CASO 1690
COMUNIDADES GUAHIBOS

COLOMBIA

1972 

 

Caso No. 1690, de 26 de agosto de 1960, denunciando actos de persecución y tortura a poblaciones indígenas de la región de Planas, Departamento del Meta, presuntamente cometidos por fuerzas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y las fuerzas armadas.

 

            Esta comunicación ha venido siendo materia de examen a partir del Vigesimocuarto Período (octubre de 1970), en el cual se acordó solicitar del Gobierno de Colombia la información correspondiente, de conformidad con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento.  En este sentido la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia en nota de 23 de noviembre de 1970.

 

            El Gobierno de Colombia, en comunicación de 11 de diciembre del propio año, dio respuesta a la comisión expresando que la denuncia había sido trasladada a la autoridad competente de la administración.

 

            En el Vigesimoquinto Período (marzo de 1971), la Comisión designó como relator de este caso al Dr. Mario Alzamora Valdez, quien presentó un informe (doc. 15-25 res.).  De conformidad con la recomendación del relator la Comisión acordó, en dicho período, reiterar al Gobierno de Colombia el envío de informes que permitieran el examen de la reclamación.  En tal sentido se dirigió a dicho Gobierno en nota de 110 de mayo de 1971.

 

            En el Vigesimosexto Período (octubre-noviembre de 1971), observando que el Gobierno de Colombia continuaba sin suministrar las informaciones solicitadas, la Comisión acordó, en ausencia del relator Dr. Alzamora Valdez, designar como nuevo relator del caso al Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches, quien presentó un informe (doc. 33-26), con recomendaciones conforme a las cuales la Comisión acordó, en dicho período, reiterar, una vez más, a dicho Gobierno el envío de las informaciones correspondientes, otorgándole una prórroga de noventa días más al plazo del Artículo 51 del Reglamento, transmitiéndole, al mismo tiempo, las partes pertinentes de las informaciones adicionales recibidas sobre el caso.

 

            En cumplimiento de este acuerdo la comisión se dirigió al Gobierno de Colombia en nota de 17 de noviembre de 1971.

 

            El Gobierno de Colombia, en nota de 25 de enero de 1972, dio respuesta acompañando documentación sobre las medidas adoptadas a fin de hacer eficaz la observancia de los derechos humanos en la zona de los hechos, y otras del territorio nacional, ocupadas por indígenas.  En cuanto a los atentados denunciados en el Caso 1690, informó, en conclusión, que rechazaba por "falsas y tendenciosas, sin prueba alguna, las acusaciones formuladas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, por los sucesos de la región de Planas".

 

            En su Vigesimoséptimo Período de Sesiones (28 de febrero al 8 de marzo de 1972), la Comisión consideró el Caso No. 1690, junto con las informaciones suministradas por el Gobierno de Colombia.

 

            El relator del caso, Dr. Mario Alzamora Valdez, presentó un nuevo informe (doc. 26-27, res.) en el cual recomendó que se solicitaran mayores informes "sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales en el lugar de los hechos, a fin de que la Comisión pueda agotar el examen del caso".

 

            Con base en esta recomendación la Comisión acordó, en dicho período, solicitar del Gobierno colombiano que se sirviera suministrarle los siguientes elementos de juicio:

 

            1.         Copia del informe de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones efectuadas en el terreno de los hechos y 2.  Copia del Informe de la auditoría de Guerra de la Séptima Brigada de las Fuerzas Armadas de Colombia.

 

            En cumplimiento de este acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia en nota de 29 de marzo de 1972.

 

            En el Vigesimonoveno Período de Sesiones (octubre de 1972) prosiguió el examen del Caso 1690, solicitándole al Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches que, en calidad de relator, estudiara el estado del caso, teniendo en cuenta que el Gobierno de Colombia no había aún suministrado los informes complementarios pedidos en la nota de 29 de marzo y que, además, ya había transcurrido el plazo de 180 días del Artículo 51 del Reglamento.

 

            El relator presentó un informe (doc. 24-29), complementado con una exposición verbal sobre los antecedentes y estado del asunto, en el cual recomendaba que el Caso 1690 fuera archivado sin perjuicio de que la Comisión volviera a considerar la documentación que le corresponde en la oportunidad del estudio del tema general "violaciones de derechos humanos contra las poblaciones indígenas".  Fundamentaba esta recomendación en que no se habían presentado suficientes elementos de juicio que permitieran una decisión sobre si habían ocurrido las violaciones de los derechos humanos materia de la queja.

 

            Esta recomendación fue objeto de observaciones, por considerarse que la información sometida por el Gobierno de Colombia, no obstante constituir una prolija exposición de los problemas de las poblaciones indígenas en dicho país y las soluciones correspondientes, se limitaba a señalar, en lo referente a los hechos del caso, que los mismos eran desenlace fatal producido por un "estado de guerra irregular", concepto que en forma alguna podría considerarse adecuado a la situación que dio lugar al problema.

 

            Por otro lado, se consideró que habiendo transcurrido el plazo de 180 días del Artículo 51 del Reglamento, sin que el Gobierno de Colombia hubiese sometido los informes complementarios requeridos, la Comisión podría presumir verdaderos los hechos denunciados, en aplicación del propio Artículo 51.  Asimismo, algunos miembros de la Comisión fueron del criterio de que en este caso ya se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna y, en consecuencia, probados los hechos, podría la misma formular al Gobierno colombiano las recomendaciones correspondientes, en virtud de lo dispuesto en el acápite b) del Artículo 9 (bis) de su Estatuto.

 

            Luego de un debate sobre estos puntos la Comisión acordó, sobre el Caso 1690, en dicho período, por mayoría, lo siguiente:

 

            1.         Reiterar al Gobierno de Colombia, una vez más, l pedido de envío de las informaciones complementarias solicitadas en la nota de 29 de marzo de 1972, prorrogando por 30 días más el plazo del Artículo 51 de su Reglamento.

 

            2.         Solicitar, además, al Gobierno de Colombia información sobre si en el caso materia de la queja, se han abierto actuaciones por parte de las autoridades judiciales en la República de Colombia, y

 

            3.         Presumir verdaderos los hechos denunciados, en aplicación del Artículo 51 del Reglamento de la Comisión si el Gobierno de Colombia no suministrare, en el plazo de 30 días, los informes solicitados.

 

            En cumplimiento de este acuerdo, la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia en nota de 1º de noviembre de 1972.

 

            El Gobierno de Colombia, en nota de 27 de noviembre de 1972 (No. 752), dio respuesta a la comunicación de 1º de noviembre acompañando copia de un informe de fecha 2 de septiembre de 1970, rendido al Procurador General de la República de Colombia por el procurador Agrario junto con el Asesor Jurídico de dicha Procuraduría General sobre los sucesos materia de la queja.  Asimismo, en la referida nota de 27 de noviembre el Gobierno colombiano solicitó, acogiéndose al inciso 2 del Artículo 51 del Reglamento, una prórroga al plazo señalado en la comunicación de 1º de noviembre, antes citada, para remitir la parte restante de los datos complementarios sobre el caso, consistente en el informe de la Auditoría de Guerra de la Séptima Brigada de las Fuerzas Armadas de Colombia, con sede en la ciudad de Villavicencio.

 

            Atendiendo a dicha solicitud, la Comisión se dirigió al Gobierno de Colombia, en nota de 4 de diciembre de 1972, concediéndole prórroga de noventa (90) días para el envío de los informes pertinentes.