COMUNICADO DE PRENSA

 

 

Contacto de Prensa: María Isabel Rivero

Tel. (202) 458-3796; mrivero@oas.org

 

CIDH OBSERVA AVANCES Y DESAFÍOS

EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS

N° 37/06  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa sobre las actividades desarrolladas durante su 126º período ordinario de sesiones, en que se constató la existencia de avances y la persistencia de desafíos en el respeto a los derechos humanos en las Américas.  Durante las dos semanas de sesiones que hoy culminan se desarrolló un intenso programa de trabajo, dedicado principalmente al estudio y revisión de peticiones y casos referentes a distintos Estados del Hemisferio.  Los informes aprobados incluyen 21 de admisibilidad, once de inadmisibilidad, 16 sobre el fondo, dos de solución amistosa y cuatro de archivo.  La Comisión Interamericana celebró 48 audiencias sobre casos y peticiones individuales pendientes, y sobre situaciones generales de derechos humanos en varios Estados del Hemisferio.  Asimismo, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó el “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas”.  

La CIDH está integrada por Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Clare K. Roberts,[1] Freddy Gutiérrez, Paolo Carozza y Víctor Abramovich.  El Secretario Ejecutivo de la CIDH es Santiago A. Canton.  

Avances  

La CIDH ha constatado importantes avances recientes en materia de derechos humanos.  En materia de derechos políticos y ejercicio de la democracia, es de destacar que hubo elecciones presidenciales en 12 países de la región en el último año, lo que representa una importante señal de estabilidad. La CIDH espera que se siga avanzando en la profundización de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

La Comisión Interamericana expresa su satisfacción por las declaraciones de la Presidenta de Chile en el sentido de que el Estado cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la no aplicabilidad de la ley de amnistía por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.  Asimismo, la Comisión expresa su satisfacción por el pronunciamiento de la Corte Suprema de Argentina para el cumplimiento de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario en la provincia de Mendoza y que puede constituir además un paso positivo hacia el efectivo cumplimiento de dichas medidas.  Bolivia ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Brasil verificó un avance considerable en la adecuación de su legislación interna a las normas internacionales de derechos humanos en virtud de la sanción de la Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, conocida con el nombre de “Lei Maria da Penha”, que mejora los mecanismos de protección para las víctimas, ley que fue adoptada en atención a las recomendaciones de la CIDH en el caso del mismo nombre.  Otro importante ejemplo de aplicación de normas internacionales de derechos humanos a la normativa interna es la resolución del Tribunal Constitucional de Ecuador de 23 de octubre de 2006 en virtud de la cual se declara inconstitucional la llamada “detención en firme” (figura utilizada para prorrogar la detención preventiva más allá del límite permitido por la Constitución) y se recomienda al Congreso Nacional que adecue en forma urgente el Código de Procedimiento Penal según los efectos del citado fallo; la resolución incluyó entre sus consideraciones el informe de la CIDH sobre los derechos humanos en dicho país publicado en 1997. Asimismo, la CIDH señala que la inauguración en República Dominicana de nuevos centros penitenciarios ha mejorado la situación de un importante número de personas privadas de libertad.   

Riesgos y desafíos 

La Comisión Interamericana constató que continúan los desafíos en la observancia y el fomento del respeto a los derechos humanos fundamentales en el Hemisferio.  Un complejo tema que la Comisión sigue con especial interés es el de la relación entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el continente. En efecto, los habitantes de la región siguen enfrentando amenazas a su seguridad derivadas del terrorismo, las drogas, el tráfico de personas, la violencia de pandillas y los delitos comunes.  Al responder a estas amenazas, los Estados deben implementar políticas públicas acordes con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos.  La Comisión reafirmó su compromiso de elaborar un estudio hemisférico sobre la relación entre seguridad ciudadana y derechos humanos.  El tema ha sido tratado en numerosas audiencias en distintos períodos de sesiones y es motivo de atención de este órgano a través del sistema de casos y peticiones individuales, medidas cautelares, y visitas de trabajo y de investigación in loco.   

         Las fallas y deficiencias en el respeto a los derechos humanos en el continente tienen una incidencia especialmente negativa sobre los integrantes de los sectores más vulnerables.  La falta de vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales agrava este preocupante cuadro en que persisten altos índices de desnutrición, un limitado e insuficiente acceso a la salud y la educación, y niveles de vida inadecuados. La Comisión discutió en este período de sesiones un primer borrador sobre una propuesta de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales y encomendó al Comisionado Victor Abramovich la revisión de este documento y el seguimiento a este proceso. 

        La Comisión Interamericana sigue atentamente la situación del respeto a los derechos humanos en todos los Estados miembros, con especial atención a la situación en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.  

Colombia 

La Comisión recibió información sobre ejecuciones extrajudiciales contra civiles perpetradas por miembros de la Fuerza Pública y la existencia de patrones de detención ilegal, fraude, ocultamiento de prueba, e impunidad mediante el empleo de la justicia penal militar.  También recibió la visita del Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien presentó información sobre las medidas implementadas por ese órgano judicial a fin de abordar problemáticas tales como las colisiones de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y castrense y la implementación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, entre otras.  En ambos casos, la Comisión expresó su preocupación por el empleo de la justicia penal militar para investigar y juzgar crímenes perpetrados por miembros de la fuerza pública.   

