COMUNICADO DE PRENSA
 

CIDH ANALIZA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN  LAS AMÉRICAS

N° 8/05

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó acerca de las actividades desarrolladas durante su 122º período ordinario de sesiones.  La CIDH está integrada por Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; y los Comisionados José Zalaquett, Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.  El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.

La CIDH ha constatado algunos importantes progresos en materia de derechos humanos: la presentación de un amplio programa nacional de derechos humanos en México; la aprobación de reformas constitucionales en Brasil tendientes a modernizar el sistema judicial y a ampliar los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos; la realización de un referendo en Venezuela, a pesar de las condiciones de extrema polarización; los esfuerzos desarrollados por Chile, Argentina y Paraguay para investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos; el reconocimiento de responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Colombia, Guatemala y Perú en casos de graves violaciones de derechos humanos; la firma de un acuerdo de solución amistosa en casos de desaparición forzada en Honduras; la reafirmación en los Estados Unidos del derecho de contar con un recurso o revisión judicial en casos de detención en la base naval de Guantánamo de ciudadanos o personas calificadas como combatientes enemigos; la consideración otorgada en Jamaica a los cambios legislativos referentes a la aplicación de la pena de muerte; y en Colombia, la posibilidad de que se reabran las investigaciones criminales con base en decisiones de órganos internacionales, así como la confirmación judicial de la necesidad de cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. 

Cabe hacer una referencia muy especial al reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino, durante las presentes sesiones, en el caso del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), hecho que la CIDH dio a conocer en un comunicado de prensa por separado.  Asimismo, la Comisión Interamericana considera auspiciosa la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en virtud de la cual se declaró inconstitucional la ejecución de personas que cometieron crímenes cuando eran menores de dieciocho años.  También cabe mencionar que en la reunión sobre las medidas cautelares del Hospital Neuropsiquiátrico de Paraguay se logró un acuerdo entre las partes sobre varios aspectos de un plan para mejorar las condiciones de los pacientes de dicho hospital. 

Al mismo tiempo, hay muchos desafíos pendientes en materia de derechos humanos, incluso problemas de larga data referentes a la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos (por ejemplo, en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales); la detención arbitraria; las deficiencias o el insuficiente desarrollo del Poder Judicial en la mayoría de los países de la región; y, en algunos países, los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado y las condiciones inhumanas en las prisiones.  Por último, sigue pendiente atender la creciente inseguridad pública por el aumento de la criminalidad, así como las tendencias de poner en práctica políticas de “mano dura” sin atender debidamente las causas del problema, y sin considerar la aplicación de políticas de prevención y readaptación.

Durante las sesiones, la Comisión Interamericana recibió información sobre la situación general de los derechos humanos en Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, Haití y Venezuela.

En cuanto a la situación en Bolivia, la CIDH recibió información sobre problemas que afectan la vigencia del Estado de derecho, los derechos de los pueblos indígenas, el derechos a la salud, derechos de la mujer, tortura, y la situación de los defensores de derechos humanos.  La CIDH ha seguido de cerca la situación de descontento social y debilidad  institucional, y espera que la inestabilidad sea resuelta mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones democráticas, de acuerdo a la Carta Democrática y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Finalmente, la Comisión tiene previsto programar nuevas fechas para la visita in loco a Bolivia que tenía prevista a principios del presente año.

La Comisión Interamericana recibió igualmente información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.  Entre el 15 y el 18 de febrero de 2005, una delegación de la CIDH encabezada por la Comisionada Susana Villarán visitó la ciudad de Bogotá a fin de presentar formalmente el Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia, adoptado y hecho público en el pasado mes de diciembre.  La Comisión Interamericana debe manifestar su preocupación por el hecho que, a pesar del compromiso de cese de hostilidades por partes de las Autodefensas Unidas Colombia (AUC), continúan los actos de violencia e intimidación contra la población civil.  Cualquier esfuerzo de pacificación y desmovilización de grupos armados debe descansar sobre la legitimidad generada por el compromiso en acuerdos alcanzados a la luz de los parámetros internacionales, el cese del empleo de la violencia y la intimidación contra la población civil, la sujeción a la ley, la justicia y la reparación de las víctimas.

