COMUNICADO DE PRENSA

 

Nº  39/08

 

RELATORÍA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CONCLUYE SU VISITA A CHILE

 

Santiago de Chile, 28 de agosto de 2008 – La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas realizó una visita a la República de Chile por invitación del Gobierno de ese país del 21 al 25 de agosto de 2008. La delegación estuvo integrada por el Relator, Comisionado Florentín Meléndez, y personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno y pueblo chilenos por su cooperación y el acceso irrestricto a las instalaciones carcelarias durante el transcurso de la visita, así como a las organizaciones no gubernamentales chilenas por la información y la cooperación proporcionada.

 

La visita tuvo por objetivo recibir información y observar la situación de las personas privadas de libertad en centros de detención del país. La delegación se reunió con el Ministro y el Subsecretario de Justicia, el Director Nacional de Gendarmería, el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Magistrado Subrogante de la Corte Suprema de Justicia, la Defensora Penal Pública, Jueces de Garantía de Santiago, la Fiscal Nacional de la Corte Suprema de Justicia, el Representante de UNICEF para Chile y representantes de organizaciones de la sociedad civil chilena que trabajan en temas relacionados con las personas privadas de libertad.

 

En Chile coexisten dos tipos de centros de detención: unos operados por el sector privado en régimen de concesión y otros operados directamente por el Estado. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad tuvo la oportunidad de visitar centros que operan bajo los dos sistemas. La delegación visitó también dos centros de internamiento de menores de edad (el Centro de Internación Provisoria para Menores de San Joaquín, en Santiago, y Tiempo Joven, en San Bernardo); tres cárceles concesionadas (el Centro de Detención Preventiva Santiago I, el Complejo Penitenciario de Rancagua, y el Complejo Penitenciario de Valdivia); dos centros operados por el Estado (el Centro Penitenciario Santiago Sur y el Complejo Penitenciario de Valparaíso); y centros de detención de mujeres (el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y los sectores de mujeres de las cárceles de Rancagua, Valdivia y Valparaíso). La Relatoría de la CIDH observó que los centros de detención concesionados ofrecen condiciones más dignas para los reclusos y sus familias, así como para el personal que allí trabaja. En los centros concesionados no se observó hacinamiento, se registran niveles adecuados de alimentación e higiene, seguridad interior, adecuada separación de categorías de internos, prevención de la violencia interna, servicios penitenciarios que incluyen atención médica y terapéutica, actividades ocupacionales, deportes, talleres y capacitación laboral, entre otros.

 

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad observó buenas prácticas penitenciarias en Chile. El Comisionado Meléndez consideró positiva la iniciativa de los Centros de Estudio y Trabajo (CETs), así como las reformas legales que derivaron en la adopción de un nuevo Código Procesal Penal y una nueva Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes. El Relator destacó además la presencia judicial periódica en las prisiones, a través de visitas semanales de algunos de los jueces de garantías, visitas semestrales de las Cortes de Apelaciones y visitas de los fiscales judiciales, así como la creación de la Defensoría Penal Pública. Finalmente, el Relator expresó su satisfacción con la creación de hospitales penitenciarios, y con el compromiso y el trabajo del personal penitenciario y de Gendarmería.

 

Por otro lado, la delegación observó con preocupación que en todos los centros de detención visitados en Chile existe un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas. Asimismo, observó con preocupación la existencia de una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas, así como la permanencia en centros carcelarios de personas con discapacidad mental, y de ancianos y ancianas de hasta 80 años de edad. Por otra parte, más allá de la iniciativa positiva que constituyen los Centros de Estudio y Trabajo (CETs), continúan existiendo serias deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social, incluyendo el limitado porcentaje de la población carcelaria que tiene acceso a los programas de los CETs.

 

En los centros de detención operados por el Estado se observó un alto nivel de hacinamiento pocas veces visto en la región, condiciones de insalubridad extrema que incluyen servicios precarios o deficientes de agua potable, alimentación, higiene y salud, así como pésimas condiciones de infraestructura y serias deficiencias o ausencia de verdaderos programas de readaptación social.

 

La delegación también observó un alto nivel de hacinamiento en el centro para menores de edad de San Bernardo, el cual tiene una infraestructura precaria y condiciones de insalubridad. Resulta especialmente alarmante para la Relatoría la deficiente prestación de servicios básicos, especialmente en educación y atención a la salud, así como programas de esparcimiento, deportes y readaptación social. Tampoco se cuenta con una separación adecuada de categorías de internos, y persisten los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, y el uso del aislamiento como castigo. La Relatoría observó que la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes no cuenta con el correspondiente sistema judicial e institucional especializado, y que el SENAME no dispone de un presupuesto adecuado.

 

La delegación comprobó, además, la existencia un alto nivel de hacinamiento en el centro de privación de libertad para mujeres en Santiago y en la sección de mujeres en Valparaíso; la precariedad de la infraestructura y las condiciones de insalubridad extremas de estos centros; la falta de atención médica especializada para las mujeres y de servicios pediátricos para sus hijos de corta edad que están con ellas en prisión; y la presencia de ancianas en centros que no cuentan con servicios geriátricos y alimentación adecuados a su edad.

 

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad alienta a Chile a continuar con el proceso de modernización y humanización de los centros de privación de libertad, incluyendo los centros destinados a mujeres y a menores de edad, a fin de garantizar la seguridad y la dignidad de los internos, de sus familias y del personal, contribuyendo con ello a la seguridad ciudadana y al respeto de los derechos humanos. Asimismo, la Relatoría valoraría positivamente la aprobación de una ley de ejecución de la pena y de las medidas aplicables a los menores de edad; la elaboración de una ley penitenciaria conforme a los estándares internacionales, y la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.

 

La Relatoría de la CIDH urge al Estado de Chile a investigar y sancionar los abusos de autoridad y los malos tratos ocurridos al interior de las prisiones y de los centros de internamiento de los menores de edad, a través de órganos independientes e imparciales; y a capacitar debidamente a los funcionarios de Gendarmería en materia de Derechos Humanos y uso de la fuerza. Asimismo, recomienda al Estado que garantice la fiscalización efectiva y la vigilancia interministerial de los servicios prestados en las cárceles concesionadas, con énfasis en el área de salud, educación, trabajo y otros programas de reinserción social. La Relatoría insta al Estado chileno a profundizar y ampliar su política de readaptación social, a fin de garantizar, con la participación de la sociedad, la reinserción efectiva de todas las personas que hayan sido condenadas por delitos e infracciones a la ley.

 

Finalmente, el Relator de la CIDH Comisionado Florentín Meléndez recuerda al Gobierno de Chile la obligación del Estado de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad en todos los centros de detención del país. Los principios que deberían orientar las políticas públicas en esta área están incluidos en el documento “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aprobado por la CIDH en marzo de este año.

 

Enlaces

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

 

Lea este comunicado de prensa en inglés / Read this press release in English

 

Contacto de prensa: María Isabel Rivero
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