Asimismo, la Comisión recibió información sobre el proceso de desmovilización de los grupos armados ilegales, la implementación de su marco normativo, y los fenómenos de rearme, reagrupación o cambio de denominación de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras su desmovilización.  Según ha señalado la CIDH, el proceso emprendido a fin de desactivar a los actores del conflicto armado en Colombia requiere de medidas que garanticen la no-repetición de crímenes perpetrados contra la población civil en violación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA.

Cuba 

Durante las audiencias, la Comisión recibió información sobre la situación de los niños y las niñas en Cuba y sobre las condiciones de salud de algunos disidentes privados de libertad desde el año 2003.  Como se ha expresado en reiteradas oportunidades, la Comisión considera que la falta de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, vulnera el derecho a la participación política consagrado en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  Asimismo, en este período de sesiones la Comisión aprobó dos informes que se harán públicos próximamente: uno sobre el Caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros), que se refiere a la violación de derechos fundamentales en perjuicio de 75 disidentes políticos privados de libertad desde 2003, y otro sobre el Caso 12.477 (Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros), que aborda el juzgamiento a tres personas y la aplicación de la pena de muerte sin las debidas garantías procesales.  

La Comisión reitera además que el embargo comercial impuesto contra Cuba desde hace más de 40 años debe terminar porque esta sanción de carácter económico ha generado un grave impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales, y, en definitiva, quienes han sufrido sus consecuencias han sido los sectores más vulnerables de la población cubana. 

Haití 

La Comisión enfatizó la necesidad urgente de que el Estado garantice la seguridad de la población haitiana en general y de los defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables, como mujeres y niños, en particular.  Durante el período de sesiones, los defensores de derechos humanos de Haití expusieron su preocupación por la ola de violencia que continúa asolando al país debido, en gran parte, a que bandas armadas circulan con impunidad por Puerto Príncipe.  Además describieron un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y la falta de acceso a servicios legales y a recursos legales efectivos por parte de las víctimas de la violencia, así como a servicios médicos adecuados, lo cual exacerba aún más la precaria situación.  La Comisión también recibió información sobre el alto porcentaje de detenidos por largos períodos en forma preventiva, las pésimas condiciones carcelarias en la ciudad de Gonaive, y la impunidad reinante respecto de las violaciones a los derechos humanos, así como de los actos de intimidación contra el defensor de derechos humanos Evel Fanfan.   

La Comisión expresa su satisfacción por el establecimiento reciente de una comisión nacional con el mandato de implementar un plan de desarme de los grupos armados, y espera que desarrolle su labor en cumplimiento de los principios internacionales de derechos humanos.  Los representantes del Estado invitaron a la Comisión a visitar el país a fin de dialogar respecto a sus necesidades de asistencia en el área de reforma judicial y fortalecimiento de la democracia.  

Venezuela 

La Comisión recibió información durante las audiencias de que las defensoras y los defensores de derechos humanos que acuden a las audiencias ante la Comisión son objeto de campañas de desprestigio a su regreso al país, provenientes de funcionarios del Estado.  A este respecto, la Comisión reitera enfáticamente que ninguna defensora o defensor de derechos humanos debe ser hostigado en razón de su trabajo, y mucho menos por la utilización de las herramientas e instancias que brinda el Sistema Interamericano.  En este sentido, la Comisión hace un llamado a que las autoridades del Estado venezolano cumplan con las disposiciones del artículo 61 del Reglamento de la Comisión, a fin de asegurar que las personas que participan de los procedimientos ante los órganos del Sistema Interamericano no sean víctimas de hostigamiento e intimidación por esa causa. 

La Comisión tuvo conocimiento del proceso constitucional de Consulta Pública convocado por la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional con relación al Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.  En términos generales, la Comisión valora positivamente la apertura de estos procesos de participación en un Estado democrático; sin embargo, observa con preocupación que esta convocatoria contiene referencias que pueden ser interpretadas como resistencia a la participación de organizaciones que han ofrecido críticas sobre el contenido del proyecto.  En virtud de ello, la Comisión solicita se tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por la CIDH con relación a este proyecto y que se garantice la participación efectiva de la sociedad civil.   

Finalmente, la Comisión recibió información tanto del Estado como de diversas organizaciones de derechos humanos sobre la situación carcelaria.  Por una parte, el Estado presentó información referente a las políticas estatales dirigidas a controlar la situación de hacinamiento y violencia dentro de las cárceles, mientras que las organizaciones de la sociedad civil informaron sobre una escalada en los índices de muertos y heridos en los establecimientos penitenciarios en lo que va del año 2006.  A este respecto la Comisión hace un llamado al Estado para que extreme todos sus esfuerzos para garantizar la vida e integridad personal de los privados de la libertad en Venezuela y simultáneamente desarrollar políticas efectivas de control de la violencia interna en los establecimientos carcelarios en apego al respeto a los derechos humanos. 

Próximos períodos de sesiones 

A partir del presente año la Comisión Interamericana ha modificado el formato de sus períodos de sesiones.  En lugar de dos períodos de sesiones anuales de tres semanas de extensión cada uno, la Comisión ha decidido de ahora en más celebrar tres períodos anuales de dos semanas cada uno.  Además, la Comisión tiene previsto realizar un período extraordinario de sesiones en el territorio de otro Estado miembro.  El próximo período ordinario de sesiones se celebrará del 26 de febrero al 9 de marzo de 2007 en la sede de Washington, D.C. 

 

Washington, D.C., 27 de octubre de 2006


 

[1] El Comisionado Clare K. Roberts no pudo participar de este período de sesiones por razones de fuerza mayor, conforme lo notificó de manera oportuna al Presidente.