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CAPÍTULO VII
OPERACIONES MILITARES EN ZONAS RURALES
A.
Consideraciones Generales
1.
El presente Capítulo tiene por objeto referirse a las operaciones
militares en las zonas rurales colombianas y a su incidencia en los sectores
campesinos y en la población indígena, sin que con ello la Comisión pretenda
hacer un análisis de fondo de un problema tan complejo como lo es el
concerniente a la situación de los indígenas que conlleva, como en cualquier
otro Estado del continente americano, implicaciones de diversa índole, entre
ellas, antropológicas, sociológicas, jurídicas, económicas, culturales y
religiosas.
2.
Las autoridades militares colombianas han hecho saber a la Comisión que
los operativos mencionados no han traído como consecuencia una militarización
de determinadas circunscripciones geográficas, ya que en ninguna de esas áreas
se han establecido regímenes de carácter militar, sino que siguen funcionando
las autoridades civiles nombradas por el Gobierno central.
3.
En los últimos meses, la Comisión ha recibido denuncias e informaciones
referentes a operaciones militares en determinadas zonas rurales de Colombia,
las que, de acuerdo a tales informaciones, han afectado a la población
campesina y a algunas comunidades indígenas.
Algunas de esas informaciones que obran en poder de la Comisión hablan
de zonas “militarizadas”, como consecuencia de operativos castrenses
tendientes a erradicar movimientos subversivos y, por otra parte, de acciones
armadas y políticas de movimientos guerrilleros, entre ellos las FARC y el
M-19, en dichas áreas rurales.
B.
El caso de la región de El Pato
1.
Con fecha 12 de septiembre de 1980, la Comisión recibió la siguiente
denuncia:
Han arribado a Neiva capital Departamento Huila tres mil campesinos de la
región El Pato. El éxodo se inició
día 27 agosto ante bombardeo aéreo y otras operaciones militares. Órganos legislativos como Concejo Neiva se han pronunciado
unánimemente contra nuevos actos represión población civil exigiendo
desmilitarización regiones agrarias y plenas garantías para los campesinos.
Pasado 31 de agosto cien agentes Policía ocuparon tierras comunidad indígena
Embera-Katia en Municipio Bagadó Departamento Chocó. Como resultado esta acción
punitiva fueron muertos los indígenas Luis Enrique Arce, Gobernador del Cabildo,
Jairo.
Los indígenas denuncian desaparición de cinco niños y la destrucción
de chozas, enseres, herramientas y elevada suma dinero destinado pago salarios
trabajadores minas de oro de su propiedad.
2.
En comunicación de 15 de octubre de 1980, el Gobierno contestó al
pedido de información de la Comisión, en los siguientes términos:
1. No es cierto que tres mil
campesinos hubieran abandonado la región de El Pato como producto de bombardeos
aéreos u otro tipo de operaciones militares.
Se ha presentado un éxodo de campesinos provocado por elementos
subversivos pertenecientes a las FARC, con el propósito de entorpecer la acción
de la fuerza pública que estaba desarrollando en áreas vecinas a raíz de los
graves hechos realizados por esa organización delictiva el 18 de agosto pasado,
en los cuales dieron muerte a tres soldados del Ejército Nacional.
2. Miembros del Congreso Nacional y
de la prensa colombiana pudieron evidenciar, mediante viaje a la región de El
Pato, que esta zona no había sido sometida a bombardeos por parte de la Fuerza
Aérea. Tan sólo fue necesario
utilizar, por una vez, este tipo de acción militar, para lograr la captura de
un aeropuerto clandestino ubicado en el sitio de “Las Perlas”, fuera de la
zona de El Pato, que venía siendo utilizado por los antisociales como lugar de
recepción de grandes sumas de dineros para pagos de rescates de diferentes
secuestros. Como lo pudieron
constatar parlamentarios y periodistas, no existe a más de 10 kilómetros de
este aeropuerto viviendas ni propiedades que pudieran haber sido afectadas por
la acción de la Fuerza Aérea.
3. El señor Presidente de la República
y varios de los señores Ministros tuvieron la oportunidad de recibir una
delegación de aproximadamente ochenta campesinos que se decían procedentes de
El Pato, con el propósito de analizar la situación presentada.
Durante esta reunión el Gobierno puso de presente que los verdaderos
responsables de la intranquilidad en esa región eran los miembros de las FARC y
procedió a la lectura de los nombres de 103 campesinos a quienes, en forma
criminal y violatoria de todos los derechos humanos, dio muerte tal organización
subversiva. Como hecho curioso,
cabe anotar que, a dicha reunión sólo acudieron ocho campesinos que realmente
provenían de la región de El Pato; los 72 restantes fueron reclutados de zonas
vecinas a esta capital mediante engañosa maniobra de algunos dirigentes del
Partido Comunista.
