COMUNICADO DE PRENSA

 

No. 37/09

CIDH CONCLUYE VISITA DE TRABAJO A GUATEMALA

 

Ciudad de Guatemala, 12 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita de trabajo a Guatemala. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por el Comisionado Víctor Abramovich, Primer Vicepresidente de la CIDH, en su calidad de Relator para Guatemala y Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La visita, que se  inició el 7 de junio, tuvo por objetivo observar y recabar información sobre la situación de derechos humanos, en particular la situación en que se encuentran las investigaciones y los juicios a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, la situación de derechos de los pueblos indígenas y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. La delegación sostuvo diversas reuniones con altas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, así como con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas y organismos internacionales.

 

Durante su visita, el Comisionado recibió información sobre el alto nivel de violencia en el país, el alto nivel de exclusión social que afecta más gravemente a los pueblos indígenas y la grave situación que atraviesa la administración de justicia. Según cifras conocidas públicamente, en Guatemala el índice de impunidad alcanza un 98%.

 

La Comisión destaca muy especialmente la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la colaboración alcanzada con el Ministerio Público y otras instituciones del Estado para combatir la impunidad de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que operan en el país.

 

En relación con la investigación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y genocidio, con aproximadamente 200.000 víctimas, 83.3% de ellas del pueblo maya, la impunidad sigue incólume. Es especialmente preocupante la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, sorprendiendo que se mantengan alrededor de 30 órdenes de captura en contra de personas imputadas de graves delitos cometidos durante el conflicto armado interno sin que se ejecuten. El Comisionado observó ante  las autoridades judiciales la situación de un imputado que recibe mensualmente pensiones del Estado y no logra ser localizado a efectos de hacerse efectiva una orden de captura en su contra.

 

Llama la atención el escaso número de fiscales para la cantidad de casos que tiene a su cargo tiene la Unidad de Esclarecimiento Histórico de la Fiscalía de Derechos Humanos  aunado a una infraestructura inadecuada. Por ejemplo, el Comisionado Abramovich fue informado que en dicha Unidad trabajan sólo dos fiscales para aproximadamente 8.000 casos.  A pesar de la precariedad de esta situación, el Fiscal General manifestó que el presupuesto de la institución habría sido reducido. No obstante esta reducción, informó sobre planes para ampliar y descentralizar la Fiscalía de Derechos Humanos. La CIDH urge al Estado para que lo antes posible, fortalezca la Fiscalía de Derechos Humanos dotándola de recursos suficientes y adecuados para responder al gran número de causas pendientes.

 

El Comisionado fue informado que desde el año 2006 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el recurso de amparo que, como ha señalado la Comisión, ha sido utilizado con el fin de retardar la administración de justicia en la decisión de casos sobre violaciones a los derechos humanos. El Comisionado tuvo conocimiento que el proyecto de ley en mención cuenta con una opinión reciente de la Corte Constitucional y espera que una reforma a la ley se pueda concretar en el corto plazo, asegurando que el recurso de amparo cumpla con los estándares interamericanos.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública que tiene por objeto garantizar a todas las personas el acceso sin discriminación a la información y documentación que se encuentren en los organismos del Estado. Esta ley contribuirá a transparentar la función estatal y será una herramienta útil para la protección de los derechos humanos en Guatemala.

 

En relación con esta ley, la Comisión acoge con satisfacción la inclusión del artículo 24 que establece que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos o a delitos de lesa humanidad.

 

En el marco de la visita, el Comisionado acudió junto con el Procurador de Derechos Humanos a las instalaciones del Archivo de la Policía Nacional Civil. Al respecto, destaca la labor que se viene realizando en la sistematización, preservación y apertura de los archivos. Se observa la importancia que estos archivos tienen en la reactivación de algunos procesos penales por crímenes de lesa humanidad que se encontraban hasta la fecha inactivos.  También se abordó la cuestión de los documentos oficiales en la entrevista con el Ministro de Defensa. Asimismo, la CIDH espera que las distintas instancias del Estado garanticen la plena accesibilidad a la totalidad de archivos y documentos sobre derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno.

