COMUNICADO DE PRENSA

 

Contacto de prensa: María Isabel Rivero

Tel. (202) 458-3796

E-mail: cidh-prensa@oas.org

Nº 17/07

 

LA CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

 

Washington, 21 de marzo de 2007 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por los hechos recientes acaecidos en Guatemala. El recrudecimiento de acciones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, la información recibida que involucra a funcionarios del Estado en hechos de crimen organizado y la impunidad imperante, son evidencia de la necesidad de sanear y fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos.

 

Durante su 127º período ordinario de sesiones, la CIDH recibió información sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, sobre impunidad y denegación de justicia, y sobre ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas en Guatemala. Asimismo, se reunió con una delegación del Estado de Guatemala para recibir información sobre hechos recientes que involucran a altos funcionarios del Estado en actividades del crimen organizado. Mantuvo, además, reuniones de trabajo sobre varios casos en trámite ante la CIDH. En base a la información recibida, la CIDH hace las siguientes consideraciones.

 

Defensoras y defensores de Derechos Humanos

 

La Comisión Interamericana ha sido informada tanto por la sociedad civil como por altos funcionarios del Estado, que durante los últimos meses se ha generado un recrudecimiento de los ataques en contra de las defensoras y defensores, incluyendo asesinatos, amenazas y graves actos de violencia, hostigamientos y robo de materiales de trabajo. Uno de los factores mencionados como motivo del incremento de la violencia contra defensoras y defensores es su participación en las causas judiciales por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

 

La Comisión Interamericana reitera el deber del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias para remover los ataques u obstáculos que dificulten la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, es de fundamental importancia y prioridad que el organismo encargado de investigar dichos ataques realice una función eficiente con el objeto de sancionar a los responsables y evitar con ello que se continúen produciendo hechos como los descritos.

 

Asesinato de diputados salvadoreños y Cárcel de Alta Seguridad “El Boquerón”

 

El 19 de febrero de 2007 fueron asesinados en Guatemala los diputados salvadoreños del  Parlamento Centroamericano: William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson, José Ramón González, y el chofer Gerardo Napoleón Ramírez.  Posteriormente, el 21 de febrero de 2007, fueron capturados como presuntos responsables de tales ejecuciones: Luis Arturo Herrera López, jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil (PNC); el oficial José Korki López Arreaga; y los agentes José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, todos la DINC. Tres días después, el 25 de febrero, los policías fueron degollados y acribillados mientras se encontraban en una prisión de alta seguridad denominada “El Boquerón”. La Comisión Interamericana, ante estos hechos, y con el fin de contribuir a la protección de la vida de posibles testigos sobrevivientes y a la preservación de pruebas y evidencias sobre los hechos, decretó recientemente medidas cautelares para proteger la vida de una persona que está en prisión porque presuntamente estaría involucrada en los hechos del 19 de febrero.

 

Es de suma preocupación la información recibida que vincularía a la PNC de Guatemala en estos graves hechos y en actividades de crimen organizado y otras acciones delictivas. Asimismo, preocupa la información recibida que indica que los graves crímenes cometidos en la prisión del Boquerón difícilmente podrían haber sido realizados sin contarse, al menos, con la tolerancia o aquiescencia de algunos agentes del Estado.

 

Es fundamental que el Estado realice todas las acciones necesarias para investigar estos crímenes e identificar y sancionar a los responsables, y tomar las medidas urgentes que sean necesarias para sanear la institución policial y garantizar la imparcialidad y objetividad de las investigaciones.

 

En el año 2003 la Comisión expresó su profunda preocupación por la tendencia observada en  la Policía Nacional Civil guatemalteca de convertirse en la principal responsable de las más graves violaciones a los derechos humanos, y afirmó que: “[e]stas prácticas, que violan diversos derechos consagrados en la Convención Americana y pueden acarrear responsabilidad internacional del Estado, aumentan la distancia y desconfianza existente entre las fuerzas policiales y los ciudadanos y contrarían los principios democráticos en base a los cuales se sustituyó a la antigua Policía Nacional por la PNC.”

 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

 

Durante años se ha discutido en Guatemala la implementación de una comisión de carácter internacional contra la impunidad.  En este esfuerzo, el 12 de diciembre de 2006, el Gobierno de Guatemala suscribió un acuerdo con Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que estará encabezada por un comisionado nombrado por el Secretario General de la ONU, e integrada por ex fiscales no guatemaltecos, cuyas funciones principales serán determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, colaborar con el Estado de Guatemala para su desarticulación, y recomendar la adopción de políticas públicas para su erradicación.

 

La Comisión Interamericana desea expresar su apoyo a esta iniciativa y espera que se ponga en práctica en el menor tiempo posible porque será una importante contribución en la investigación de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, así como en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de juzgar y sancionar a los responsables.

 

Por más información sobre la CIDH: www.cidh.org