Si bien en Cuba se ha liberado a algunas personas que habían sido injustamente encarceladas, no se han verificado cambios significativos respecto a la situación de represión sistemática de disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.  Persisten además las violaciones generalizadas de las libertades públicas, especialmente en cuanto al derecho a la participación política y la libertad de expresión.  La CIDH reitera la necesidad de elecciones periódicas, libres, justas y pluralistas, basadas en el sufragio universal, como expresión de la voluntad popular.  La Comisión consideró igualmente información recibida desde su anterior periodo ordinario de sesiones, que se refiere a las condiciones de detención, los derechos laborales y sindicales, los derechos de la mujer, el derecho de residencia y tránsito, así como el derecho a la libertad de expresión en Cuba.  Finalmente, la CIDH reitera que las sanciones económicas impuestas al régimen cubano tienen un grave impacto sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

 La Comisión ha continuado observando con profunda preocupación la fragilidad institucional del Estado de Derecho en Ecuador.  En años recientes, el sistema político ecuatoriano ha sido uno de los más inestables de la región. El promedio de duración de los gobiernos es menor de dos años. Esta situación se ha visto agravada en los últimos meses con la remoción de cinco de los nueve vocales del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia. La independencia e imparcialidad judicial son elementos esenciales para la protección de los derechos humanos y la vigencia del Estado de derecho. Estos principios subyacen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y han sido reconocidos expresamente como un elemento esencial de la democracia por la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, en los últimos meses, se han producido una serie de actos de violencia, hostigamiento y amenazas contra líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles que han expresado su oposición pública a las decisiones anteriormente mencionadas.

Respecto a Haití, la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la situación de los derechos humanos en dicho país, incluyendo las condiciones de inseguridad, la situación de las personas detenidas, de los miembros de la prensa y de la libertad de expresión, así como sobre el papel de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).  A la luz de esta información, la Comisión Interamericana permanece extremamente preocupada por la aparente falta de control del Estado sobre la seguridad interna del país, y por la continua amenaza que constituyen para la población civil y para la futura estabilidad del país los ex integrantes de las fuerzas militares, pandillas, y otros grupos armados ilegales.  La Comisión Interamericana renueva su llamado al Gobierno de Haití y a la Comunidad internacional para que tomen todas las medidas urgentes que resulten necesarias, acorde con parámetros aplicables de derechos humanos, a fin de que se garantice la seguridad de los habitantes de Haití y se creen las condiciones conducentes a la realización de las elecciones generales previstas para el otoño de 2005.  Respecto a la continuada privación de libertad de personas asociadas al gobierno anterior, incluyendo al ex Primer Ministro Yvon Neptune y el ex Ministro del Interior Jocelerme Privert, la Comisión Interamericana recuerda una vez más al Estado que el artículo 7 de la Convención Americana consagra al prohibición del arresto y detención arbitraria; al mismo tiempo, urge a que el Gobierno aclare la situación jurídica de todos los detenidos y prisioneros,  que garantice que su seguridad será protegida y que se les otorgarán los parámetros básicos de respeto a la integridad personal.  Además, la Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación por la situación de ciertos grupos en Haití, incluyendo a mujeres, niños, defensores de derechos humanos y periodistas, que han sido particularmente afectados por la violencia y las deplorables condiciones de vida, y enfatiza la necesidad urgente de que la asistencia internacional llegue a quienes más la necesitan.

Durante las sesiones, la CIDH recibió información que da cuenta del endémico problema de los jueces provisionales en Venezuela.  Desde 2004 hasta el presente se han designado 436 fiscales provisionales. La CIDH manifiesta su más profunda preocupación, dado que el alto porcentaje de jueces provisionales y fiscales provisionales, interinos y suplentes perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia.  Asimismo, incide en forma negativa sobre los derechos de los magistrados y fiscales a la estabilidad en los cargos y, en consecuencia, a la garantía de su independencia y autonomía.  Esta tendencia no refleja los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano en la materia, ni las recomendaciones que la CIDH ha venido señalando desde su visita al país en el año 2002.  La Comisión reitera su preocupación por la situación de riesgo y estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos, especialmente aquellos defensores de derechos humanos que asistieron a las audiencias de la Comisión y de aquellos que trabajan en zonas fronterizas de dicho país.

Durante las sesiones, la CIDH desarrolló un intenso programa de actividades.  Como es habitual, la mayor parte de su trabajo estuvo dedicado al estudio y revisión de peticiones y casos referentes a distintos Estados del hemisferio.  Los asuntos considerados incluyen 30 proyectos de informe sobre admisibilidad y 14 sobre el fondo.  Durante la segunda de las tres semanas, la Comisión Interamericana celebró 43 audiencias sobre casos y peticiones individuales en el hemisferio, y sobre situaciones de derechos humanos que cubren las áreas del mandato de la Comisión Interamericana.  Además, la CIDH finalizó la aprobación de su Informe Anual en el que da cuenta del trabajo realizado durante 2004, y planificó las actividades a ser desarrolladas durante 2005.   La Comisión Interamericana trabajó además con casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que completará la semana próxima su período de sesiones iniciado el 28 de febrero de 2005.