4. La gran mayoría de los
campesinos que habían iniciado el éxodo el 27 de agosto, ya ha regresado a la
región de El Pato, área en la cual el Gobierno Nacional, y el Ejército en
particular, vienen adelantando la construcción de una importante carretera y
otras obras de interés para el desarrollo de la región.
5. En cuanto a la situación
presentada en el Municipio de Bagadó, Departamento del Chocó, entre miembros
de una comunidad indígena y la Policía Nacional, es preciso recordar que la
intervención de la Fuerza Pública se efectuó mediante requerimiento formulado
por autoridad civil competente. De los resultados del incidente presentado entre
la autoridad y la comunidad indígena se adelanta la investigación
correspondiente.
El Gobierno colombiano ha entregado a la Comisión otros documentos
relativos a este caso, en el que se incluyen diversos aspectos concernientes a
las operaciones militares señaladas. Uno
de esos documentos expresa lo siguiente:
1. ANTECEDENTES
Desde 1954 la región del Guayabero y El Pato ha sido empleada como
principal refugio y centro de organización y entrenamiento de los grupos
armados que actúan en diferentes regiones del país, bajo la dirección del
Partido Comunista de Colombia y que en la actualidad se autodenominan Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
Esta organización desde un principio ha llevado a cabo una intensa
actividad proselitista y de coacción sobre los colonos de la región,
condicionando su permanencia allí y sus vidas para lograr su apoyo.
Además de lo anterior, estos grupos, concretamente en el área de
influencia del Guayabero y El Pato, han llevado a cabo las siguientes
actividades delictivas durante los últimos cinco años:
-
Asaltos a poblaciones vecinas....................................1
-
Secuestros conocidos.............................................10
-
Emboscada a Patrullas del Ejército o la Policía.............10
- En estas emboscadas fueron
asesinados.....................2 oficiales
7 suboficiales
9 soldados
6 Agentes
de Policía
- El día 04 de Junio de 1980 en
vecindades de la Inspección de Policía la Uribe (Meta) antisociales de las
FARC emboscaron una patrulla del Ejército y asesinaron a 5 soldados.
- El día 18 de Agosto de 1980 en
cercanías de Puerto Crevaux, estos mismos antisociales emboscaron otra patrulla
del Ejército y en esta ocasión asesinaron tres soldados.
Ante estos últimos hechos el Ejército, con el correspondiente y
necesario apoyo de las FAC, inició operaciones a partir del 19 de Agosto,
habiendo localizado las siguientes instalaciones hasta la fecha:
- Instalaciones del llamado
“Estado Mayor”, ubicadas en la margen derecha del Río Guayabero, con dos
alojamientos para el personal, 4 ranchos para cocina, comedor, despensa, un túnel
de escape de 20 metros por uno de diámetro, una pista para entrenamiento de
infantería y fusiles de madera para instrucción.
- Instalaciones ocupadas por LUIS
ALBERTO MORANTES JAIMES (a. Jacobo Arenas), Jefe Político de la Organización,
ubicadas en la margen derecha del Río Leiva, con los siguientes alojamientos:
rancho, cocina, despensa, campamento para 40 hombres, pista de entrenamiento.
El sitio se encontraba fortificado en sus alrededores.
- Pista de aterrizaje en la margen
izquierda del Río Leiva con 2 ranchos para cocina y alojamiento para hombres.
Esta pista fue construida por los bandoleros con una extensión de 800
metros que la capacitan para aterrizaje y decolaje de aviones DC-3.
- Instalaciones en PUERTO CHIGUIRO,
con talleres de zapatería, talabartería, sastrería, carpintería, consultorio
odontológico, armería, 2 ranchos, alojamiento con capacidad para 80 hombres
cada uno y un kiosko de conferencias para 150 hombres, fortificado en sus
alrededores.
- Instalaciones en GUAYABO NEGRO con
alojamiento para 20 hombres, cocina, trapiche, polígono, despensa.
El sitio está fortificado en sus alrededores.
- Instalaciones en la quebrada MOJA
HUEVAS, con rancho, comedor, canchas deportivas, alojamiento para 100 hombres y
fortificado en sus alrededores.
