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NICARAGUA
I.
ANTECEDENTES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado
observando con mucha atención la forma en que ha evolucionado la situación
de los derechos humanos en Nicaragua en el curso del año 1993.
Desde la publicación del último Informe Anual, han acontecido
numerosos hechos que requieren una consideración detenida.
Esta sección, por lo tanto, está destinada a actualizar la
información que ha venido siendo considerada por la Comisión en las
respectivas secciones de sus informes anuales.
La Comisión Interamericana desea poner de manifiesto su profunda
preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos
durante el período cubierto por el presente Informe Anual, debido
principalmente al recrudecimiento de hechos de violencia tanto en zonas
rurales como urbanas, a la falta de control de la autoridad civil sobre
las estructuras militares y policiales, y a la ineficacia de los órganos
encargados de administrar justicia para esclarecer y sancionar a los
responsables de graves crímenes cometidos desde que el actual Gobierno
asumió el poder. Todas estas
características, sumadas a una grave crisis política e institucional,
estarían creando en la población un estado de inseguridad jurídica y
social frente a una constante incidencia de hechos que violan los derechos
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La grave situación de los derechos humanos en la
actualidad, es el
resultado de una serie de fenómenos que la Comisión Interamericana puso
de manifiesto en reiteradas oportunidades a fin de prevenir la situación
que en estos momentos impera en dicho país.
En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
Informe Anual 1989-1990, señaló lo siguiente:
Las elecciones han sido seguidas por un período de
difíciles negociaciones tendientes a enfrentar los graves problemas que
aquejan a la sociedad nicaragüense.
Así, se considera que debe separarse el Ejército Popular
Sandinista del Partido y lograrse su subordinación al poder civil, al
igual que la subordinación de los organismos dependientes del Ministerio
del Interior: la Policía Sandinista, la Seguridad del Estado y el Sistema
Penitenciario Nacional. La
desmovilización de la Resistencia Nicaragüense constituye otro problema
de difícil solución en el que están colaborando activamente la Iglesia
Católica, a través de Su Eminencia Cardenal Obando y Bravo, ONUCA y la
Comisión de Seguimiento y Verificación (CIAV).
De especial importancia para el nuevo Gobierno será emprender la
tarea de recuperar las armas que hoy se encuentran en manos de la población
civil. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos expresa su esperanza que la primera
transferencia democrática del
poder en la historia reciente de Nicaragua, después de un positivo
ejercicio de los derechos políticos, sea un paso decisivo en el logro de
soluciones enmarcadas en las instituciones democráticas y con el pleno
respeto de los derechos humanos....(Informe Anual 1989-1990, pág. 170).
En el curso del presente informe, la Comisión Interamericana
tratará nuevamente los diversos factores que vienen afectando
negativamente la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Así, se tratará la situación de los desmovilizados (violencia
rural y urbana e informes de la Comisión Tripartita), los problemas que
confronta el ejercicio del derecho a la justicia, debido proceso, libertad
individual y el derecho a la propiedad.
Por último, se analizarán los problemas institucionales
relacionados con las Fuerzas Armadas y los Organos de la Seguridad del
Estado.
II.
DERECHOS DE LOS
DESMOVILIZADOS
A.
VIOLENCIA RURAL Y URBANA
Uno de los más graves problemas que debió enfrentar el Gobierno
desde el mes de abril de 1990 fue el proceso de desmovilización de los
ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Para ello, el Gobierno asumió una serie de compromisos, que
consistieron en un conjunto de facilidades para la reincorporación de
aquellos a la sociedad civil, incluyendo la entrega de tierras y otros
recursos para efectuar labores productivas.
Por su parte, tanto los ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense
como los ex-miembros del Ejército Popular Sandinista se comprometieron
a devolver las armas. Sin
embargo, desde el mes de julio de 1991, y a pesar de que el proceso de
desarme ha concluido, grupos de ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense
están actuando en la zona norte del país, aduciendo entre otras
razones, un clima de inseguridad frente a las arbitrariedades del Ejército
y la Policía, así como la falta de cumplimiento por parte del Gobierno
de los acuerdos de desmovilización relacionados con la entrega de
tierras y créditos bancarios. Por
otro lado, ex-miembros del Ejército Popular Sandinista retomaron también
las armas señalando que se sentían inseguros frente a las acciones de
los otros grupos. Lo cierto
es que --según las informaciones proporcionadas-- la sociedad civil se
encuentra desprotegida frente a la violencia y a la delincuencia que
ejercen ambos grupos y a la respuesta desproporcionada que ejercen el Ejército
y la Policía a fin de repeler las acciones de los rebeldes tanto en las
zonas rurales como en las urbanas.