* * * * * * *

La CIDH decidió celebrar su próximo período ordinario de sesiones de la CIDH se celebrará del 10 al 28 de octubre de 2005.  El informe completo del 122º período de sesiones puede leerse en la página www.cidh.org.

Washington, D.C., 11 de marzo de 2005

INFORME DEL 122º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH

ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 8/05

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el informe de las actividades desarrolladas durante su 122º período ordinario de sesiones.  La CIDH está integrada por  Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vice Presidente;  y por los Comisionados José Zalaquett, Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.  El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.

Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 51 informes sobre casos y peticiones individuales.  Entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 2005 se celebraron 43 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos.  La Comisión Interamericana agradece la asistencia y participación en las audiencias, tanto de los representantes de los Estados miembros de la OEA, como de quienes lo hicieron a título personal o en carácter de peticionarios.  Todos estos participantes contribuyen con su presencia al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del hemisferio.  Cabe destacar en este sentido la participación de altas autoridades gubernamentales, incluyendo a Ministros y Subsecretarios de Estado, así como Fiscales y Procuradores Generales de varios países, quienes han demostrado la voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y la sociedad civil.

I.        INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en las cuales se alegan violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Declaración Americana, y otros instrumentos interamericanos.

Los informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región.  Se refieren, entre otros asuntos, al respeto al derecho a la vida y la integridad personal,  las garantías del debido proceso y protección judicial, los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los derechos económicos, sociales y culturales.

Durante las sesiones, la CIDH aprobó 12 informes de fondo.  Dichos informes se transmitirán a los respectivos Estados miembros, según el caso, de acuerdo al artículo 50 de la Convención Americana o al artículo 43 del Reglamento de la CIDH.  A continuación se enumeran los casos en los que la decisión de la CIDH es de carácter público: 
 

A.      FONDO

B.       INADMISIBILIDAD

C.      ADMISIBILIDAD

D.      ARCHIVO

II.       AUDIENCIAS

Entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 2005, la CIDH celebró 43 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos en distintos Estados y regiones.  Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, solución amistosa y seguimiento.

Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias.[1]  En tal sentido, la CIDH expresa su repudio por el atentado contra el señor Rafael Cabargas y su escolta, perpetrado en la ciudad de Cartagena, Colombia, el 2 de marzo de 2005, un día después de celebrada la audiencia programada para el seguimiento de las medidas cautelares dictadas a favor de los miembros de la junta directiva de ECOPETROL-USO.  El señor Carbargas es un ex miembro de la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) y actual asesor de la referida organización sindical.  Ambas víctimas se encuentran en grave estado de salud.  En vista de la situación, la CIDH urge al Estado colombiano a investigar el atentado en forma exhaustiva, juzgar y sancionar a los responsables, así como asegurar que los beneficiarios de las medidas cautelares reciban la debida protección.

Entre las cuestiones de importancia abordadas en casos individuales durante las audiencias, se destaca el reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino en el caso del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).  El asunto se halla actualmente bajo trámite en la CIDH bajo el número 12.204 y se refiere al ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, que dejó 80 personas muertas y más de 300 heridos.  Durante la audiencia, los representantes del Estado reconocieron la responsabilidad estatal por las violaciones de los derechos a la vida, integridad física y protección judicial, garantizados en la Convención Americana.[2] 

A.      Situación general en Estados miembros de la OEA

La CIDH celebró audiencias sobre la situación general de derechos humanos en varios países de la región.  Durante las audiencias, se recibió información general  sobre la situación en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haiti y Venezuela.

En cuanto a la situación en Bolivia, la CIDH recibió información sobre problemas que afectan la vigencia del Estado de derecho, los derechos de los pueblos indígenas, el derechos a la salud, derechos de la mujer, tortura, y la situación de los defensores de derechos humanos.  La CIDH ha seguido de cerca la situación de descontento social y debilidad  institucional, y espera que la inestabilidad sea resuelta mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones democráticas, de acuerdo a la Carta Democrática y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Finalmente, la Comisión tiene previsto programar nuevas fechas para la visita in loco a Bolivia que tenía prevista a principios del presente año.