- Campamento frente a la llamada
casa de SARA CRUZ, sobre el río GUAYABERO, con rancho, comedor, cocina, y
alojamiento con capacidad para 60 hombres; fortificado en sus alrededores.
2. ÉXODO DE CAMPESINOS
Como consecuencia de la presencia de las tropas en el área en donde por
un prolongado lapso no se conocía otra autoridad que la emanada de los
sediciosos y contando con una población amedrentada por ellos y
consecuentemente obediente, el llamado “Estado Mayor” de las autodenominadas
“FARC” impartió la orden de evacuar el área con los siguientes propósitos:
-
Generar un problema social en la ciudad de Neiva para presionar al
Gobierno en sus demandas.
-
Utilizar los colonos seleccionados para que, por medio de una bien
dirigida propaganda a través de los medios de difusión nacionales, quedara en
entredicho ante la opinión pública la acción de las tropas.
-
Desplazar pequeños grupos de colonos hacia las principales ciudades en
el aparente propósito de buscar solidaridad humana pero con el verdadero de que
su presencia promueve desórdenes en los sectores estudiantil y obrero.
3.
ACCIÓN CÍVICA DE LAS FUERZAS MILITARES
En el campo operacional las Fuerzas Militares adoptaron un dispositivo
periférico en torno a la región del Pato y El Guayabero, orientado a impedir
que los antisociales extendieran sus actividades delictivas fuera de la zona
bajo control y también a apoyar las diferentes obras que mediante operaciones
de cooperación civil y militar proyectó ejecutar el mando militar, con base en
llamados planes de Rehabilitación.
Estos planes, elaborados con posterioridad a 1966, directamente por el
Comando del Ejército en coordinación con entidades gubernamentales,
semioficiales y particulares, tuvieron el propósito de adelantar aquellas obras
básicas de infraestructura requeridas para rehabilitar la región, reintegrarla
a la economía nacional y eliminar las causas primarias de alteración del orden
público, de tipo socio-económico, que además de haber sido originadas en un
alto porcentaje por los grupos de las FARC, estaban siendo explotadas por ellos
en sus actividades proselitistas.
En una etapa inicial de ejecución de estos planes, mediante la decisiva
participación de las Fuerzas Militares se lograron los siguientes hechos:
1) El reintegro de los antiguos
colonos que por la acción de los antisociales se habían visto desplazados de
sus parcelas. En esta etapa reingresaron al Pato más de 300 familias.
2) Se inició la realización de un
programa crediticio por parte de la Caja Agraria para las familias que se
reasentaron en el Alto Pato mediante el cual cada una de ellas obtuvo $74.000.oo
de préstamo.
3) Se construyeron 24 kilómetros de
la carretera Platanillal – Balsillas.
4) Se construyó el camino de
herradura Yucales-Balsilla-San Jorge con una extensión de 40 kilómetros.
5) Se construyeron 13 kilómetros
del camino de herradura la Holanda – Pueblitos.
6) Se promovió la organización de
unas cooperativas de mercadeo con la intervención de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas y del IDEMA.
7) Con la Federación Nacional de
Cafeteros se logró la construcción de una escuela en el Alto Pato en 1975.
Posteriormente se construyó otra en Galicia (Medio Pato).
8) En San Jorge (Alto Pato) se
construyó un Puesto de Salud que atendía permanentemente con una enfermera del
Servicio Nacional de Salud.
En una etapa posterior (a partir de noviembre de 1976) se inició la
construcción de la carretera Balsillas – San Vicente con un proyecto total de
111 kilómetros de los cuales ya están trazados 36 y construidos 25 con una
inversión de $42'589.000.oo.
Actualmente el costo promedio de esta obra es de $4'000.000.oo kilómetro.
4.
Con fecha 10 de octubre de 1980, el Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos publicó un boletín de prensa relativo a este caso.
Este documento expresa, entre otros aspectos, los siguientes:
No es la primera vez que el Ejército colombiano agrede la región de El
Pato. Durante la violencia desatada
en 1.948 en todo el país ésta fue una de las zonas más afectadas. Durante la segunda ola de violencia, en 1.955, las Fuerzas
Militares bombardearon y ametrallaron sistemáticamente la región de Villarica
y Galilea, convirtiendo sus campos en cementerios y obligando a los
sobrevivientes a emigrar hacia El Pato y Guayabero. En 1.965, con el mismo pretexto que se esgrime ahora:
“suprimir las Repúblicas Independientes”, el Ejército colombiano,
asesorado por una misión militar de Estados Unidos, cometió el más feroz
genocidio de campesinos de la región; una vez más fue ametrallada y
bombardeada, con pérdida de centenares de vidas, sementeras y otros bienes de
los campesinos. Cientos de colonos
fueron detenidos y torturados; los demás emigraron masivamente a las ciudades.