 

Respecto de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, la delegación recibió información sobre el aumento de amenazas y ataques en su contra. Es particularmente preocupante el incremento de casos de muertes de sindicalistas. En relación con la protección de las y los defensores, el Comisionado fue informado que no se habrían tomado medidas adecuadas para el análisis de patrones de amenazas y ataques que permitiría investigar en forma más eficiente las denuncias. La Comisión recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares por parte del Estado no es lo suficientemente efectivo. La Comisión insta al Estado a proteger a los defensores y defensoras, a garantizar su labor en la defensa de derechos humanos e investigar las amenazas y ataques de las que sean objeto a través del mecanismo interinstitucional y el establecimiento de instancias de investigación de patrones de violencia en las que se analicen los diversos casos denunciados y se efectúen recomendaciones de alcance general. También se sugiere el establecimiento de un sistema claro y objetivo para la determinación de los niveles de riesgo y la elección de los mecanismos de seguridad adecuados para cada caso con participación y acuerdo de los beneficiarios.

 

Por otra parte, el Comisionado acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación que tiene como propósito regular la selección de las nóminas de candidatos a cargos públicos de relevancia, tales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, entre otros. Esta ley busca garantizar la transparencia en la elección de altos cargos públicos así como la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de candidatos. El Comisionado considera que esta iniciativa es un importante avance para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, en especial, su independencia y su imparcialidad.

 

La CIDH ha recibido información de algunas de las dificultades que enfrentaría la implementación de la ley. En particular, la posibilidad de que por el abuso de recursos de impugnación se demore el proceso y la asunción de los candidatos seleccionados. Algunas organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación por el grado de participación y publicidad que se garantizarían durante el proceso. En este sentido, la CIDH insta a las instancias competentes a  alcanzar una adecuada implementación del mecanismo, que garantice la publicidad de los antecedentes y de los actos de selección, así como la efectiva participación y la fiscalización de la sociedad civil en todo el proceso.

 

En su calidad de Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comisionado Abramovich, el 7 de junio realizó una reunión regional para América Central sobre el deber de protección del derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El evento contó con la participación de destacados expertos y expertas de Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador.  El Relator fue informado que el Estado guatemalteco habría otorgado aproximadamente 88 concesiones de represas de diferente envergadura sobre territorios indígenas sin que se hubiera realizado una consulta previa adecuada a los afectados. También que la Corte Constitucional negó valor vinculante a los procesos de consulta realizados por los municipios. En este sentido, el Relator reitera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios.

 

Asimismo, durante la visita se realizaron reuniones de trabajo sobre implementación de las medidas cautelares y sobre los casos de Maurilia Coc Max y Otros (Masacre de Xaman), Angélica Jerónimo Juárez, Masacre de la Aldea Los Josefinos, Edgar Fernando García y Oscar David Hernández Quiroa. La CIDH destaca los esfuerzos que realiza la COPREDEH en la implementación de las medidas cautelares. Asimismo, destaca los esfuerzos realizados en la búsqueda de soluciones amistosas en algunos casos que se encuentran ante el Sistema Interamericano.

 

La delegación realizó una visita a la comunidad de Río Negro y se trasladó a Pcoxom, Pacux y Rabinal, con la finalidad de conversar con familiares y sobrevivientes de las masacres que sufrieron los habitantes de Río Negro. Asimismo, se reunió con varias organizaciones de victimas del conflicto armado interno de la zona.

 

Finalmente, el 10 de junio, el Comisionado realizó en Ciudad Guatemala la presentación del informe El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

Durante la visita, el Comisionado Abramovich y su delegación se reunieron con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se reunieron con el Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Público; el Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Ministro de Defensa; el Secretario de la Paz, la Presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); el Procurador de Derechos Humanos; autoridades de la Comisión contra el Racismo y la Discriminación de Pueblos Indígenas (CODISRA) y de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). Además, se reunieron con el Comisionado para la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana y con miembros de la Unidad de la Fiscalía Especial de la CICIG adscrita al Ministerio Publico. También sostuvieron una reunión con el Representante de la Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra. La delegación mantuvo asimismo fructíferas reuniones de trabajo con  organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas.

 

La Comisión agradece la cooperación brindada por el Gobierno para la realización de esta visita. Asimismo, manifiesta su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, los sectores académicos y las agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas.

  

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

 

 

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