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COMUNICADO DE PRENSA

 

Nº  19/07

 

CIDH presenta su informe anual 2006

 

Washington, D.C, 29 de marzo de 2007 – La inseguridad ciudadana, la inequidad social, la falta de acceso a la justicia y el lento proceso de consolidación democrática son las áreas que requieren mayor atención en materia de derechos humanos en las Américas, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado hoy ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su Presidente, Dr. Florentín Meléndez.

 

El  informe evalúa que una de las dificultades más significativas que confrontan los Estados Miembros de la OEA para garantizar la vigencia de los derechos humanos es la fragilidad que caracteriza al Poder Judicial en la mayoría de los países de la región, y en algunos casos los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado. Según el informe, “ello se traduce en problemas de acceso igualitario a la justicia, procesos judiciales lentos, impunidad en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales y violaciones al debido proceso”.

 

Asimismo, señala que la marginación y exclusión social siguen siendo los rasgos característicos de la región, lo cual impide la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de grandes sectores de la población. “Si bien durante los últimos años se consolidó un proceso de recuperación económica y en algunos países se redujeron los indicadores de pobreza e indigencia, siguen existiendo millones de personas que confrontan problemas de desempleo estructural, marginación social e inaccesibilidad a servicios sociales básicos. Tampoco ha variado la situación de desigualdad fáctica y jurídica que afecta a las mujeres así como a grupos tradicionalmente discriminados, tales como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales”, señala el informe. Puntualiza que estos sectores de la población son además los que sufren la mayor incidencia de torturas, muertes violentas, hacinamiento carcelario, detenciones arbitrarias, golpizas y ejecuciones policiales.

 

El informe anual incluye asimismo secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2006.

 

Colombia

 

En la sección sobre Colombia, la CIDH destaca los esfuerzos del Estado por asegurar la vigencia de los derechos humanos en un contexto complejo, pero expresa su preocupación por el impacto de la violencia del conflicto armado sobre la población civil, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, afrodescendientes y desplazados, y por las “crecientes denuncias sobre la participación de agentes del propio Estado”. El informe también destaca la preocupación de la CIDH respecto de los ataques registrados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales por parte de grupos armados al margen de la ley. Añade que los intentos por administrar justicia no han mostrado resultados en términos de efectividad, reparación integral y remoción de los factores de violencia. Subraya asimismo que en 2006 culminó la fase de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el país enfrenta ahora los desafíos de “mostrar resultados concretos del desmonte de las estructuras armadas del paramilitarismo e implementar el marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados por las AUC”, especialmente frente a las denuncias sobre rearme de los grupos armados ilegales.

 

El informe subraya que el respeto de los derechos a la verdad y la justicia y la reparación integral para las víctimas del conflicto armado son cruciales para alcanzar una paz duradera, fortalecer la administración de justicia en Colombia y garantizar la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas.

 

Cuba

 

En la sección dedicada a la situación de derechos humanos en Cuba, el informe anual de la CIDH analiza en especial la información recibida sobre violaciones a la libertad de expresión, condiciones de detención de las personas privadas de libertad por ser disidentes al gobierno, la práctica sistemática de actos de repudio contra opositores políticos, la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y la aplicación de la pena de muerte sin las debidas garantías procesales. El informe destaca que las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, situación que se ve particularmente agravada por la falta de independencia del Poder Judicial. Indica asimismo que la falta de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo vulnera el derecho a la participación política consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

El informe reitera asimismo en que el embargo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba desde hace más de 40 años tiene un grave impacto sobre los derechos económicos y sociales de la población cubana, e insiste en que debe terminar.

 

Haití

 

El informe anual analiza la situación de los derechos humanos en Haití, que ubica “entre las más preocupantes del Hemisferio”. La Comisión expresó en su informe su grave preocupación ante la falta de control efectivo de la situación de seguridad en el país durante el transcurso del año 2006. Aunque se toma nota de una disminución en el nivel de violencia durante el período de los comicios en que resultó electo el ahora Presidente René Préval, el informe indica que desde mediados de 2006 se experimenta un proceso de intensificación de la violencia. Esto ha provocado un aumento sin precedentes de los casos de homicidios y secuestros y de la violencia contra la población civil, especialmente mujeres y niños, lo cual es agravado por la ausencia de medidas efectivas de prevención del crimen y por la incapacidad del Estado de procesar y castigar a los perpetradores.

 

La CIDH evalúa que los repetidos períodos de crisis políticas, sociales y económicas han causado fallas extremas en las instituciones del Estado, lo cual no ha permitido hacer frente eficazmente a los problemas de larga data existentes en el ámbito de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. ”Esos temas, que siguen impidiendo al país avanzar significativamente en materia de desarrollo, no pueden resolverse plenamente con soluciones de corto plazo, sino que requerirán reformas institucionales a largo plazo y asistencia internacional sostenida”, señala el informe. Puntualiza que las medidas a tomarse deben incluir el desarme efectivo de todos los que poseen armas ilegales, la implementación de un diálogo constructivo conciliatorio entre los distintos sectores para promover el consenso social y político, la adopción de pasos firmes para poner fin a la impunidad por abusos de los derechos humanos y delitos y un fuerte respaldo a la economía nacional para lograr mayores alternativas de empleo y autosostenibilidad para los haitianos.

 

Venezuela

 

En la sección sobre Venezuela, el informe anual de la CIDH analiza aspectos sobre la administración de justicia, la impunidad que rodea las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales presuntamente a manos de funcionarios estatales, la precaria situación de las personas privadas de libertad y la presión política sobre la sociedad civil, especialmente sobre aquellos sectores críticos del gobierno actual.

 

El informe expresa la preocupación de la CIDH por las muertes y lesiones graves sufridas por centenares de personas privadas de libertad y señala entre las causas la falta de controles efectivos para evitar el ingreso de armas a las cárceles, la ausencia de personal de custodia debidamente capacitado, los retardos procesales y las precarias condiciones de detención. Asimismo, el informe da cuenta de información recibida durante 2006 sobre la existencia de actos de hostigamiento e intimidación a través de discursos descalificantes contra defensores de derechos humanos, así como personas y grupos de personas críticos a las políticas o propósitos del gobierno. El informe expresa también la preocupación de la CIDH por la posibilidad de que el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional pueda afectar negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, en particular la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que reciben financiamiento externo para sus actividades. Añade que durante 2006 la CIDH recibió continuos reportes sobre situaciones que afectaron el normal ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

 

La Comisión señala que desde su última visita a Venezuela en mayo de 2002 ha venido solicitando infructuosamente al Estado, tanto verbalmente como por escrito, su anuencia para otra visita, y que durante 2006 hizo esfuerzos por materializarla, pero el intento se vio frustrado por las dificultades en fijar una fecha para la realización de la misma. “La falta de anuencia del gobierno dificulta el ejercicio de las competencias y atribuciones otorgado por los Estados a la CIDH a través de la Carta de la OEA, el Estatuto de la Comisión y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica el informe.

 

El informe anual completo de 2006 de la CIDH estará disponible en su página web (www.cidh.org) a partir del lunes 2 de abril.