Luego, en 1.971, el gobierno garantizó el libre retorno de los
campesinos a esta zona afectada por la violencia, comprometiéndose el Ejército
a no intervenirla militarmente. Igualmente
se prometió a los campesinos el impulso de planes de desarrollo económico-social,
la apertura de escuelas, centros de salud, préstamos, la construcción de
carreteras, etc. Ninguno de estos planes se ha cumplido por parte de las
autoridades.
No obstante las promesas de no agredir militarmente la región, en el mes
de Agosto de 1.980 tropas de la IX Brigada la invadieron, bombardearon y
ametrallaron las zonas campesinas con el pretexto de repeler un ataque
guerrillero, y argumentando que en Colombia no podían tolerarse “Repúblicas
Independientes”.
La militarización provocó otra vez el éxodo masivo de la población
civil. Dos mil personas, entre
hombres, mujeres, ancianos y niños, marcharon cientos de kilómetros hacia
Neiva y otras ciudades para proteger sus vidas.
El perjuicio económico es enorme, pues las cosechas y el ganado fueron
abandonados.
El Congreso de la República ha designado comisiones investigadoras,
presionando por una solución al problema.
La mayoría de las Asambleas Departamentales y de los Concejos
Municipales se han pronunciado pidiendo la desmilitarización de El Pato.
Por su parte el Gobierno y los militares afirman que el Ejército
permanecerá indefinidamente en la región y se niegan a ofrecer las garantías
suficientes para que los campesinos puedan regresar a sus parcelas sin peligro
para sus vidas. Tampoco se ha
ofrecido por parte de las autoridades la garantía de que no impondrán medidas
que imperan en otras zonas militarizadas del país, entre ellas la vigencia del
salvoconducto militar para poder transitar, las continuas presentaciones
personales a los puestos de control, las restricciones al comercio de alimentos
y drogas, las detenciones masivas, allanamientos y torturas en los campamentos
militares.
Así el problema sigue estancado sin solución a la vista, pues los
campesinos se niegan a regresar hasta tanto no obtengan suficientes garantías y
permanecen refugiados en el estadio de la ciudad de Neiva. Allí cientos de familias padecen las inclemencias del tiempo
y ya un menor murió a causa de gastroenteritis.
C.
Otras Operaciones Militares
1.
En comunicación dirigida el 5 de febrero de 1981, la Comisión recibió
información sobre nuevas operaciones militares en zonas rurales colombianas,
incluyendo publicaciones de prensa sobre el tema.
Las partes pertinentes de esta información son las siguientes:
Asimismo les remitimos recortes de prensa en los cuales se informa a la
opinión pública colombiana sobre el desarrollo de una nueva operación militar
que cubre la totalidad del territorio de la Intendencia del Caquetá y afecta
igualmente a los Departamentos del Meta, Huila, Tolima y Cauca. Según lo reconocen los altos mandos militares se trata de la
operación militar demás amplio espectro de las realizadas hasta hoy en el país.
Esta acción guerrera, como las anteriores, traerá consigo toda clase de
abusos y arbitrariedades contra la población civil y particularmente contra el
campesinado como ha venido sucediendo hasta ahora, siempre bajo el pretexto de
que se trata de auxiliares de los grupos alzados en armas.
Acabamos de informarnos que se está preparando otro operativo militar
contra varios municipios y regiones del Departamento del Meta. Concretamente
existe la amenaza de una ocupación militar en gran escala en la región de
Medellín del Ariari y de los municipios de Lejanías y San Juan de Arama.
Cabe destacar que en estos lugares hay una numerosa población civil y
que en ellos hace más de veinte (20) años que no se producen hechos de
violencia y, por el contrario, la opinión pública colombiana sabe que sus
habitantes son gentes muy laboriosas y pacíficas.
Resulta claro que esta inusitada actividad de las Fuerzas Armadas
colombianas se halla íntimamente ligada con la discusión y posible aprobación
por parte del Congreso Nacional del proyecto de origen oficial sobre una
presunta amnistía para los alzados en armas.
La conducta de los altos mandos militares tiene la finalidad de aumentar
las tensiones políticas y de hacer en la práctica imposible la aplicación del
beneficio de la amnistía, por cierto condicionada y limitada.
2.