En efecto, según las informaciones proporcionadas a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el norte del país estarían
operando 1,200 hombres armados aproximadamente, quienes en los primeros
seis meses del año habrían dejado un saldo de 62 muertos, 44
secuestrados y más de 120 asaltos a vehículos civiles.
Debido a ello, el 18 de mayo de 1993, la Presidente de Nicaragua,
doña Violeta Barrios de Chamorro, suspendió por un período de 30 días
algunas garantías constitucionales.
Entre las garantías suspendidas estuvieron la inviolabilidad
domiciliaria, la obligación de orden judicial para detener a una
persona y a no ser detenido más de 72 horas durante la investigación
policial. Los municipios y
provincias afectadas con dichas medidas fueron:
Quilalí, Jícaro y Murra en Nueva Segovia; San Juan de Río Coco
en Madríz; y San Juan de Limay, Pueblo Nuevo y Condega en Estelí.
A pesar de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para
frenar la violencia, el 21 de julio de 1993, 150 ex-miembros del Ejército
Popular Sandinista autodenominados "Frente Revolucionario Obrero y
Campesino" (FROC), y dirigidos por el ciudadano hondureño Víctor
Manuel Gallegos, alias "Pedrito El Hondureño", tomaron la
ciudad de Estelí, al norte de Managua.
Según las informaciones proporcionadas, los grupos rearmados
estaban solicitando al Gobierno el financiamiento a los pequeños y
medianos productores agrícolas; legalización de propiedades entregadas
por el Gobierno anterior; creación de fuentes de empleo; acceso a la
salud; y la no privatización de la educación.
Al día siguiente, el Gobierno envió tropas del Ejército a
dicha ciudad, a fin de restablecer el orden.
Durante la incursión se produjo un enfrentamiento entre los
grupos rearmados y el Ejército, dejando un saldo de 22 muertos, 98
heridos y 9 desaparecidos. La
Comisión Interamericana fue informada, asimismo, que 2 niños murieron
en el curso de las acciones, quedando 27 mujeres, 5 ancianos y 18 niños
gravemente heridos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada,
asimismo, que el 19 de agosto de 1993, a las 11:30 a.m. aproximadamente,
miembros del grupo rearmado denominado "Frente Norte 3-80"
(ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense), secuestraron a una comisión
interinstitucional integrada por 38 miembros y enviados por el Gobierno
a la norteña localidad de Caulatú, Departamento de Quilalí, para
negociar el eventual desarme del mencionado grupo que dirige José Angel
Talavera, alias "El Chacal".
El autodenominado Comando Frente Norte 3-80 secuestró, entre
otros, a los diputados sandinistas Carlos Gallo y Doris Tijerino; al
Teniente Coronel Ramón Ernesto Sosa (Jefe de las Brigadas Especiales de
Desarme) y la Viceministro de Acción Social, Nora Arguello.
Los recontras demandaron como condición para liberar a los
rehenes la inmediata destitución del ministro de la Presidencia,
Antonio Lacayo; del Jefe de las FF.AA., Humberto Ortega; y del Jefe de
Seguridad del Estado, Lenín Cerna.
Asimismo, los rearmados insistieron en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Gobierno de Violeta Chamorro al inicio de
su gestión, relativos a dotar de tierras y asistencia técnica a los
efectivos desmovilizados de la antigua Resistencia Nicaragüense.
Las negociaciones del Gobierno con los rebeldes, para liberar a
los secuestrados, sufrieron un impasse inicial con la movilización de
efectivos militares del Ejército Popular Sandinista a la zona,
contraviniendo las instrucciones de los rearmados.
Sin embargo,
--siempre según las informaciones proporcionadas-- esta tensa calma fue
rota tan sólo 24 horas después, cuando un grupo armado de recompas
(ex-miembros del Ejército Popular Sandinista), asaltó la sede de la
Unión Nacional Opositora (UNO) en Managua, tomando como rehenes a unas
50 personas, entre periodistas y líderes de la oposición.
