso, otorgue a los sindicatos el reconocimiento de personería jurídica.

Si bien Paraguay ha ratificado la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires (que establece derechos sindicales básicos) y las Convenciones 87 y 98 de la O.I.T., los trabajadores de ese país no pueden organizarse libremente pare la defensa de sus intereses; no pueden escoger libremente sus dirigentes sindicales; no pueden reunirse sin interferencia del poder público: no pueden afiliarse libremente a las organizaciones sindicales internacionales y no pueden darse, en forma libre y expontánea, los estatutos sindicales que regulen sus organizaciones nacionales del trabajo, todo lo cual constituye por parte del Gobierno paraguayo una violación flagrante y reiterada de sus propios instrumentos legales y de los compromisos internacionales sobre la materia.

Los dirigentes sindicales no gozan de protección de la ley pare el desempeño de sus tareas laborales. Por el contrario muchos de ellos han sido muertos en circunstancias violentas y concomitantes con factores de represión sindical, mientras otros han sido encarcelados arbitrariamente y luego forzados al exilio. En los demás casos, bastante frecuentes, los dirigentes sindicales son objeto de amenazas, presiones, abusos y detenciones arbitrarias por el Ministerio de Trabajo pare que adoptar conductas compatibles con los intereses del Gobierno o con la clase dirigente de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), controlada por el Gobierno y el Partido Colorado desde 1958.

Los derechos de negociación colectiva de contratos de trabajo y el derecho de huelga están estipulados en forma restrictiva, refiriendo a la ley su reglamentación, lo cual (al igual que con otras libertades sindicales) se ha traducido en ausencia de reglamentación con perjuicio de los derechos de los trabajadores. En la práctica las autoridades reprimen violentamente las huelgas como ocurrió recientemente en e l caso de los hospitales así como en el caso de las Ligas Agrarias.

EL Código de Trabajo (Ley 729 de 1961), que es otro texto que no se ajusta a los compromisos laborales internacionales del para, sigue las normas constitucionales, es decir, el sentido restrictivo, formal, declarativo, de dependencia de la autoridad pública e incompatible con los derechos estipulados en las Convenciones 87 y 98 de la O.I.T., en especial, en lo referente al derecho de huelga (Arts. 347 a 363).

La organización sindical paraguaya no es representativa de los intereses de los trabajadores de ese país y está dominada por las autoridades públicas. Como consecuencia de esta situación, que existe desde 1958 fecha en que violentamente se disolvió la auténtica Confederación de Trabajadores del Paraguay, el movimiento sindical y las libertades sindicales han estado reprimidas en forma más o menos constante con total contravención de las leyes internas y los convenios internacionales, tal como lo acredita la visita de la Misión de Contacto Directo de la OIT, llevada a cabo al Paraguay en 1985, cuya objetividad y relevancia profesional merecen a la Comisión entero crédito.

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1  Novena Conferencia Internacional, Bogotá (1948), Resolución XXX, II Suplemento (1945-1954), p. 203 y sgts. Igual derecho se reconoce en los Arts. 20 y 23 (41 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Paría, diciembre de 1948), Naciones Unidas. 2. Idem. Resolución XXIX, p. 195 y sgts.

2  Idem. Resolución XXIV, p. 195 y sgts.

3  Instrumentos Básicos de la OEA, Serie sobre Tratados No. 61, OEA/Ser.XlII: Normas Sociales, p. 13. Esta disposición corresponde con el Artículo 44, c del Protocolo de Cartagena de Indias (OEA/Ser.P/AG/doc. 16 (XIV-E/85) Rev. 2, 26 de febrero de 1986.

4  Ratificados por Leyes de 31 de agosto de 1961, respectivamente. Además, véase O.I.T.: Convenios y Recomendaciones, Ginebra, 1966, pp. 707 y 831, respectivamente.

5  OEA/Ser.L/Y/II.43, doc. 13, corr. 1, cit.

6  Edición oficial, 1969.

7  Filadelfia, 1944.

8  Ley 729 de 31 de agosto de 1961, reeditado en 1969.

9  Mbarete. En guaraní, "La prepotencia del poder". La ley superior del Paraguay: Liga Internacional de los Derechos Humanos, 1981, pp. 191 y sgts.

10  Informe de Amnesty International, 1986, p. 185.

11  O.I.T. GB. 213/8/13, Mayo-Junio de 1980 (original inglés), traducción libre pp. 12 y 13.

12  Caso No. 1027. Marzo de 1982. GB 219/ó/17. 13. Marzo de 1987, Vol. I, No. 2, p. 4.

13  Marzo de 1987, Vol. I, No. 2, p. 4.

14. Septiembre 3 de 1986, p. H2 y 3. Vol. VI, No. 170.

15. Abril 9 de 1987, Vol. VI, No. 068, p. H1, traducción libre.

16   Oficina de Derechos Humanos pare Latinoamérica. Consejo Mundial de Iglesias, Suiza, febrero de 1987, pp. 8-10, traducción libre.

17  Informe presentado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por Geraldo Von Potobaky, Jefe de la Misión al Paraguay (1985).

18  Comité sobre Libertad Sindical, O.I.T., Informes, No. 241, 1985, pp. 218 a 236, traducción libre.