Asimismo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en
Colombia, entregó a la Comisión una relación de las operaciones militares
efectuadas en el transcurso de 1980. Esa
relación es la siguiente:
Febrero 10 de 1.980 – Puerto Boyacá: Cinco mil (5.000) soldados
han sido destinados para reforzar la militarización en este municipio. Las veredas Dos Quebradas, El Marfil, Pinzón y Guanegro
soportan el rigor de medidas restrictivas.
Sus habitantes son obligados a un severo control para la adquisición de
alimentos, medicinas y mercancías en general.
La tropa efectúa allanamientos en las residencias de los campesinos.
Algunos de ellos han sido detenidos y sometidos a tortura.
Entre los afectados figuran: Luis Enrique Henao y su hijo Luis Enrique y
Luis Carlos Galindo. Los familiares
de éstos han denunciado la desaparición de los mismos.
Febrero 17 de 1.980 – La Uribe (Meta): Numerosa y representativa
comisión de habitantes de La Uribe en audiencia con el Ministro Germán Zea
Hernández denunció el bombardeo de dicha población.
En la operación tomaron parte helicópteros y aviones militares que
indiscriminadamente bombardearon las casas y calles del poblado en repetidas
ocasiones. Posteriormente tropas
terrestres ocuparon la población e iniciaron el allanamiento de residencias,
comercios y establecimientos de enseñanza. Entre las medidas represivas
adoptadas por la tropa figuran la exigencia de salvoconductos, el control de
provisiones, la presentación de ciudadanos ante los comandantes de la Base
Militar y la detención masiva e indiscriminada de ciudadanos. Según los comisionados en la última semana han sido
detenidas más de cincuenta (50) personas: agricultores, comerciantes, maestros
de escuela, el médico de la Secretaría de Salud y el Inspector de Policía.
Abril de 1.980 – Arauca: Centenares de soldados pertenecientes a
la VII Brigada fueron desplazados a la región de Fortul (Intendencia del
Arauca) con el pretexto de perseguir a presuntos elementos pertenecientes a las
FARC. En esta operación militar
participan tropas del batallón aerotransportado y del batallón Guías del
Casanare.
Agosto 24 de 1.980 – El Pato: Aviones y helicópteros militares
bombardearon el sitio denominado “Las Perlas” en la región del bajo Pato
situada entre el departamento del Huila y la intendencia del Caquetá. El bombardeo hace parte de la operación “Pato”
programada por la IX Brigada con sede en Neiva, capital del Huila. Como consecuencia del bombardeo se produjo el éxodo de más
de 1.500 familias de colonos. Los
campesinos aterrorizados abandonaron sus fincas, animales domésticos y cultivos
y se dirigieron hacia las ciudades de Neiva y San Vicente del Caguán.
En Neiva las autoridades concentraron a los colonos y sus familias en un
estadio deportivo. Las condiciones de insalubridad, la promiscuidad y
hacinamiento determinaron el fallecimiento de tres (3) menores de edad.
Septiembre 1 de 1.980 – Chocó_ Un operativo militar aprobado y
coordinado por el Ministerio de Defensa y el Comando de Policía Nacional en
Bogotá se desarrolla en el alto Andágueda, región ubicada en los límites de
los departamentos de Antioquia y el Chocó.
En ese lugar selvático habita una tribu indígena “Embera-Catía” la
cual ha sido hostilizada por espacio de varios años por autoridades militares y
policivas que defienden los intereses de latifundistas antioqueños empeñados
en despojar a los indígenas de una rica mina de oro ubicada dentro del
territorio de su resguardo.
En la acción represiva toman parte doscientos (200) agentes de policía
provistos de fusiles y granadas. La
prensa informa que nuevos destacamentos de Policía Militar y agentes de la
policía Nacional se desplazan para reforzar la fuerza pública que toma parte
en este operativo. Una comisión de
indígenas arribó a Bogotá y denunció que durante la acción represiva fueron
muertos Jairo Rivera, Roberto Murillo y el gobernador del resguardo Enrique
Daza. Igualmente la comisión
denunció que durante la agresión policial contra los indígenas se
desaparecieron cuatro (4) niños y hay ocho (8) indígenas detenidos, entre los
cuales varios heridos.
Septiembre 10 de 1.980 – Urabá (Antioquia): Las tropas del
Comando Operativo Nº 11 con sede en la base de La Maporita de Dabeiba han
recibido el refuerzo de unidades militares pertenecientes a los batallones Voltígeros,
Junín y Bomboná, con lo cual completan un total de diez mil (10.000) hombres
pertenecientes a la infantería, la marina, la aviación y los paracaidistas,
iniciando así la denominada “operación tenaza”, con el pretexto de acabar
con los alzados en armas. Como
consecuencia los campesinos de la región huyeron hacia la ciudad.