Entre los que fueron capturados están el Vicepresidente Virgilio
Godoy, el ex-Presidente de la Asamblea Legislativa, Alfredo César y el
líder socialcristiano Humberto Castilla.
La acción fue ejecutada por el autodenominado "Comando por
la Dignidad y la Soberanía" y fue en directa represalia por el
secuestro de Quilalí. La Comisión Interamericana fue informada, asimismo, que el
jefe de la operación, Donald Mendoza, alias "Comandante 31",
un ex-militar sandinista retirado, exigió la liberación de la delegación
gubernamental que permanecía en poder de "El Chacal", así
como la inmediata integración de una comisión negociadora, encabezada
por el cardenal Miguel Obando y Bravo.
Finalmente, los rehenes de ambos lados fueron liberados el 26 de
agosto de 1993, gracias a las negociaciones paralelas de una comisión
integrada por representantes de la iglesia, grupos de derechos humanos,
el Gobierno, la Comisión Internacional de Verificación de la
Organización de los Estados Americanos (CIAV-OEA) y el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
También se ha informado a la Comisión Interamericana que los
hechos de violencia continuaron en la norteña localidad de San Ramón,
Departamento de Matagalpa. En
efecto, el 31 de agosto de 1993, --según las informaciones recibidas--
un grupo de ex-miembros del Ejército Popular Sandinista al mando de
Mamerto Herrera ingresó a dicha localidad a fin de exigir la inmediata
liberación de su hermano, quien se encontraba en prisión por delitos
comunes. Al día siguiente,
a la 1 a.m. aproximadamente, --siempre según las informaciones
proporcionadas-- una patrulla de la Policía Nacional y efectivos del Ejército
Popular Sandinista irrumpieron violentamente en dicho poblado disparando
indiscriminadamente con el objeto de neutralizar a los rebeldes.
La Comisión Interamericana fue informada que dichos combates
dejaron como resultado cuatro personas muertas y cinco heridas.
Asimismo, dos de los cinco muertos pertenecían al grupo de
"recompas" (ex-miembros del EPS) y los tres restantes eran
civiles.
Según las informaciones recibidas, el 20 de septiembre de 1993,
se produjo una huelga de transporte después de que el Gobierno decidió
subir el precio del combustible en un 13.5 % y aplicar un nuevo impuesto
a la tenencia de vehículos. Dicha
huelga dejó un saldo de dos muertos y numerosos heridos, así como daños
a la propiedad pública y privada, después de que la policía recibió
la orden de realizar una "operación limpieza" con el objeto
de desbloquear las carreteras. Según
las informaciones proporcionadas, el enfrentamiento armado se inició en
la tarde del martes 21 de septiembre del año en curso en la carretera
que se encuentra con dirección al aeropuerto internacional, sector este
de Managua, y tuvo una duración aproximada de 30 minutos.
La Comisión Interamericana ha sido informada, asimismo, que los
muertos han sido identificados como Saúl Alvarez, Comandante de la
Policía, y Romelda Martínez, madre de familia, quien se hallaba en su
casa. Es pertinente indicar
que la huelga y las acciones de violencia fueron llevadas a cabo --según
las informaciones recibidas-- por la Comisión Nacional de Transporte,
la que agrupa a cooperativas de filiación sandinista, dirigidas y
apoyadas de manera pública por el FSLN, a través de su Secretario
General, Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido
información según la cual a mediados del mes de octubre de 1993 cuatro
helicópteros del Ejército Popular Sandinista realizaron bombardeos
intimidatorios sobre la población civil de tres comunidades del
Municipio de Murra, en el Departamento de Nueva Segovia.
Se ha señalado que las comunidades campesinas se vieron
obligadas a refugiarse en Honduras, debido a que el Ejército inició un
operativo denominado "Por la paz y la Estabilidad".
Dicho operativo --siempre según las informaciones
proporcionadas-- estuvo dirigido a combatir a los rebeldes del
autodenominado "Frente Norte 3-80"; sin embargo, los efectivos
militares realizaron bombardeos indiscriminados sobre los mencionados
poblados.
B.