La Comisión Interamericana recibió igualmente información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.  Entre el 15 y el 18 de febrero de 2005, una delegación de la CIDH encabezada por la Comisionada Susana Villarán visitó la ciudad de Bogotá a fin de presentar formalmente el Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia, adoptado y hecho público en el pasado mes de diciembre.  La Comisión Interamericana debe manifestar su preocupación por el hecho que, a pesar del compromiso de cese de hostilidades por partes de las Autodefensas Unidas Colombia (AUC), continúan los actos de violencia e intimidación contra la población civil.  Cualquier esfuerzo de pacificación y desmovilización de grupos armados debe descansar sobre la legitimidad generada por el compromiso en acuerdos alcanzados a la luz de los parámetros internacionales, el cese del empleo de la violencia y la intimidación contra la población civil, la sujeción a la ley, la justicia y la reparación de las víctimas.

Si bien en Cuba se ha liberado a algunas personas que habían sido injustamente encarceladas, no se han verificado cambios significativos respecto a la situación de represión sistemática de disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.  Persisten además las violaciones generalizadas de las libertades públicas, especialmente en cuanto al derecho a la participación política y la libertad de expresión.  La CIDH reitera la necesidad de elecciones periódicas, libres, justas y pluralistas, basadas en el sufragio universal, como expresión de la voluntad popular.  La Comisión consideró igualmente información recibida desde su anterior periodo ordinario de sesiones, que se refiere a las condiciones de detención, los derechos laborales y sindicales, los derechos de la mujer, el derecho de residencia y tránsito, así como el derecho a la libertad de expresión en Cuba.  Finalmente, la CIDH reitera que las sanciones económicas impuestas al régimen cubano tienen un grave impacto sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

La Comisión ha continuado observando con profunda preocupación la fragilidad institucional del Estado de Derecho en Ecuador.  En años recientes, el sistema político ecuatoriano ha sido uno de los más inestables de la región. El promedio de duración de los gobiernos es menor de dos años. Esta situación se ha visto agravada en los últimos meses con la remoción de cinco de los nueve vocales del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia. La independencia e imparcialidad judicial son elementos esenciales para la protección de los derechos humanos y la vigencia del Estado de derecho. Estos principios subyacen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y han sido reconocidos expresamente como un elemento esencial de la democracia por la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, en los últimos meses, se han producido una serie de actos de violencia, hostigamiento y amenazas contra líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos, estudiantiles que han expresado su oposición pública a las decisiones anteriormente mencionadas.

Respecto a Haití, la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la situación de los derechos humanos en dicho país, incluyendo las condiciones de inseguridad, la situación de las personas detenidas, de los miembros de la prensa y de la libertad de expresión, así como sobre el papel de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).  A la luz de esta información, la Comisión Interamericana permanece extremamente preocupada por la aparente falta de control del Estado sobre la seguridad interna del país, y por la continua amenaza que constituyen para la población civil y para la futura estabilidad del país los ex integrantes de las fuerzas militares, pandillas, y otros grupos armados ilegales.  La Comisión Interamericana renueva su llamado al Gobierno de Haití y a la Comunidad internacional para que tomen todas las medidas urgentes que resulten necesarias, acorde con parámetros aplicables de derechos humanos, a fin de que se garantice la seguridad de los habitantes de Haití y se creen las condiciones conducentes a la realización de las elecciones generales previstas para el otoño de 2005.  Respecto a la continuada privación de libertad de personas asociadas al gobierno anterior, incluyendo al ex Primer Ministro Yvon Neptune y el ex Ministro del Interior Jocelerme Privert, la Comisión Interamericana recuerda una vez más al Estado que el artículo 7 de la Convención Americana consagra al prohibición del arresto y detención arbitraria; al mismo tiempo, urge a que el Gobierno aclare la situación jurídica de todos los detenidos y prisioneros,  que garantice que su seguridad será protegida y que se les otorgarán los parámetros básicos de respeto a la integridad personal.  Además, la Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación por la situación de ciertos grupos en Haití, incluyendo a mujeres, niños, defensores de derechos humanos y periodistas, que han sido particularmente afectados por la violencia y las deplorables condiciones de vida, y enfatiza la necesidad urgente de que la asistencia internacional llegue a quienes más la necesitan.