Octubre 10 de 1.980 – Santander: Militarizan al sur del
departamento de Santander y ocupan los municipios de La Paz, Santa Elena, Vélez
y Florián motivados, según los altos mandos militares, por el asesinato de
Nolasco Niño ejecutado por civiles que han sido frecuentemente vistos acompañando
patrullas del Ejército y que abalearon en las piernas al maestro José
Rodríguez.
Octubre 16 de 1.980 – Urabá: Diversas unidades operativas
dependientes de la guarnición militar de Caucheras iniciaron un operativo
militar a gran escala en la región de Urabá.
El ejército y grupos de individuos vestidos de civil pertenecientes a la
contraguerrilla ocuparon las veredas El Sungo, San Martín, La Pancha, San José,
El Mariano, La Balsa, Los Mandarines, El Gas, El Salto, Arenas, Oviedo,
Caravallo, Caravallito, Pueblo Galleta, pertenecientes a los municipios de
Apartadó y Turbo y, por otro lado, tomaron las veredas Leoncito y la Curva del
municipio de Mutatá donde apresaron y torturaron a siete (7) ciudadanos entre
quienes figuran Alfredo Pérez, Conrado Pérez y Tocayo Durán.
Una delegación de concejales de la región ha solicitado audiencia con
el Ministro de Gobierno y los parlamentarios antioqueños con el fin de pedirles
garantías y el retiro del Ejército, para no verse obligados a emigrar hacia
las ciudades. Los comisionados
aseguran que la operación venía siendo preparada desde principios del año
cuando fue instalada la guarnición militar de Caucheras.
3.
En enero de 1981, autoridades militares informaron a la Comisión de
algunos aspectos de las acciones militares en zonas rurales y de los frentes
operativos de las FARC en tales zonas. En
la conversación sostenida al respecto, se precisaron los siguientes aspectos:
a) Las operaciones militares se han
llevado a cabo en áreas geográficas afectadas por acciones subversivas, y en
las cuales han venido accionando desde hace largo tiempo las FARC;
b) El esquema rural de la acción de
las FARC comprende el establecimiento de frentes guerrilleros en los siguientes
lugares:
i) región de El Pato en el
departamento de Huila y en Caquetá;
ii)
departamento de Huila;
iii) departamento de Caquetá;
iv)
región del Magdalena medio incluyendo el sector de Cimitarra;
v) región de Urabá;
vi) regiones del Calle del Cauca;
vii) departamento del Meta,
concretamente en la región del Guayabero;
viii) desmembración del Cuarto
Frente que opera al norte de Cimitarra;
ix) departamento de Caldas;
x) región de Arauca;
xi) sector limítrofe del
departamento de Boyacá y Cundinamarca.
c) Se explicó además que en 1979
existían ocho frentes y que a comienzos de 1981 existían once frentes.
4.
La Comisión tuvo conocimiento y recibió informaciones sobre operaciones
militares llevadas a cabo en distintas áreas del país, en los meses de marzo y
abril de 1981, con un saldo de varios muertos y heridos y con la captura de
importantes dirigentes del M-19. Algunos
de los detenidos fueron trasladados para su juzgamiento, como ya se expresó, al
Consejo de Guerra Verbal que se celebra en “La Picota” en Bogotá por
corresponder sus causas a dicha jurisdicción, y otros fueron objeto del Consejo
Militar que se celebró en Ipiales, como se consigna en el Capítulo V del
presente Informe.
La Comisión solicitó información del Gobierno sobre estos hechos, el
que le entregó un documento referente a las operaciones militares aludidas, en
el cual se remite a determinados antecedentes y llega a sus propias
conclusiones. Este documento comprende operaciones militares efectuadas en
el sur y el occidente del país entre el 6 de marzo y el 24 de abril de 1981, y
su texto es el siguiente:
I.
ANTECEDENTES
Como consecuencia de las operaciones de que fue objeto el M-19, por parte
de la Fuerza Pública, después del robo de numerosas armas efectuado en los depósitos
del Comando General a finales de 1979, operaciones que no solamente permitieron
recuperar aproximadamente el 80% del armamento sino la captura de varios de los
responsables y de múltiples militantes, obligando a esta organización a pasar
a la defensiva, sus directivos acordaron reducir las actividades en las áreas
urbanas e intensificarlas en el campo. Para alcanzar dicho objetivo fueron
destinadas la mayor parte de los recursos obtenidos como consecuencia de la toma
de la Embajada de la República Dominicana el 27-II-80 y a la vez decidieron
utilizar los servicios de Cuba para instruir militantes en las técnicas del
combate de guerra de guerrillas.