INFORMES DE LA COMISION TRIPARTITA
La Comisión Tripartita fue establecida el 2 de octubre de 1992 a
iniciativa de la señora Presidente de Nicaragua, doña Violeta Barrios
de Chamorro, a fin de analizar y esclarecer las violaciones de los
derechos humanos de los ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Asimismo, analizar los casos de violencia que han afectado a
otros sectores de la población dentro del marco de los conflictos
colectivos y por último, los casos en que los presuntos autores de los
hechos sean ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Dicha comisión está integrada por un miembro del Poder
Ejecutivo, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, y la Comisión
Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de los
Estados Americanos.
Entre las facultades de la Comisión Tripartita está la de
formular recomendaciones a la Presidente de la República con respecto a
los casos que ha investigado. Así,
desde el período de instalación de la mencionada comisión hasta la
fecha, se han presentado dos informes que contienen recomendaciones
sobre un total de 28 casos que se refieren a 53 víctimas de homicidio
de la ex-Resistencia Nicaragüense.
El primer informe fue presentado el 15 de febrero de 1993 y
contiene los siguientes datos estadísticos:[1]
|
# CASO
|
AUTORES
|
VÍCTIMA
|
MOVIL
|
INVESTIGACION
POLICIAL O MILITAR
|
PRESUNCION DE NEGLIGENCIA
ó ENCUBRIMIENTO
|
PROCESO
JUDICIAL
|
DETENIDO
|
|
# 60
|
CIVILES
(Cooperativistas)
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#310505
|
AGRARIO
CON SUBSTRATO POLITICO
|
IRREGULAR
|
SI
|
SI
|
NO
|
|
# 110
|
CIVIL
(Cooperativista)
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#211363
|
AGRARIO
CON SUBSTRATO POLITICO
|
IRREGULAR
|
SI
|
NO
|
NO
|
|
# 113
|
POLICIA
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#210044
|
POLITICO
|
IRREGULAR
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
# 71
|
E.P.S.
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#410704
|
POLITICO
|
INSUFICIENTE
|
SI
|
SI
|
SOBRE-
SEIDO
|
|
# 67
|
DUDA
(E.P.S.
o Civil)
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#630052
|
POLITICO
|
INSUFICIENTE
|
SI
|
SI
|
NO
|
|
# 86
|
CIVILES
(Cooperativistas)
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#311030
|
AGRARIO
CON SUBSTRATO POLITICO
|
IRREGULAR
|
SI
|
NO
|
NO
|
|
# 112
|
CIVILES
(recompas)
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#512740
|
POLITICO
|
IRREGULAR
|
SI
|
NO
|
NO
|
|
# 119
|
E.P.S.
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#211365
|
POLITICO
|
TARDIA
|
SI
|
SE
DESCO-NOCE
|
NO
|
|
# 70
|
CIVIL
|
Desmovilizado
Ex-Rn
#210779
|
NO
ESTA CLARO
|
IRREGULAR
|
SI
|
SI
|
NO
|
|
# 126
|
CIVIL
|
Familiar
de Desmovilizado
Ex-Rn
#1911488
|
AGRARIO
CON SUBSTRATO POLITICO
|
NORMAL
|
NO
|
SI
|
NO
|
Asimismo, el 3 de junio de 1993 la Comisión
Tripartita presentó su segundo informe, el cual se resume a
continuación:[2]
|
CASO
|
VÍCTIMAS
|
AUTORES
|
MOVIL
|
INVESTIGACION OFICIAL
|
NEGLIGENCIA ó ENCUBRIMIENTO
|
PROCESO
JUDICIAL
|
DETENIDO
|
|
115
|
EX-RN
|
RECOMPAS
|
No
Determinado
|
No
se hizo
|
SI
|
NO
|
NO
|
|
83
|
EX-RN
|
CIVILES
|
No
Determinado
|
Normal
|
NO
|
SI
|
NO
|
|
93/106
|
EX-RN
y Civiles (14)
|
EPS
|
Político
|
No
se hizo
|
SI
|
NO
|
NO
|
|
61
|
EX-RN
|
EPS
|
Común
|
Irregular
|
SI
|
SI
|
NO
|
|
120/123
|
EX-RN
(6)
|
CIVILES
|
Agrario/c/subs-trato
Político
|
Irregular
|
SI
|
SI
|
NO
|
|
129
|
EX-RN
|
Recompas
|
Político
|
Irregular
|
SI
| |