Durante las sesiones, la CIDH recibió información que da cuenta del endémico problema de los jueces provisionales en Venezuela.  Desde 2004 hasta el presente se han designado 436 fiscales provisionales. La CIDH manifiesta su más profunda preocupación, dado que el alto porcentaje de jueces provisionales y fiscales provisionales, interinos y suplentes perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia.  Asimismo, incide en forma negativa sobre los derechos de los magistrados y fiscales a la estabilidad en los cargos y, en consecuencia, a la garantía de su independencia y autonomía.  Esta tendencia no refleja los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano en la materia, ni las recomendaciones que la CIDH ha venido señalando desde su visita al país en el año 2002.  La Comisión reitera su preocupación por la situación de riesgo y estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos, especialmente aquellos defensores de derechos humanos que asistieron a las audiencias de la Comisión y de aquellos que trabajan en zonas fronterizas de dicho país.

B.       Otras audiencias generales

          El Programa Nacional de Derechos Humanos de México fue presentado en el curso de una audiencia con una delegación de autoridades de dicho país.  La delegación mexicana explicó los objetivos del programa y expresó su voluntad de seguir cooperando con la CIDH y con la sociedad civil a fin de cumplirlos.  La CIDH recibió asimismo información de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), en audiencia que contó con la participación de una delegación del Estado peruano y representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  La CIDH reconoce nuevamente los esfuerzos que ha desplegado el Estado peruano para aplicar tales recomendaciones y urge a que prosiga en este proceso a través de la Comisión de Seguimiento e Implementación de las Recomendaciones de la CVR.

La Corte Suprema de Honduras compareció ante la CIDH para presentar sus opiniones acerca de la situación de la administración de justicia y los derechos humanos.  Finalmente, se celebró una audiencia sobre la situación de la jurisdicción militar y su aplicación a investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en Brasil; y otra acerca de la situación de personas que se hallan en prisión preventiva en Perú acusados de terrorismo, luego de la anulación de las investigaciones y sentencias del Tribunal Constitucional de enero de 2003,  que no han recuperado su libertad a pesar de la duración de su detención. 

C.         Audiencias temáticas

Como lo ha hecho en sesiones anteriores, la Comisión Interamericana convocó a una serie de audiencias sobre temas específicos dentro de su mandato, o para analizar la situación de los derechos de personas que  pertenecen a grupos específicos.

La CIDH recibió información sobre la grave situación de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia.  Durante la audiencia, destacaron el impacto del conflicto sobre las mujeres, particularmente las que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso, y enfatizaron la importancia de la verdad, la justicia y la  reparación de las violaciones de derechos humanos.  Asimismo, las peticionarias plantearon la importancia del cumplimiento en el ámbito interno de las provisiones de instrumentos internacionales y regionales, tales como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Los derechos de los pueblos indígenas fueron abordados en diversas audiencias.  Una de ellas se refirió a la situación de indígenas y sometidos a procesos penales en el estado de Oaxaca, México.  En este sentido, durante las sesiones la CIDH recibió con beneplácito la noticia  sobre las medidas tomadas el 8 de marzo de 2005 por el Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, que resultaron en la liberación de  336 indígenas que habían sido detenidos en dicho estado por delitos menores; esto completaría la suma de 518 personas de distintas etnias que se han beneficiado con tales medidas bajo la administración del señor Ruiz Ortiz.

En cuanto a Guatemala, los derechos de los pueblos indígenas y la minería fueron objeto de una audiencia.  Asimismo, se llevó a cabo una audiencia sobre la situación general de los derechos de los mapuches en Chile y sobre los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica.  En otro aspecto del mismo tema, se recibió en audiencia información acerca de la implementación de decisiones de casos sobre derechos de los pueblos indígenas, relativo a varios Estados de las Américas.

En cuanto a los derechos de la niñez, la Comisión Interamericana celebró una audiencia en la que recibió información sobre la situación de los niños y el sistema de adopciones en Guatemala.  Asimismo, fue informada sobre la situación de los niños y adolescentes sometidos a explotación sexual comercial en El Salvador.

          El derecho a la libertad de expresión fue igualmente materia de varias audiencias sobre peticiones, casos, y sobre países.  En tal sentido, la Comisión Interamericana recibió presentaciones sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en México y Honduras, ambos países que ha visitado la Relatoría de la CIDH.  También se recibió en audiencia información acerca de la situación de las radios comunitarias en Guatemala.