En desarrollo de lo acordado, la llamada Dirección Nacional del M-19,
desde mediados de 1980, dispuso la selección a nivel nacional de personal que
reuniera las condiciones requeridas para recibir dicha instrucción y
completarle el respectivo adoctrinamiento.
Dicha tarea se cumplió especialmente en las regionales correspondientes
a Bogotá, Valle del Cauca, Tolima, viejo Caldas, Antioquia, Santander e
integrantes del grupo armado denominado Móvil Huila-Caquetá.
Cabe destacar que también se hizo la selección a nivel internacional (México,
Costa Rica, Panamá y Nicaragua) y que la mayor parte de los reclutados en el país
hasta última hora desconocieron el sitio en donde irían a recibir el
entrenamiento los detalles del mismo y los planes subsiguientes.
Entre los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo la concentración
del personal seleccionado en la ciudad de Panamá (Panamá) a donde llegaron por
diferentes medios y utilizando similares rutas, siendo recibidos por
colombianos, panameños y cubanos quienes les tenían preparado todo lo
referente a estadía y posterior desplazamiento a Cuba por vía aérea.
En dicho país adelantaron el curso de guerrilla por un lapso de
aproximadamente tres meses; los instructores fueron en su mayoría oficiales del
Ejército cubano y el personal (aproximadamente 120) fue concentrado en la
escuela o campamento Ché Guevara. Paralelamente integrantes del “Comando
Jorge Zambrano” quienes se habían tomado la Embajada Dominicana adelantaron
otro curso en la denominada Escuela Contrapunto la cual funciona en el mismo
campamento Ché Guevara.
Terminados los cursos decidieron regresar al país, también vía Panamá,
organizados en dos grupos y en fechas y por sitios diferentes.
El primero al mando de JOSÉ HELMER MARÍN MARÍN se desplazó de Cuba a
Panamá a la población de Jaqué en aviones de la empresa Las Perlas para
seguir en embarcaciones pequeñas hasta las costas del Chocó en donde desembarcó
en la primera semana de febrero el grupo integrado por 41 sujetos los cuales tenían
previsto cruzar el Chocó y organizar una área de operaciones en el antiguo
Caldas, Norte del Valle y parte de Antioquia.
El segundo grupo al mando de CARLOS TOLEDO PLATA viajó de Cuba a Panamá
en la empresa Cubana de Aviación y de este país a las costas colombianas del
departamento de Nariño en el buque pesquero Fredy habiendo desembarcado en la
primera semana de marzo cerca a Tumaco 85 sujetos con gran cantidad de material
de guerra, de intendencia y equipo de comunicaciones; en este grupo venían
elementos que antes habían formado parte de los grupos armados rurales de las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas).
2. OPERACIONES
El 06-III-81 en un retén de la aduana, fueron capturados cuatro sujetos
quienes en un camión conducían una importante cantidad de material de guerra
consistente en fusiles G-3, carabinas, granadas de mano, granadas para mortero
de 60mm, granadas para cañón de 40mm, dinamita, munición y medios de
comunicaciones. Como consecuencia
de lo anterior, y con base en informaciones subsiguientes, el mismo día el Ejército
inició operaciones aniquilando el grupo invasor y causándole significativas
bajas y capturas. Aproximadamente el 50% de sus integrantes viajó hacia el
Ecuador habiendo sido detenido por autoridades de dicho país y luego entregado
al Ejército colombiano.
El 20-V-81, en la ciudad de Ipiales (Nariño) fueron condenados en
Consejo de Guerra 66 de los integrantes de dicho grupo invasor; otros, por
requerimiento de autoridad competente, fueron traídos a Bogotá para ser
sometidos a juicio.
El grupo que desembarcó en el Chocó permaneció en el área
aproximadamente un mes sin ser detectado por la Fuerza Pública; cuando ello
ocurrió también fue objeto de exitosas operaciones las cuales originaron en un
principio su división en grupos menores, luego importantes bajas y capturas, y
finalmente su dispersión para terminar siendo destruído casi en su totalidad. Se destaca el hecho de que oportunamente antes del desembarco
integrantes de los grupos urbanos del M-19 habían cumplido tareas
administrativas y de adoctrinamiento en el área lo que hizo que desde el
principio se contara con el apoyo de la población de color.