Durante el 122 período ordinario de sesiones, se recibió información referente a la situación de los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en Panamá.  En el curso de la audiencia, las organizaciones peticionarias y el Estado panameño analizaron dicho asunto, con énfasis especial en la condición de los colombianos que buscan refugio en Panamá.

Asimismo, la CIDH recibió información respecto a los derechos de los trabajadores migratorios en Estados Unidos por parte de varias organizaciones.  Los peticionarios examinaron las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el Caso de Hoffman Plastics Compounds Inc vs. NLRB (2002) acerca de los derechos laborales de trabajadores migratorios indocumentados que residen en los Estados Unidos; sobre las condiciones de trabajo de trabajadores migratorios; y sobre la situación de los trabajadores en las granjas del estado de Florida.  Las organizaciones que participaron de la audiencia pidieron que la CIDH efectuara una visita de investigación  in loco para observar las condiciones de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos,

          En otros temas incluidos en su mandato de protección y promoción de los derechos humanos, la Comisión Interamericana recibió información acerca de la situación de personas que pertenecen a grupos vulnerables en Honduras.

El disfrute de derechos económicos, sociales y culturales fue igualmente materia de varias audiencias.  Respecto a Colombia, el análisis de la situación general de los derechos humanos incluyó una sección especial en la que se enfatizó la importancia del derecho a la educación.

La CIDH recibió asimismo información sobre el derecho a la vivienda en las Américas.  Igualmente, se recibió en audiencia información sobre la situación del derecho a la alimentación en el hemisferio. En el curso de dichas audiencias, la Comisión Interamericana recibió consideraciones de los peticionarios acerca del marco jurídico aplicable, respectivamente, en materia de derecho a la alimentación y derecho a la vivienda, además de ejemplos particulares sobre el tema en algunos países de la región.

B.                 Audiencias sobre casos y peticiones

•      12.204 – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Argentina

•      12.128 – Horacio Verbitsky y otros; 12.218 – Eduardo Kimel, Argentina

•      12.143 – Eduardo Perales Martínez, Chile

•      12.476 - Oscar Elías Bisset y 74 otras personas condenadas, Cuba

•      12.463 - María del Consuelo Ibarguen Rengifo y otros, Colombia

•      12.091 – Chaparro Álvarez, Ecuador

•      12.452 - Tirso Román Valenzuela, Guatemala

•      Casos incluidos en el comunicado conjunto de 22 de febrero de 2001, Perú

•      12.444 – Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, Perú

•      12.261 – Phillip Ray Workman, Estados Unidos

C.                Audiencias sobre medidas cautelares

•         Seguimiento e implementación de medidas cautelares,  Colombia

•         937-04, 35 familias desplazadas de Ariari, Villavicencio, Colombia

•         180-01 Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, Colombia

•         233-02 Asociación Campesina de Arauca (ACA), Colombia

•         1-01 Unión Sindical Obrera (USO) y 133-00 Sindicalistas del Valle del Cauca (SINTRAEMCALI), Colombia

•         128-00 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; 705-03 Comisión Colombiana de Juristas; 83-99 Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos; 184-01 Berenice Celeyta Alayón; y 3-02 NOMADESC; REINICIAR, Colombia

•         Detenidos en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos

          III.      REUNIONES DE TRABAJO

Conforme a su práctica, la CIDH convocó y realizó una importante cantidad de reuniones de trabajo durante la segunda semana de sus sesiones.  Las reuniones abordaron varios casos y peticiones ---principalmente en fase de solución amistosa o de seguimiento— así como  medidas cautelares.  Las cuestiones abordadas en este marco se refirieron a Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Mexico, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.   Igualmente, hubo reuniones de trabajo temáticas sobre radios comunitarias de Brasil y Chile, respectivamente.

La CIDH resalta con gran satisfacción el compromiso y el empeño demostrado por las partes con miras a avanzar en la búsqueda de acuerdos amistosos y las alienta a continuar con el proceso a fin de arribar a una solución conforme al objeto y fin de la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. 

          Asimismo, la CIDH llevó a cabo varias reuniones de trabajo en procesos de solución amistosa sobre peticiones respecto a Argentina.  El desarrollo más notable en este sentido ha sido la firma de un acuerdo de solución amistosa en el caso sobre la muerte de Sergio Andrés Schiavini, según el cual el Estado argentino se comprometió a la búsqueda de justicia, y a llevar adelante reformas que se aplicarán tanto a dicho caso como a otros, y a implementar medidas de no repetición y reparación. 

En particular, la Comisión Interamericana saluda los importantes avances en el proceso de bú