Está próxima la convocación del consejo de guerra que habrá de juzgar
a los detenidos.
3. RESULTADOS
Los siguientes fueron los resultados globales de las operaciones
efectuadas contra el M-19 en el presente año, hasta el 24-V-81:
a. Antisociales
Muertos............................................................
67
Capturados........................................................151
En estos últimos se incluyen integrantes de los llamados comandos bases.
b.
Fuerza Pública
Muertos................................................................8
Heridos................................................................13
c.
Material decomisado
Fusiles G-3....................................................................140
Subametralladoras P-48.....................................................26
Carabinas M-1.................................................................11
Lanzacohetes...................................................................9
Pistolas y revólveres........................................................20
Granadas para mortero de 60mm........................................29
Granadas de 40mm..........................................................22
Granadas para lanzacohetes............................................121
Granadas de bengala.......................................................42
Granadas de mano.........................................................298
Minas antipersonales........................................................36
Tacos de dinamita..........................................................355
Munición diferentes calibres..........................................29.619
Equipo de comunicaciones, uniformes, botas y gran cantidad de material de
intendencia.
4. CONCLUSIONES
a.
Quedó comprobada la participación de Cuba en la instrucción y en el
entrenamiento del personal integrante de los dos grupos subversivos del M-19 que
desembarcaron en las costas del Pacífico.
b.
La intervención internacional quedó demostrada con lo expuesto en el
literal anterior, con la ayuda que por parte de panameños y de cubanos
recibieron en la República de Panamá y con la captura de cinco panameños, de
un costarricense y de un uruguayo.
c.
En desarrollo de directrices cubanas, el M-19 viene intentando la
unificación de los grupos armados existentes en el país, sin conseguirlo.
Se considera más difícil lograrlo completamente ahora como consecuencia
de sus fracasos en el área rural.
d.
Teniendo en cuenta el número de militantes y simpatizantes, los recursos
económicos de que dispone, la ayuda exterior que recibe y las características
de sus dirigentes, esta organización subversiva sigue constituyendo una amenaza
para la paz pública.
e.
No obstante los golpes recibidos el M-19 continúa con la capacidad de
actuar, especialmente en las áreas urbanas, y de reorganizarse para intentar
tomar la iniciativa, resarcirse de los golpes recibidos y demostrar su fuerza.
Para neutralizar lo anterior se considera que el régimen de excepción
vigente en la actualidad continúa siendo factor decisivo..
D.
Los sectores campesinos y las comunidades indígenas
1.
En los documentos e informaciones relativos a operaciones militares, que
se citan en el presente Capítulo, se hace referencia a que tales acciones
inciden en los sectores campesinos y comunidades indígenas, al afectar
determinadas zonas rurales del país, produciéndose éxodos y capturas de
ciudadanos que forman parte de estos sectores de la población colombiana.
2.
En el Segundo Foro Nacional por los Derechos Humanos, celebrado en Bogotá
del 15 al 17 de agosto de 1980, las entidades Acción Campesina Colombiana
(ACC), Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), y el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), presentaron una ponencia sobre “La Situación
Campesina e Indígena en el País”, cuyas conclusiones son las siguientes:
Frente a las anteriores situaciones, las organizaciones campesinas e indígenas
firmantes de la presente ponencia proponen al Segundo Foro por los Derechos
Humanos y la Amnistía General respaldar las acciones que necesitamos promover y
realizar en torno a las siguientes reivindicaciones básicas:
a)
Garantías plenas para el real
ejercicio del derecho de organización y contratación colectiva en el campo.
b) Desmilitarización de las zonas
rurales y diálogo a través de las organizaciones representativas del
campesinado y de las comunidades indígenas para la búsqueda de soluciones a
los problemas de orden público en las zonas rurales.
c) Indemnización a las viudas de
los campesinos e indígenas asesinados y por la destrucción de las sementeras,
casas de habitación, etc.
d) Levantamiento del Estado de Sitio
y derogatoria del Estatuto de Seguridad.
e) Real y efectiva participación de
las organizaciones campesinas en los diversos organismos donde se estudian,
planifican y definen las políticas nacionales en el sector agropecuario.
f) Entrega rápida a los campesinos
de la tierra actualmente afectada en virtud de la Ley de Reforma Agraria.
Agilización de estos procesos y revisión de los que culminaron con la
desafectación de los predios en los últimos dos años, mediante una comisión
con la participación decisoria del movimiento campesino.
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